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Poca tregua y mucha trampa

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Aunque la ETA tenga cerca de cincuenta años de historia, eso de que se declare en tregua es algo relativamente reciente. Durante sus primeros tiempos la banda no contemplaba la posibilidad de conceder un respiro al Estado. Fiel a su principio de golpear sin descanso para obtener réditos políticos mediante la violencia, el alto el fuego sólo podría declararlo cuando consiguiera sus últimos objetivos.

Tras unos años de reestructuración y clarificación de objetivos, la actividad de la banda creció exponencialmente a partir de 1968, año en que asesinó al guardia civil José Pardines. Especialmente letal fue en los últimos 70 y primeros 80, los tristemente célebres años de plomo, con cosechas anuales que rondaban el centenar de muertos. Los etarras se las prometían muy felices, estaban bien financiados, apenas sufrían crisis de vocaciones, la sociedad vasca aguantaba lo que le echasen y el Estado se mostraba incapaz de acabar con ellos. Para colmo de males, el Gobierno se empecinó en una absurda y criminosa guerra sucia, coordinada desde el Ministerio del Interior, que otorgó a la ETA un plus de legitimidad con el que no contaba.

Los números no engañan. La mitad de los asesinatos de la ETA se perpetraron en el decenio 1975-1985. Fue la era dorada de la organización terrorista. En aquel entonces, desde luego que no tenía intención de anunciar tregua alguna.

Mediada la década de los ochenta, las cosas comenzaron a cambiar. Se desarticularon sanguinarios y efectivos comandos como el que operaba en la capital de España, o el Nafarroa. Empezaron a recogerse los primeros frutos de la cooperación hispano-francesa en materia antiterrorista. Privados, aunque fuese en parte, del santuario francés, que les había amparado durante tanto tiempo, los terroristas se quedaron sin una de sus mejores armas, la del refugio impune al otro lado de la frontera.

La presión policial y la pérdida parcial del santuario dieron lugar a la primera de las treguas etarras, anunciada el 28 de enero de 1988. Habría de durar dos meses, plazo que dio la banda a Felipe González para que atendiese a sus demandas políticas por las buenas. Como el Gobierno no se plegaba a sus pretensiones, el 19 de marzo la ETA volvió a asesinar; a Pedro Ballesteros, un guardia civil, presa favorita de los criminales en aquella época.

Como les ha ocurrido a todos los presidentes del Gobierno, González pensó que sería él quien iba a acabar con la ETA. Donde no había llegado el infame GAL, tal vez podría hacerlo una mesa de negociación. Se fueron preparando entonces los encuentros de Argel. No sin contratiempos.

La banda anunció su segunda tregua, también temporal, el 30 de octubre de 1988. Como el Gobierno no terminaba de emitir las señales que ella quería, volvió a la carga en noviembre. Matando a un niño de tres años, Manuel Delgado, y al periodista Jaime Bilbao frente a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Todo muy etarra. Cuando acusan debilidad piden diálogo, cuando se sienten fuertes matan niños.

Los asesinos siguieron matando hasta las Navidades. En enero, el día 8 exactamente, comenzaron las negociaciones de Argel, que vinieron acompañadas de una nueva tregua. Duraría tres meses.

El Gobierno ya se iba percatando de que con la ETA no se puede negociar: simplemente, porque no hay político que pueda concederle lo que pide. El proyecto político de la ETA, su razón de ser, es la independencia del País Vasco, así como la anexión a éste de Navarra y de buena parte del departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Después, lo que la banda pretende es implantar –por la fuerza, claro– en ese territorio, la Euskal Herria por fin liberada, un régimen comunista de tipo cubano. Por eso mata, secuestra y extorsiona. Su programa máximo se resume en su grito de guerra: “Jo ta ke independentzia eta sozialismoa lortu arte!”, que vendría a significar algo así como “¡Sin descanso hasta la independencia y el socialismo!”. Se entiende que los Gobiernos español y francés les concederían lo primero y ellos ya se encargarían de lo segundo.

En los años noventa la ETA fue a menos. Tras la detención de su cúpula en Bidart hizo lo previsible: anunciar una nueva tregua. Su objetivo, claro, era reconstruirse tras el palo policial. Cuando la dieron por concluida, los nuevos dirigentes ampliaron la lista de objetivos: a los tradicionales –guardias civiles, agentes de policía y militares– añadieron líderes políticos cuidadosamente seleccionados. No era la primera vez, con todo, que la ETA ponía a los políticos en la mira: los casos de Carrero Blanco, el senador Casas y los incontables caídos de la UCD vasca son una trágica muestra de ello.

El primero en caer fue Gregorio Ordóñez; le siguieron Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Miguel Ángel Blanco, Alberto Jiménez Becerril y otros concejales, generalmente del Partido Popular, a cuyo líder, José María Aznar, intentaron asesinar en 1995

En los noventa la banda decretó dos treguas menores: en junio de 1996, días después de la llegada de Aznar a La Moncloa, y en noviembre de 1997, como consecuencia del desgaste que experimentó tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco; y una mayor, de carácter “indefinido”, según la propia ETA. Esta última echó a andar el 16 de septiembre de 1998. El Gobierno autorizó contactos con los terroristas, contactos a los que puso fin de inmediato, al comprobar que éstos no habían tocado un solo punto de su delirante guión nacional-socialista.

El de 1999 fue el primer año sin víctimas mortales de la ETA. No hubo muertos, pero sí terrorismo. El vandalismo callejero, modo que había encontrado la banda para “socializar el sufrimiento”, continuó, así como las extorsiones a los empresarios y las amenazas a los disidentes.

Otra vez, la ETA se rearmó y reorganizó a conciencia. Mientras unos, los políticos, cerraban filas en Estella junto al resto del nacionalismo vasco, otros, los militares, renovaban la organización y fijaban nuevos objetivos. El primero fue un teniente-coronel del Ejército, Pedro Antonio Blanco, al que asesinaron en Madrid con un coche-bomba.

Pero algo había cambiado: rota la tregua, quien no daba cuartel era la policía. El Estado de Derecho se fortaleció mediante un acuerdo antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE. Se reformó la Ley de Partidos, lo que posibilitó sacar a los concejales proetarras de los ayuntamientos, privándoles así de su principal fuente de ingresos. Para cerrar todas las vías de escape, los jueces empezaron a perseguir lo que se dio en llamar “el entorno de ETA”, una amalgama de asociaciones-pantalla teledirigidas por la propia banda.

La coyuntura internacional no era, por otro lado, nada favorable a los criminales. Los atentados del 11-S pusieron a la ETA en el punto de mira de todos los países serios del mundo. Para los atentados del 11 de marzo de 2004, la banda se encontraba acosada en todos los frentes. Un lustro más de firmeza hubiera bastado para borrarla del mapa; pero no, aquel año, contra pronóstico, Zapatero llegó al poder: arrojó a la basura el precioso legado heredado de Aznar, se desdijo de todo lo acordado antes y abrió el mayor y más largo proceso de negociación con una banda terrorista de nuestra historia, y tal vez de la de Europa.

Los resultados los tenemos a la vista. La ETA, esa banda de fanáticos ideológicos metidos a matarifes, sigue viva, se cree con derecho de tutear al Estado de Derecho y no ceja en su empeño de salirse con la suya.

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