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El coste de lo público

Una de las principales preocupaciones de los españoles es la corrupción. Si nos atenemos a lo que nos dice el barómetro del CIS, que clasifica por orden de importancia las amarguras nacionales, la corrupción es la tercera, solo superada por el desempleo y las dificultades económicas. Si fuésemos algo más críticos y menos complacientes con el que manda veríamos que nuestros tres principales problemas tienen mucho que ver con el Estado.

No nos planteamos, por ejemplo, qué pasaría si desde el poder se dejase de intervenir sistemáticamente en la economía o cuál sería nuestro sino laboral si los políticos cesasen de hostigar el mercado de trabajo con leyes y regulaciones múltiples. Pero no, pedimos lo contrario, no contentos con la dosis de estatina que ya nos administran y que nos ha postrado en la ruina económica y moral suplicamos una dosis extra. En los países con pleno empleo y economías boyantes nadie se queja porque no tienen motivo para ello, lo que no alcanzamos a ver es que no tienen motivo para ello porque en esos países el Gobierno enreda muy poquito en las cosas de la economía.

Los casos de corrupción se dividen en tres categorías: los urbanísticos, los relacionados con los contratos públicos y los trinques a costa de las subvenciones

¿Y qué decir de la corrupción? La corrupción no se alienta desde los poderes públicos, al menos directamente. Ningún aspirante anuncia en un mitin que él y los suyos se lo van a llevar crudo en cuanto se instalen. Sería un escándalo y, además, quedaría feo. Nadie lo dice por adelantado pero muchos lo hacen. El sistema está perfectamente diseñado para que la discrecionalidad del político sea tal que corromperse más que una consecuencia indeseada es un corolario lógico. Si echamos una mirada por encima de los principales casos de corrupción que se encuentran ahora mismo en los tribunales todos están cortados por el mismo patrón. A grandes rasgos se dividen en tres categorías: los urbanísticos, los relacionados con los contratos públicos y los trinques varios a costa de las subvenciones.

La corrupción de índole urbanística es la madre de todas ellas. ¿Es una casualidad que el suelo sea un monopolio estatal? Hágase esta pregunta. Los dueños del cotarro saben de su poder y lo ponen a jugar a su favor. Es algo de cajón que no acierto a explicarme como no lo hemos entendido aún. Si a un político -o a un grupo de políticos, porque generalmente actúan en manada, como los lobos- le damos la prerrogativa de recalificar un terreno y, por lo tanto, de alterar su valor de mercado, ¿qué hará? Respóndase usted mismo y luego compruebe en Google como los términos “recalificación” y “corrupción” van casi siempre de la mano. Que unos cuantos alcaldes y concejales se hagan ricos recalificando no tendría mayor importancia sino fuese porque la consecuencia primera es que al común eso le supone un coste directo ya que el suelo, al incorporar la mordida, es más caro y las viviendas y oficinas que sobre él se levanten también lo serán.

La conclusión general que podemos sacar es que el político siempre se corrompe en la medida de sus posibilidades. En escalones superiores al municipal el suelo no entra en los cálculos, pero no por falta de ganas, sino por falta de competencias. Allá arriba, en cambio, tienen el caramelo de las adjudicaciones millonarias y las jugosas comisiones que se extraen de ellas. El caso Pujol, el Púnica o el Gürtel, por ejemplo va de eso mismo, de valerse de esas preciadísimas líneas en el boletín oficial para regalárselas a un colega previo pago de su importe. Ese importe no lo pone el político, ni el feliz adjudicatario, ese importe lo ponemos todos a escote vía impuestos. Quizá si eliminásemos el 90% de líneas de boletín oficial que puede rellenar un político eliminaríamos el 90% de la corrupción. Es solo una hipótesis pero no estaría mal probarla. No solo no nos va a costar nada, sino que podría darse el caso de que, de hacerlo, nos dejase dinero en el bolsillo.

En un esquema así de enfermo lo normal es que la corrupción se enseñoree de todo

El fraude con los subsidios es tan sistemático y común que el personal descuenta que ahí siempre hay tomate. Forma parte del saber popular. Donde hay un político haciendo regalitos hay contraprestaciones que a veces son en forma de obediencia ciega y otras en metálico. Ellos parten y ellos reparten, ya dice el refrán que es lo suyo que se queden con la mejor parte. El subsidio en sí es, aparte de algo antieconómico que mantiene en el atraso a regiones enteras, una aberración moral porque se quita por la fuerza al que produce para entregar a que no produce nada. En un esquema así de enfermo lo normal es que la corrupción se enseñoree de todo.

Concluyendo, amamos la causa pero aborrecemos su inevitable consecuencia. Nos pasa con esto como con la inflación. Nos encantan los primeros tres días cuando el dinero fluye a raudales, pero nos hacemos cruces durante los siguientes tres años por la carestía y el desabastecimiento. Es, en cierto modo, un comportamiento infantil impropio, por lo demás, de un país cuya edad media ronda los 48 años. Compramos la ilusión del cachorrito por Navidad, pero luego no queremos saber nada de lo que ese cachorrito tan entrañable trae consigo. Y si el cachorrito tiene un coste lo público también lo tiene, mayor incluso. Quizá haya llegado el momento de que nos digamos la verdad a la cara.

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