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El insolvente era MAFO

Cinco años después y tras haber sofocado el incendio con más de 60.000 millones de euros sacados uno a uno de nuestro bolsillo, el escándalo del rescate a las cajas de ahorro sigue su curso. Le toca el turno –ya era hora– al supervisor del sistema, la persona bajo cuya férula estos peculiares bancos públicos chuleados por políticos de todos los colores hicieron de su capa un sayo. Tal vez pensaba que la marea no iba a llegar hasta él, que todavía hay clases y que en España solo pagan el pato los pardillos, los recién llegados y los sobrados tipo Mario Conde.

MAFO no entra en ninguna de esas categorías. Es habilidoso, lleva toda la vida en el negocio y ha hecho del perfil bajo, bajísimo, a ras de suelo, un auténtico arte. Pero había demasiadas pruebas incriminatorias del desastre. En otros tiempos quizá hubiesen pasado desapercibidas, o simplemente nunca se hubiesen publicado o se habrían publicado sí, pero llevarían meses criando malvas en alguna hemeroteca para alivio de unos y tortura de los damnificados. Al final eso de la posverdad quizá no sea más que constatar el hecho de que el pasado siempre está presente.

Los inspectores del Banco de España habían advertido no una sino cuatro veces que la salida a Bolsa de Bankia fue un disparate

Ahora, por ejemplo, sabemos que los inspectores del Banco de España habían advertido no una sino cuatro veces que la salida a Bolsa de Bankia fue un disparate, la última zancada de unos pillos acostumbrados a un país en el que cualquier desbarro tenía cabida. No se explica sino como tan pronto como en abril de 2011 el Banco de España ignoró el primero de los informes de inspección en el que, sin escatimar tecnicismos, se detallaba con minuciosidad por qué Bankia no era viable. El inspector José Antonio Casaus solo veía una solución a aquel alboroto contable: colocar la entidad a otro banco con tragaderas suficientes y que éste lo sanease. Como “definitiva y óptima” la describió el inspector al tiempo que reconocía que la veía poco factible ya que no esperaba que los políticos explorasen esa vía por miedo a perder “sus poltronas y su herramienta de financiación”.

En solo dos líneas el inspector Casaus, a quien habría que ir pensando en dedicar una glorieta en alguno de los incontables PAUS y polígonos desiertos que hormiguean por toda la geografía española, describió con precisión milimétrica la tragedia que la banca pública ha supuesto para el bolsillo de los españoles. Pero a Casaus no se le escuchó. Ni una, ni dos, ni tres, ni las cuatro veces que se reiteró en lo mismo.

Quien tenía que escucharle era el gobernador del Banco de España, MAFO, que por aquel entonces estaba a lo que se ordenase desde Moncloa. En la primavera de 2011 Zapatero andaba ya en las últimas y no quería líos. Había que aguantar el tirón, echar una moneda al aire y si luego la cosa no colaba en el parqué pues ya vendría Rajoy y se lo endilgaría a los presupuestos… o a la siguiente emisión del deuda del Tesoro. Cosa que sucedió justo un año después sin que nadie se explicase como había podido ocurrir algo así, como era posible que esta banda (evidentemente organizada) perpetrase una estafa milmillonaria a la vista de todos y no les pasase nada.

La responsabilidad directa de MAFO en este asalto no se le oculta a nadie que tenga ojos en la cara. Autorizó la salida a Bolsa de una entidad nacida de una fusión absurda y solo comprensible por su naturaleza política. Lo hizo a pesar de que estaba convenientemente avisado del quebranto que tal acción supondría para el contribuyente. Autorizó también todas y cada una de las fusiones de cajas, las frías, las calientes y las templadas, que se produjeron durante aquel bienio negro que puso la guinda final al zapaterismo. Una vez hecho esto aprobó la emisión masiva de títulos envenenados –como las famosas preferentes– para que esas mismas entidades tratasen de eludir in extremis y a costa de los depositantes más incautos una quiebra segura.

La insolvencia de MAFO como gobernador de uno de los principales bancos del Eurosistema es tan escandalosa como el hecho de que se haya tardado casi cinco años en sentarle delante de un juez, aunque solo sea en calidad de imputado. A estas alturas ya ni siquiera esperamos explicaciones que, por lo demás, conocemos desde hace tiempo. Con verle en el banquillo nos basta.

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