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La sonrisa helada

Las autonómicas de diciembre dejaron una endiablada aritmética parlamentaria que convertía a Cataluña en un ente ingobernable. No era ya el casi empate entre constitucionalistas y nacionalistas, sino las fracturas internas de estos últimos y los procesos judiciales que se abaten sobre sus líderes lo que impedía la formación de Gobierno.

Eso lo sabían todos en Navidad. Puigdemont y todo su Gobierno se habían abrasado tras el pulso de octubre, la CUP había salido seriamente perjudicada de las urnas y la segunda fila del ‘procés’ no tenía la voluntad o carecía de los arrestos para dar el paso adelante y ocupar el puesto de los caídos por Pujol y por Cataluña. Los caídos, en honor a la verdad, tampoco querían apartarse.

Certificar la muerte política cuando no se tiene otro medio de vida es algo complicado. En política no abundan los suicidios, lo habitual son las ejecuciones, por lo general sumarias y sin posibilidad de apelación. Pero no había plan para “ejecutar” a Puigdemont. Simplemente no estaba previsto que se llegase a esta situación y cuando se presentó todos se quedaron paralizados, se les heló la sonrisa.

Cuando hace un año decidieron tirarse al monte y echar el pulso final al Estado contaban con que lo iban a ganar, estaban, de hecho, seguros de ello. De tanto repetirla para consumo de sus incondicionales, habían terminado creyéndose su propia propaganda. El Estado español era débil, ilegítimo, se encontraba aislado internacionalmente por lo que con un simple empujón se avendría a negociar.

Claro, que una cosa es decir eso en los mítines, las Diadas y las tertulias de TV3 y otra bien distinta es que sea cierto. Pensaban de buena fe que si eran lo suficientemente osados por la vía de los hechos Madrid no tardaría en recular. Y ahí tenemos las caras sonrientes el día posterior al referéndum. Todo salía conforme a lo planeado. Primero llegaría el descrédito, luego la negociación y, por último, la ruptura. Antes de fin de año conquistarían la independencia con la mitad de la población en contra y sin disparar una sola bala. Toda una proeza digna de pasar a los anales.

Pero no, a partir de ahí todo se torció. La maquinaria del Estado se puso en marcha. El Estado no es solamente la Moncloa como ellos se empeñaban en creer. La Moncloa representa al Ejecutivo y ya. Los tribunales de Justicia también son Estado y ante casos graves como este actúan de oficio haciendo pasar la apisonadora de la Ley sobre el infractor. Algo así no podían ni imaginarlo porque habían asimilado España con la Cataluña convergente de la que vienen la mayor parte de ellos. Allí lo que decía el ‘president’ iba a Misa. En el resto de España afortunadamente no es así. En suma, que digas incansablemente que España es una república bananera no significa que lo sea.

La Justicia de nuestro país es lenta, en muchos ámbitos está politizada, pero en lo esencial es independiente. En líneas generales puede uno fiarse de los tribunales y esperar amparo de un sistema judicial que necesita una reforma si, pero que no es el de una república bananera. Si no fuese independiente no tendríamos al yerno del Rey emérito con un pie en la cárcel o al partido del Gobierno asediado en infinidad de causas penales por corrupción. En las repúblicas bananeras el poder es intocable, se va de rositas siempre.

Algo tan elemental, que se extrae de una observación superficial de cómo funciona la Justicia española, no lo captaron los nacionalistas. Tampoco Podemos, que sigue insistiendo en buscar una salida política a una cuestión eminentemente penal. Ni la juez Carmen Lamela ni su colega del Supremo Pablo Llarena obedecen instrucciones políticas. De ser así ningún consejero estaría en prisión porque es políticamente muy incómodo tenerles en Estremera, en Soto del Real o en Alcalá-Meco alimentando el victimismo residual de los que todavía no se han enterado que la vía rápida e indolora a la independencia era una quimera.

Los que si han entendido que el Estado no es una broma y actúa ya han puesto tierra de por medio. Primero fue Puigdemont y su guardia de corps consejeril, luego Anna Gabriel y Marta Rovira. Pero de nada les servirá. Se han embarcado en un viaje a ninguna parte. Más tarde o más temprano serán arrestados y puestos a disposición del Supremo, que no es un juzgado menor de un país de segunda, un paria a quien nadie toma en serio, sino el máximo tribunal de un Estado muy bien considerado en el plano internacional.

Eso o un penoso exilio vitalicio en algún país -esta vez sí, de segunda- tipo Venezuela o Rusia. Eso siempre y cuando encuentren a alguien que corra con los gastos del destierro, que en el caso de Puigdemont son cuantiosos, no hay más que echar un vistazo a la soberbia mansión que alquiló a las afueras de Bruselas. A los que no busca la Justicia sólo les queda el recurso al pataleo ante la indiferencia general de la sociedad catalana, cansada ya de aventureros, de mentiras y de un conflicto que les está saliendo carísimo.

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