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Gürtel, el juicio final del PP

En unos meses se cumplirán diez años desde el arranque del caso Gürtel. Todos lo recordamos. Se consumía el último año de la pasada década, la prodigiosa, la de los milagros y Zapatero acababa de revalidar la presidencia. Rajoy, por su parte, se las veía y se las deseaba para adaptar el partido y ponerlo enteramente a su gusto. La crisis económica acababa de empezar, pero sus peores efectos aún no se sentían.

Fue entonces cuando Baltasar Garzón en la cumbre de su carrera, soltaba el bombazo enviando a prisión a un tal Francisco Correa, de quien casi nadie sabía dar referencia pero que aparecía en las fotos de la boda de Ana Aznar, celebrada sólo unos años con gran boato en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Todos los demás eran completos desconocidos para la opinión pública.

Algunos diarios habían publicado informaciones al respecto desde el año 2007, pero se perdían entre el tráfago diario de información. Los casos de corrupción siempre llaman más la atención si se está en el Gobierno, y el PP estaba en la oposición. Pero la investigación ya había comenzado y bastó una denuncia de un concejal de Majadahonda (Madrid) en la Fiscalía Anticorrupción para que la maquinaria policial se pusiera en marcha. En España tenemos mala suerte con los políticos, no así con la policía y la Guardia Civil, dos cuerpos muy profesionales que cuando se ponen con algo suelen llegar hasta el final.

Muchos pensaron entonces que se trataba de un caso aislado, el clásico comisionista que había dado un pelotazo y que, tras una discusión por la cantidad, lo denunciaba por venganza. Pero no, la cosa iba mucho más lejos. Se trataba de una organización dedicada por entero a eso. La formaban cuatro hombres: Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez y Álvaro Pérez, más conocido como “El Bigotes” por el mostacho de domador de leones que gastaba en sus años buenos. Operaban en Madrid, Valencia y Galicia, especialmente en las dos primeras. Su modus operandi era muy sencillo. Sobornaban a cargos públicos del PP con los que tenían relación personal y se hacían de este modo con jugosos contratos.

Ese era tan sólo el primer metro de una madeja que resultó ser larguísima y, en algunas partes, muy enredada. Tan pronto como la Audiencia Nacional se puso en marcha empezaron a caer como chinches concejales y diputados del PP, algunos terminarían siendo muy conocidos para el gran público. Ese fue el caso de Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), apodado “El Albondiguilla” por su forma esferoide. Los motes tienen esa capacidad de fijar a fuego en la mente lo que de otra manera sería imposible. Todo esto sucedió al principio, durante los primeros compases de la tragedia. Dos años más tarde era ya tal la cantidad de imputados que para seguir las evoluciones del caso Gürtel hacía falta un nomenclátor.

La montaña de mierda era de tales dimensiones que el hedor no tardó en subir por el hueco de la chimenea y alcanzar a la cúpula del PP en Génova, 13. Luis Bárcenas, tesorero del partido y hombre de máxima confianza de Rajoy, fue imputado por Garzón. Le acusaba de recibir más de un millón de euros provenientes de la organización de Correa. A partir de aquí la cosa se desmadró. No se trataba de una red de cohechos al uso (me llenas el bolsillo, te adjudico un contrato y a otra cosa), iba algo más lejos: era un completo sistema de financiación ilegal del PP.

Ante la gravedad de las acusaciones el PP reaccionó negándolo todo. Se permitieron incluso dar una rueda de prensa con un indignado Rajoy en el centro flanqueado por los primeros espadas del partido. Estaban Francisco Camps, Esperanza Aguirre y Ana Mato. Hoy los tres han caído, ya por Gürtel, ya por alguna de las muchas ramificaciones que el caso tuvo con el correr de los años. Porque si algo tenía Gürtel que lo hacía particular es que era como la nave nodriza de la corrupción pepera. De ella partían infinidad de tramas y subtramas que, con el tiempo, hemos ido conociendo a través de la prensa y los sumarios judiciales.

Los resultados prácticos están hoy, diez años más tarde, a la vista de todos. El PP de Madrid y Valencia se encuentran en la UVI y el nacional se sostiene sobre dos palillos de dientes. Desde la sentencia del jueves ya tan sólo sobre uno: el poder que les queda tras el terremoto electoral de hace tres años. A él se agarran como lo haría un náufrago a un tablón en mitad de una tempestad.

Una tempestad que podría recrudecerse porque lo que antes era mera especulación ahora es una sentencia. La Audiencia considera acreditada la existencia de una caja B al menos desde 1989, es decir, desde que José María Aznar refundó la antigua Alianza Popular. Sólo esto es motivo más que sobrado para que el partido se disuelva mañana mismo. Y no, no exagero ni me estoy dejando llevar por las emociones.

Este es el partido que más ha exprimido fiscalmente a los contribuyentes en toda la historia del país. El partido que los trata como súbditos. El partido que ha subido todos los impuestos posibles y se ha inventado otros tantos. El partido que ha hecho del terror fiscal su santo y seña. El partido de las inspecciones draconianas y las listas de morosos. El partido que ha obligado a echar el cierre a infinidad de empresas con abracadabrantes sanciones, y que ha llevado a miles de autónomos al sector informal por imponer una fiscalidad propia de la Alemania del este. Pues bien, este partido tenía una caja invisible al fisco.

Ni Francisco Correa, ni Pablo Crespo, ni “El Bigotes” nos daban lecciones de moral. Eran simplemente unos piratas que atisbaron que en política había dinero fresco y gentuza distribuyéndolo. Se arrimaron, dieron el golpe y les ha salido mal. Pero el Partido Popular sí que da lecciones de moral, sobre todo de moral fiscal. Mientras predicaban esa especie y desataban una persecución sin tregua contra los contribuyentes mantenían una doble contabilidad que, al parecer, manejaba el tesorero del partido, un tipo que sólo respondía ante Rajoy.

Esto nos conduce directamente a la conclusión lógica de todo este asunto. Alguien como Mariano Rajoy no puede seguir ni un día más al frente de la presidencia del Gobierno. Razones de orden político sobran, pero esas son opinables, como todo en política. Pero también hay razones de tipo legal que lo inhabilitan para el cargo. La caja B del Partido Popular era responsabilidad suya como presidente de un partido que presume de ser presidencialista. Y esto desde la semana pasada no es una hipótesis, es un hecho sancionado por un tribunal de Justicia.

No vale eso de que él no sabía de su existencia. Su obligación era saberlo. No estamos hablando de que el jefe de compras del partido le salga vivales y trinque comisiones de los proveedores. No, estamos hablando de que el partido contaba con un sistema de financiación ilegal perfectamente estructurado con una minuciosa contabilidad paralela incorporada. Si algo así se descubre en una empresa el director general va a la cárcel de cabeza y, por supuesto, deja de ser director general en el acto.

Pero, a pesar de que es algo de cajón, Rajoy no dimitirá, se resiste y sigue insistiendo en que eso no va con él. Confía en que todo esto pase y a la vuelta del verano ya se haya olvidado. Con los presupuestos aprobados podrá aguantar dos años más, hasta mediados de 2019. Para entonces otros serán los afanes y se presentará de nuevo. Esas son las cuentas que hace, la celebrada gestión de los tiempos del gallego.

Pero los tiempos no se gestionan demasiado bien si tu posición parlamentaria es tan frágil, 137 escaños son muy pocos para amarrarte a la poltrona. Rajoy es un jugador de ventaja. Sólo da un paso cuando lo tiene ganado. No estamos en 2015, cuando disfrutaba de una holgada mayoría absoluta y de un partido antisistema que empujaba el voto moderado hacia sus caladeros. Ahora basta con que su principal soporte, que no es otro que Albert Rivera, le coloque la proa. Más pronto que tarde tendrá que disolver las Cortes y convocar elecciones para el otoño o, a más tardar, para la primavera del año próximo.

Eso, evidentemente, está por ver. Rajoy le debe buena parte de su fortuna política a lo limitado de sus contrincantes. En el PSOE primero fue esa nulidad que atiende al nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, luego todos los incapaces que han ido pasando por Ferraz. En Podemos se han hecho el seppuku ellos solitos y hoy más que miedo a veces dan pena. Sólo queda Ciudadanos que, a poco que hilen fino y sepan coordinar el acoso y derribo se cobrarán la pieza. Están obligados moralmente a ello, a cerrar de una vez el caso Gürtel retirando de la circulación al jefe de la banda.

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