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¿A quién le importa la verdad?

Debimos haberlo imaginado. Todo lo que no pasase por las inmediaciones de la pena de muerte -conmutada por trabajos forzados con programa de reeducación- iba a constituir un escándalo. La parcela estaba ya arada, sembrada, abonada y regada. Todo en su sitio. Era cuestión de poner en marcha la máquina y anegarlo todo en un metro de fango. Y exactamente eso es lo que ha sucedido.

Poco importa que el tribunal, compuesto por tres magistrados, se lo tomase con mucha calma para deliberar y fundamentar el veredicto en una kilométrica sentencia de 370 folios en minucioso lenguaje jurídico. En Pamplona no se resolvía si eran culpables o inocentes los cinco miembros de “la manada”, apodo que se habían autoadministrado estos canallas, sino en ver si la acusación se traducía en la pena máxima con todos los agravantes posibles.

El caso golpeó a la opinión pública en el verano de 2016. En principio un simple suceso durante los Sanfermines de aquel año, que pronto se convirtió en objeto de culto por parte de todos los medios de comunicación y en emblema del recrecido movimiento feminista. Curioso cuando menos porque casos de violación hay muchos a lo largo del año. Eso sí, ninguno ha ocupado tanto espacio en periódicos y tertulias ni ha concitado tanto debate público a lo largo del último año y medio.

En 2015 fueron denunciadas en España 1.229 violaciones. Muchas, sin duda, pero si hacemos el pequeño esfuerzo de comparar ese dato con el de otros países europeos nos encontramos con que durante el mismo periodo en Francia se denunciaron casi 13.000, 7.000 en Alemania y 5.544 en Suecia, un país de sólo diez millones de habitantes famoso por sus conquistas en materia de género. Como en otros muchos índices, España sale bien librada en el de violencia sexual, lo que debería alegrarnos como sociedad y animarnos a perseverar para que ese número siga bajando.

Pero la opinión pública, pastoreada por televisiones y, en gran medida, por líderes mesiánicos, sólo fija su atención en una serie de casos muy concretos, que suelen coincidir con los que las televisiones y los políticos señalan. A veces por lo especialmente odioso del crimen -como, por ejemplo, los infanticidios- y otras porque apuntalan algún tipo de campaña política en curso.

Ese parece haber sido el caso de “la manada” de Pamplona. De otro modo es imposible entender semejante histeria colectiva por un simple suceso sin víctimas mortales y en el que, además, los hechos habían quedado grabados en un teléfono móvil y, por lo tanto, no entrañaba misterio alguno. Desde el principio se conocían hasta los más mínimos detalles y apenas quedaba pregunta sin respuesta. Por lo que al final todo quedaba en si hubo o no intimidación y violencia en la comisión del delito.

El tribunal, basándose en las pruebas, concluyó que no concurrieron ninguna de las dos circunstancias, por lo que ha condenado a los acusados por abuso sexual y no por agresión. Podríamos pensar que ya sólo por eso, por esta imperdonable ligereza de los jueces, está justificado plantarse delante del juzgado con una pancarta y pedir su inhabilitación. Pero los jueces no resuelven en función de su capricho personal, sino de las pruebas que aporten las partes y de lo que extraigan de los testimonios obtenidos en la instrucción del sumario y la sala de vistas.

La que negó que existiese intimidación fue la propia víctima en el transcurso del juicio. Negó también que la forzasen a entrar en el portal donde se consumó el delito con las siguientes palabras: “yo sinceramente lo que pensaba es que íbamos a entrar en el portal porque querían fumarse un porro, así hablando un poco mal, pero es lo que pensaba que iba a pasar… o sea, no me sorprendió la brusquedad pero no pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió”.

Lo que ocurrió lo conocemos todos y los culpables son estos cinco bastardos, pero para que haya agresión tienen que darse dos elementos: violencia, intimidación o ambas. La segunda queda eliminada por la testifical de la víctima, pero, ¿y la primera? Después de los hechos la víctima fue atendida en el Hospital de Navarra, donde la exploraron los facultativos del centro. No apreciaron indicios de agresión sexual tal y como se extrae de los dos informes que redactaron, uno el día 11 de julio y otro, ampliado a petición del juzgado, tres meses después, el 13 de octubre.

Lo que tenemos, por tanto, es un caso de abuso sexual con prevalimiento agravado por el acceso carnal de los cinco individuos. Eso es exactamente por lo que les han condenado. Y no a una pena menor precisamente, sino a casi el máximo que prevé el artículo 181 del Código Penal: nueve años.

Nueve años por violación -que eso es lo que hicieron- en su variante de abuso sexual. Pura terminología jurídica que no está al alcance de todos los mortales pero que, en aras de la precisión y el garantismo, es necesaria. Creo que lo mínimo que podemos pedirle a la Justicia es que, además de ciega, ofrezca garantías, sea precisa y se ajuste como un guante a la Ley. Eso mismo es lo que han hecho los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra.

Sabiendo esto, y quien no lo sepa es que no quiere saberlo porque la sentencia es pública y sobra la información relativa a este caso, es fácil poner punto final al asunto. Los cinco de la manada son violadores y como tales han sido condenados con una sentencia ejemplar de nueve años en prisión, casi lo mismo por lo que se condena en España a muchos homicidas.

Pero esta historia va mucho más allá de su recorrido meramente judicial, de ahí el estupor del CGPJ, que se ha visto obligado a emitir un comunicado de urgencia recordando lo que debería ser obvio. Como en aquel episodio de la enfermera del Hospital Carlos III infectada accidentalmente por ébola, o el más reciente de la madre de Granada que secuestró a sus hijos y desapareció con ellos, “la manada” ha sido esencialmente un asunto político. Un pedazo de realidad debidamente condimentado para servir a fines políticos muy concretos, que van desde la entronización de los desvaríos del feminismo radical hasta la puesta en solfa del sistema judicial al completo.

Lo primero implica callar al disidente y crear en torno a la verdad oficial un consenso espeso e impenetrable. Lo segundo reducir al tercer poder, cuya virtud principal debe ser la independencia, a la condición de antena de los cambiantes antojos de una élite de iluminados. Un regreso a la tiranía original en la que mandaban los hombres y no las leyes.

Pero, sobre todo, esta ha sido una oportunidad más de encender la llama de la agitación callejera o, mejor dicho, de conservarla encendida porque de seis años a esta parte no ha dejado de arder. Tratan de mantener a la masa en estado de excitación permanente y dispuesta para la algarada, el escrache y la amenaza. Todo con el concurso convencido u oportunista de los grandes medios de comunicación y con sentidas profesiones de fe por parte de la clase política.

Como en aquellos actos de afirmación nacional que organizaba el primer franquismo en torno a la figura del caudillo, en los que políticos y paniaguados del Movimiento se atropellaban por ser más papistas que el Papa, ahora se trata de encumbrar el pensamiento único condenando al ostracismo a todo el que ponga en duda la verdad revelada y ose pensar por su cuenta o, simplemente, atenerse a los hechos cuando los hechos contradicen a la ideología.

Quien lo haga ya sabe de antemano que se expone a la muerte civil y, por si eso no bastase, a que una turba iracunda le linche sin que nadie se atreva a salir en su auxilio. El linchamiento es todavía virtual. Pero, recordemos, los linchamientos siempre empiezan siendo virtuales.

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