La Guerra Civil española terminó “cautivo y desarmado el Ejército Rojo” el 1 de abril de 1939. Veinte años más tarde, en 1969, el Gobierno de Franco dictó un decreto Ley en virtud del cual todos los delitos cometidos con anterioridad a esa fecha prescribían de manera automática. En marzo de 1976, aún en vigor los Principios Fundamentales del Movimiento, se regularon las pensiones para los mutilados durante la guerra sin importar en cuál de los bandos combatieron.
Ya aprobada la Constitución, en 1979 se reconoció a las viudas, hijos y familiares de todos los militares muertos en la guerra. En 1980 se estipularon las pensiones para los ex combatientes republicanos. Dos años más tarde, se hizo lo propio con los civiles. En 1984 se reconocieron los servicios prestados por las fuerzas armadas y los carabineros republicanos. En 1990 se determinaron las indemnizaciones para los que había sido hecho presos durante el franquismo por razones políticas.
Todas estas leyes y disposiciones, promulgadas durante más de veinte años, sellaron la reconciliación nacional, cuyo símbolo fue la visita que el rey Juan Carlos hizo a la viuda de Azaña en su exilio mexicano. España, que había padecido una guerra fratricida y tres décadas largas de dictadura, trataba de hacer Justicia consigo misma. Las heridas, antaño supurantes, fueron cicatrizando y el fantasma de la Guerra se alejó para siempre de la mente de las nuevas generaciones, para quienes la civil era una lejana guerra de abuelos que, por lo general, habían combatido en bandos opuestos. Para el cambio de siglo las dos Españas habían desaparecido… o al menos eso es lo que creíamos.
En la primavera de 2004 se formó un nuevo Gobierno socialista, presidido esta vez por José Luis Rodríguez Zapatero, nacido en 1960 y, como la mayor parte de españoles de su edad, con abuelos en ambos bandos. Juan, el paterno, lo hizo en el republicano; Faustino, el materno, en el nacional. No daba, en definitiva, el perfil de vengador del Frente Popular que ha terminado siendo. Aunque no lo llevaba en el programa electoral, poco después de llegar a la Moncloa empezó a vindicar la memoria de los que habían muerto durante la Guerra Civil, pero sólo los de un bando, el de su abuelo Juan, con quien hizo una gran campaña de propaganda sólo ensombrecida cuando se supo que había reprimido con singular saña a los mineros de Asturias en el 34 a las órdenes, curiosamente, del mismo Franco.
Se encaramaba el presidente del Gobierno sobre la estela de un movimiento minoritario, el así llamado “de recuperación de la memoria”, promovido por el Partido Comunista. Su especialidad: desenterrar tumbas por toda España y ornamentar esas profanaciones laicas con plañideras y mucho bombo mediático. Fruto de aquel espíritu justiciero nació la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el Congreso en octubre de 2007. El documento final era mucho más generoso de lo que la funeraria del PCE esperaba. Ya no tocaba sólo a la Guerra, sino a todo el franquismo, especialmente a sus simbología porque, para desgracia de Zapatero, Franco y sus generales pasaron a mejor vida hace ya muchos años.
Como los republicanos, sus hijos, sus viudas y su causa están más que rehabilitados desde hace 30 años, la Ley se ha empleado a fondo en los que se conoce como “símbolos franquistas”, es decir “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Fue entonces cuando los españoles, nostálgicos del Régimen incluidos, descubrieron que la maldad del Caudillo era tal que hacía exaltación y homenaje a su propia represión. No es necesario precisar que no ha habido que retirar ninguno de estos monumentos, simplemente porque sólo existen en la cabeza de antifranquistas retrospectivos como el propio Zapatero.
A partir de ahí empezaron a sucederse los episodios que, no por rocambolescos, dejan de ser lamentables. En Sevilla, por ejemplo, la calle General Merry fue sustituida por la avenida Pilar Bardem. Merry fue un capitán que luchó con la División Azul sí, pero Merry hijo, el padre, que es a quien estaba dedicada la calle, sirvió en Cuba y cuando llegó la República ya se había retirado. Los de Caín condenan la estirpe, de abajo a arriba porque algo tendrá de malo cuando dos de sus vástagos se han dedicado (y con fortuna) al ejercicio de las armas.
En Alcalá de Henares no consiguieron su objetivo de dejar sin calle al Teniente Ruiz, uno de los héroes del 2 de mayo al que los comunistas alcalaínos, quizá por ser un oficial enemigo de clase, confundieron con un peligroso franquista. En Alicante, patria chica de la dinastía Pajín, la obsesión con las calles es digna de psicoanalista. Los apóstoles de la memoria locales quieren hacer una limpia completa del callejero. La calle Luceros, porque dicen que esa palabra, amén de en el diccionario, está en el “Cara al sol”; las calles Alemania, Italia y Portugal, porque esos países echaron una mano a Franco en la guerra; la calle Primo de Rivera, porque, no se sabe bien cuál de los dos, fue franquista. El hecho es que ninguno lo fue. Uno porque murió en 1930 y el otro seis años después. Son, en todo caso, prefranquistas… como Largo Caballero.
La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que así de largo se llama el mostrenco, no está sola en su empeño de dejar España como una patena. En el Parlamento siempre hay voluntarios que ayudan en lo que buenamente pueden. El diputado rojiverde Joan Herrera solicitó al Gobierno que se cambiara el nombre de la Base melillense de Regulares Alfonso XIII porque, según sus palabras, era “una exaltación franquista”. Al propio Gobierno le correspondió la ingrata tarea de recordar al combativo Herrera que Franco vino después del penúltimo Borbón.
Los cuarteles son lugar de cita y adoración para los memoriantes que con tanto ahínco patean callejuelas y plazoletas para encontrar símbolos franquistas. Antes de entrar en vigor la Ley, tan pronto como en 2004, José Bono, a la sazón cara amable del Gobierno, mandó retirar la inscripción “A España servir hasta morir” de la academia leridana de Tremp; en ello tuvo que ver la memoria histórica y la necedad nacionalista, que suelen ir de la mano. El “Todo por la Patria” tan habitual en el paisaje cuartelero hispano podría pronto pasar a la Historia. Quieren que ponga “Todo por la democracia” porque como todo el mundo sabe, la Patria es inconfundiblemente franquista de las Cortes de Cádiz a esta parte.
Cuando ya parecíamos estar curados de espanto llegó Carmen Heras, alcaldesa de Cáceres, y subió el listón de la estulticia añadiéndole esta vez una dosis de analfabetismo difícilmente igualable. Hace cosa de un año, un cacereño denunció ante la concejalía de Infraestructuras que sobre el monolito de la plaza de Colón había un escudo franquista. El concejal, un antiguo ugetista de estricta observancia, envió a una cuadrilla para que retirasen de inmediato tamaña ofensa a la ciudad, labrada en bronce por el escultor Eulogio Blasco allá por 1958. Y así se hizo, con mucha trompetería de medios económicos y de comunicación. Pero, ¡ay!, el escudo no era el de Franco sino el de Isabel la Católica. Era algo tan evidente que cualquier estudiante prelogsiano lo hubiese identificado como tal. El Ayuntamiento, lejos de enmendalla, la sostuvo hasta que el ministerio de Cultura le confirmó que, efectivamente, el yugo y las flechas eran divisas de Ysabel y Fernando.
El de Cáceres ha sido el último episodio de un cúmulo de disparates cuya nómina promete seguir creciendo para regocijo de cronistas y aflicción de concejales. Los charlatanes que viven de esta industria, que cada vez son más y se encalabrinan hasta con las señales de tráfico, han logrado el triste objetivo que venían buscando desde hace décadas: reemprender la guerra civil para obtener una victoria retórica que consiste en dar la vuelta a la tortilla con mucha lágrima de cocodrilo, mucho certamen poético y mucho dedo acusador. Al final va a ser verdad eso que presagió Machado de que, en España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa.
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