Lo del referéndum escocés se veía venir. Era, de hecho, el primero y más inmediato de los efectos del Brexit, que resolvía algunos problemas si se llevaba a buen término pero creaba otros. En el referéndum de septiembre de 2014 uno de los argumentos que emplearon los unionistas fue que si Escocia se separaba del Reino Unido saldría también de la Unión Europea. Pero de la Unión Europea van a salir todos ahora, solo dos años y pico después. Luego uno de los pilares de la campaña por el «no» se desmorona. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se apoya en eso mismo. Son otras las circunstancias luego hay que repetir la consulta. Y razón no le falta porque las circunstancias han cambiado dramáticamente.
En principio celebrar de nuevo el referéndum no debería ser muy complicado. No lo fue en el de 2014. El Gobierno británico, entonces presidido por David Cameron, se avino a negociar pronto y de ahí salió el Acuerdo de Edimburgo, del que se derivó la Ley del Referéndum Escocés y la celebración del mismo un año después. Todo muy ordenado y conforme a la ley. Votaron todos los ciudadanos británicos y comunitarios residentes en Escocia a quienes se les planteó una pregunta muy sencilla y sin artificios: «¿Debería ser Escocia un país independiente?». Punto. Nada más. Los escoceses votaron y ahí se acabó el asunto. El 44,7% lo hicieron a favor de la independencia y el 55,3% en contra.
Si todo terminó de manera tan pacífica es porque había comenzado con Londres poniendo de su parte. Esta vez, sin embargo, no quiere hacerlo. Luego a Sturgeon y, por extensión, a todo el Partido Nacional Escocés (SNP) solo le queda la opción de un referéndum ilegal con todos los riesgos que conlleva. El primero de todos es de la legitimidad de puertas adentro. A un referéndum ilegal solo acudirían a votar los nacionalistas, a lo sumo la mitad de la población. La otra mitad se quedaría en casa y muchos denunciarían el desafuero. El segundo riesgo sería de naturaleza exterior. Ningún país de la UE reconocería a una Escocia que ha accedido a la independencia de un modo tan irregular. Quizá podría hacerlo Donald Trump por aquello de que es medio escocés. Pero Trump es un medio escocés cuyo principal aliado en Europa es el Reino Unido por lo que es dudoso que estuviese dispuesto a arriesgar tanto por tan poco. Y si la UE no reconoce al nuevo Estado volveríamos al punto de partida. Hacen el referéndum para quedarse en la UE pero una vez hecho la UE los rechaza.
Pero a Sturgeon no le quedan muchas más salidas. El primer punto del programa del SNP es la independencia de Escocia. Si no lo consigue tendrá que convertirse en otra cosa. Además, no se van a encontrar con una oportunidad como esta en mucho tiempo. O la aprovechan ahora o la pierden durante mucho tiempo, quizá para siempre. Para solventar la urgencia tiene una vía, digamos, más expeditiva, la de declarar unilateralmente la independencia, por las bravas como se hacían estas cosas antiguamente. Esto sería un hecho consumado de carácter personal y no podría esconderse tras el «pueblo escocés», por lo que implicaría que Sturgeon y los suyos estuviesen dispuestos a enfrentar lo que viniese después, incluidos arresto, juicio y prisión.
Este mismo esquema es trasladable a Cataluña, que no es exactamente Escocia aunque los dos casos guardan algunos parecidos. No voy a entrar en las diferencias históricas, que son muchas y que, basándose exclusivamente en ellas, favorecerían más a los independentistas escoceses que a los catalanes. Pero es que el pasado tampoco nos solucionaría gran cosa si en el presente se diesen cita algunos elementos que en el caso catalán no se dan.
En el caso catalán no se da, por ejemplo, la posibilidad de un pacto previo con el Gobierno. Aquí, a diferencia del Reino Unido, hay una Constitución que impide ese tipo de acuerdos. Ojo, que España no es una excepción, disposiciones semejantes se encuentran en las Constituciones de Alemania, de Francia, de Italia y de casi cualquier país. Es decir, que el Gobierno no puede hacer algo así aunque quisiese hacerlo. Curiosamente el Gobierno español está más constreñido por la Ley que el británico. Cuando los nacionalistas catalanes hablan de «voluntad política» quizá no son conscientes de que por mucha «voluntad política» que le pongan en Madrid no pueden saltarse el artículo 1 y 2 de la Constitución sin que se arme un zipizape de categoría. Luego el pacto solo es posible después de una reforma de la Carta Magna, lo cual no es muy fácil de llevar a cabo pero posible es.
Una vez abierto el el camino vía reforma constitucional se podría plantear el referéndum bajo los términos acordados previamente por ambas partes. Pero hasta la fecha el Gobierno catalán solo ha ido por lo contencioso, ya sea con charlotadas como la del referéndum del 9-N, ya con amenazas continuas de desconectarse sin hacerlo nunca realmente. Eso no quita para que Puigdemont y Sturgeon se encuentren ante idéntico dilema. O toman el camino legal y consiguen la independencia con el reconocimiento pleno de la comunidad internacional y la posibilidad de reengancharse en la UE, o se echan al monte y hacen lo de Eslovenia en el 91: referéndum ilegal, declaración de independencia y a apechugar con todo lo que venga después. A los eslovenos el órdago les salió bien.
Pero en la Eslovenia de 1991 el 90% de la población estaba a favor de la independencia de la moribunda Yugoslavia, un Estado reciente y muy artificial. Conforme a las elecciones regionales y a las encuestas que se hacen todos los años, en Cataluña solo la mitad apoya abiertamente la secesión. Ídem con Escocia. Quizá por eso no se deciden a hacerlo así, porque el problema entonces lo tendrían dentro y no fuera. Para ese problema, el de una sociedad partida por una fractura identitaria, me temo, no hay ninguna solución fácil.
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