En las últimas semanas, asistimos a un fenómeno curioso. Por un lado, nuestros 18 gobiernos dedican algo de dinero y mucha comunicación a ayudar a las empresas a sobrevivir la crisis. Por otro, los mismos gobiernos se muestran tacaños, cuando no reacios, a indemnizarlas por los cierres que decretan para contener los contagios y la consiguiente extensión de la pandemia.
Sospecho que haríamos bien en invertir ambas tendencias, buscando un reequilibrio consistente en reducir las ayudas y reforzar las indemnizaciones.
El motivo es doble: mientras que las indemnizaciones animan al gobernante a minimizar los daños, tanto sanitarios como económicos, las ayudas generan clientelismo y en el mejor de los casos presentan dificultades insalvables. La principal es la de evitar que —incluso con decisores benevolentes— se destinen a rescatar empresas “zombis”, aquellas que son inviables pero que la ayuda vendría a mantener con vida, distorsionando así la competencia, y dañando la rentabilidad y poniendo incluso en peligro la supervivencia de empresas competidoras más eficientes.