Otro recorte es posible

España tiene un problema que se llama deuda. Durante la última década hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades y ahora, cuando el maná del crédito se ha secado, toca pagar las facturas. Lo que los españoles debemos al resto del mundo equivale, aproximadamente, a cuatro veces nuestro Producto Interior Bruto, es decir, todo lo que el país produce en cuatro años. Para entendernos, nos haría falta entregar el fruto íntegro de nuestro trabajo de casi un lustro para devolver lo que debemos a los acreedores extranjeros. Esa es nuestra situación aunque no queramos reconocerla o busquemos excusas de mal pagador, y nunca mejor traída la metáfora, para rehuirla.

Gran parte de esa deuda es privada, casi toda heredada de los años de la expansión crediticia auspiciada por el Banco Central Europeo, una suerte de manguera de liquidez abierta al máximo que inundó nuestro país de dinero y que fue la causa de todos los excesos pasados, incluida la burbuja inmobiliaria que aún estamos purgando. La otra parte es estatal. El Gobierno de Zapatero, ante la bajada brutal en la recaudación fiscal a partir de 2008, quiso seguir gastando lo mismo, o incluso más, con la esperanza en una recuperación milagrosa que llenaría de nuevo las arcas públicas.

Zapatero no entendió el problema. Equipado con la teoría errónea endeudó aún más a un país que ya debía mucho dinero. La situación actual es que los agentes privados llevan varios años de calvario amortizando deuda después de haber realizado un ajuste hercúleo, cuya traducción práctica ha sido el desplome en el consumo y la inversión. Las empresas y las familias están devolviendo poco a poco lo que pidieron prestado durante las vacas gordas. No les queda otra, o eso o la ejecución de los colaterales de los préstamos: los inmuebles, automóviles y demás.

El Estado, sin embargo, ha ido a su aire. En 2011 gastó 90.000 millones de euros más de los que ingresó disparando el déficit hasta el 8% del PIB, cinco puntos por encima de lo que permite el Acta Única. Podría decirse que, a su manera, Zapatero murió con las botas puestas, inmolado sobre una pira de gasto público alimentado generosamente con sucesivas emisiones de bonos del Tesoro, cuyos vencimientos se irán produciendo a lo largo de esta legislatura.

La llegada de Rajoy constituía la última oportunidad para enderezar la situación. Tenía dos opciones. O exprimir más a un contribuyente altamente endeudado para mantener el tren de gasto de la administración pública, o someter a ésta a un lifting completo hasta hacer coincidir su coste con los ingresos fiscales. Su Gobierno va, además, apurado por los socios comunitarios, que no pueden permitir que una nación del tamaño y la importancia de España –cuarta economía de la zona euro– se despeñe por el acantilado de la suspensión de pagos arrastrando a la moneda única con ella. La Unión Europea ha pedido a Moncloa que rebaje el déficit público hasta un 5% en este año. Eso son muchos miles de millones, unos 30.000, que pueden salir de dos sitios: o del bolsillo del castigado contribuyente español, o de un recorte en profundidad del elefantiásico presupuesto del Estado.

Rajoy, por razones desconocidas, ha escogido el peor de los caminos: subir los impuestos asfixiando aún más a una economía privada que no levanta cabeza, pero que es la única que genera riqueza en España. El recorte de los gastos del Estado, y no digamos la restructuración misma de un sector que es simplemente insostenible, ha sido pequeño e insuficiente. Algo incomprensible cuando hay por donde recortar sin necesidad de apretar el dogal impositivo, ni de tocar los tres pilares (sanidad, pensiones y educaciones) del Estado asistencial, ni de reducir el sueldo a los funcionarios o las pensiones a los jubilados.

Tomemos los presupuestos del año 2011, los últimos que hizo Zapatero y que estuvieron prorrogados hasta hace pocas semanas, y recortemos partidas que no tienen más justificación que la que los políticos les encuentran. En un país con cinco millones de desempleados y los comedores de Cáritas llenos a reventar nos gastamos cerca de 2.000 millones en ayudar a países pobres. Sólo esa partida ya supone un tercio de lo que el Gobierno espera recaudar con el impuestazo de diciembre. ¿Hay quien lo entienda? Lógicamente no. Pero no es el único derroche que los presupuestos consagran como gastos ineludibles financiados a cuenta de los contribuyentes.

El ya extinto ministerio de Cultura, subsumido ahora en una secretaria de Estado, es un prodigio de gastos superfluos. Entre el cine, la promoción cultural y capítulos como el “fomento de las industrias culturales” se van casi 400 millones de euros. En Medio Ambiente la cosa es similar, sólo a “desarrollo rural sostenible” (sic) se dedicaron 200 millones, y otros 200 a “competitividad y calidad de la producción agraria y ganadera”. Extravagantes capítulos que sólo aportan algo a los perceptores de estas fabulosas cantidades.

En la cartera de Trabajo el gasto es, sencillamente, desaforado. Sólo en la famosas “políticas activas de empleo”, trampilla a través de la que se cuelan los sindicatos y sus cursos de formación, se van anualmente más de 7.000 millones de euros, es decir, bastante más que lo que Rajoy pretende recaudar con la subida del IRPF. El ministerio de Trabajo es de las mercedes para los llamados “agentes sociales”, sindicatos y patronal que, por ser quien son, reciben 20 millones de euros, a los que habría que sumarles los que obtienen de comunidades autónomas y municipios. Es chocante, pero en un país donde han echado el cierre más de doscientas mil empresas, el mejor negocio son unos sindicatos que cada vez representan a menos trabajadores, o unos partidos políticos que, en 2011, recibieron transferencias por valor de 127 millones de euros.

Fomento es otra de las covachuelas donde se esconden cantidades ingentes de gasto. Sólo en subsidios al transporte había presupuestados cerca de 700 millones de euros. Casi nada al lado de 1.200 millones destinados a la vivienda en un momento en el que el precio de los inmuebles está en caída libre a causa de la sobreoferta heredada de la burbuja. En ferrocarriles y carreteras, capítulos ambos perfectamente prescindibles en tiempos de crisis, la cifra ascendía a 2.500 millones de euros, 800 más si les sumamos el capítulo correspondiente a la “adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre”. Resumiendo, una emisión de deuda promedio del Tesoro se va íntegra en que una red de AVE deficitaria y unas autovías sin tráfico sigan creciendo. ¿Necesitamos endeudarnos más para esto?

Recortando en Fomento, Trabajo, Cultura, Cooperación Exterior y Medio Ambiente igualaríamos el despilfarro que supusieron los famosos Plan-E de Zapatero, en los que se quemaron 20.000 millones que hubo que pedir prestados fuera de España. Pero se puede recortar aún más, podemos llegar a los 30.000 millones sin demasiado esfuerzo perfilando partidas presupuestarias en prácticamente todas las carteras. De Ciencia e Innovación se pueden sacar otros 5.000 millones prescindiendo de costosos programas de investigación que, a pesar de estar generosamente financiados, jamás se han visto traducidos en premios Nobel ni nada parecido. De Industria, Turismo y Comercio salen otros 6.000 millones de capítulos tales como “Reconversión y reindustrialización” (704 millones), “Explotación minera” (623 millones), “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones” (721 millones) o “Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información” (369 millones).

Como puede verse, sin tumbar el Estado, sólo optimizando sus gastos, algo, por lo demás, que están haciendo todas las empresas y familias de España, es posible reducir el déficit y dejarlo donde nos ha pedido Bruselas. Sería, además, un planteamiento realista desde el punto de vista contable. Gastar menos es algo seguro que se ve automáticamente reflejado en las cuentas, mientras que esperar recaudar más no lo es en absoluto. Es muy habitual que a una subida de impuestos le siga una aparentemente inexplicable bajada en la recaudación. La austeridad estatal tiene una ventaja extra. Todo lo que el Gobierno no gasta es dinero que queda disponible para la economía productiva, la privada. Con el nivel de gasto público actual el Estado devora literalmente la mitad de la producción del país y absorbe todo el crédito, el mismo que necesitan las empresas para reanudar las inversiones necesarias para que el motor de la economía vuelva a arrancar.