El anuncio por parte del recién nombrado ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, de estudiar la creación de una suerte de IVA social es el reconocimiento implícito de que el sistema de pensiones español, que descansa sobre un modelo piramidal de cotizaciones forzosas de los que están trabajando, tiene los días contados sino se le somete a una reforma en profundidad.
El hecho es que el sistema actual de reparto, aparte de inmoral pues rompe los lazos de solidaridad intergeneracional que fortalecen instituciones básicas como la familia, sólo puede existir si se dan unos requisitos muy particulares. Tiene que coincidir en el tiempo una población activa muy numerosa, que es quien mete dinero en la caja y hace las veces de base de la pirámide, con una pequeña población pensionada, que es quien extrae ese dinero aupada por edad sobre el vértice superior de la pirámide.
Cuando en España se adoptó este sistema la estructura demográfica del país era muy diferente a la actual. Nacían muchos niños, grandes cantidades de jóvenes se incorporaban al mercado laboral y había menos jubilados porque la esperanza de vida era sensiblemente menor. El sistema, por consiguiente, funcionaba a pleno rendimiento y, aunque injusto, era sostenible en el tiempo. Nada que ver con la pirámide de población actual, en la que, desde hace varios años, la base es más estrecha que los estratos superiores.
Ante esta realidad sólo caben dos posibilidades para salvar el sistema. Una inyectando cada año millares de inmigrantes jóvenes que contribuyan con sus cotizaciones a la jubilación de los mayores. Esto es lo que, en última instancia, se ha venido haciendo en la última década y media proporcionando una prórroga a un sistema ya condenado al colapso en los años 90. La otra sería aumentar considerablemente la natalidad hasta situarla por encima de la tasa de reposición, es decir, de 2,1 hijos por mujer.
En España la natalidad ronda los 1,4 hijos por mujer, una cifra a todas luces insuficiente si quiere perpetuarse el sistema de reparto en las pensiones con el flujo migratorio detenido o, peor aún, revertido. Las mujeres españolas tienen una de las tasas de fecundidad más bajas de todo el mundo y, para colmo, el nuestro es uno de los países donde más se aborta. Aunque parezca irónico, la disparatada Ley Aído, emblema de la política “social” del Gobierno, es incompatible con los principios keynesianos de su política económica.
Una tercera opción que es, según parece, la que maneja el ministro consiste en desligar poco a poco el fondo de pensiones para ir pasando la carga a los presupuestos generales del Estado, es decir, a la fiscalidad ordinaria mediante ese impuesto especial al que aludíamos anteriormente. Con todo, no sería más que una simple ilusión óptica, pues la base seguiría siendo la misma aunque la exacción se hiciese por otra vía.
Lo único seguro en este tema de las pensiones es que nuestro sistema es tan cortoplacista como el espíritu de quienes lo inspiran. Los únicos beneficiados con el reparto son los propios políticos, dueños así de una magnífica herramienta que fomenta el clientelismo y da pie a los habituales chantajes electorales con los votantes de cierta edad. El resto de la sociedad, incluidos los pensionistas, sale gravemente perjudicado. Paga mucho para luego recibir poco y pierde la capacidad de formarse un patrimonio financiero propio que le permita jubilarse en mejores condiciones económicas y sin depender de la caridad política.
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