La semana pasada tuvimos dos historias de Trump y la inmigración o, mejor dicho, de Trump y su complicada relación con los inmigrantes. La primera fue la del fin del TPS para los salvadoreños dentro de año y medio. Entonces, cuando toda la máquina mediática empezaba a movilizarse y se llenaban las televisiones de salvadoreñólogos de ocasión, saltó la segunda, la de los inmigrantes venidos de «países de mierda» como Haití o el propio Salvador.
La segunda no merece mucho comentario. La clásica metedura de pata de Donald Trump, algo que, al parecer, dijo en privado en su despacho delante de unos representantes demócratas que fueron luego a la prensa con la exclusiva. A estas alturas, casi un año después de acceder a la presidencia, no creo que sea un secreto para nadie que Trump, como otros muchos estadounidenses, aborrece a los inmigrantes.
La primera, en cambio, tiene mucha más miga e incluso sirvió de cebador del segundo escándalo ya que Trump soltó lo de los «países de mierda» cuando una representación de la Cámara se desplazó hasta la Casa Blanca para hacerle una propuesta para arreglar lo del TPS de los salvadoreños. Claro, que quizá lo primero que haya que explicar es qué es eso del TPS.
El TPS, acrónimo en inglés de Estatus de Protección Temporal, es un programa que data de 1990 creado para conceder visados temporales a inmigrantes de países castigados por guerras o catástrofes naturales. Una especie de estatus de refugiado pero sólo aplicable a unos pocos países, a diez concretamente: Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán (del norte y del sur), Siria, Yemen y El Salvador. En la página web del Departamento de Seguridad Interior se pueden encontrar los requisitos y todos los trámites necesarios para acceder a él.
El Salvador fue incluido en 2001 con motivo de dos terremotos que se produjeron aquel año y que causaron más de mil muertos. El terremoto y sus miserias asociadas provocó una estampida de salvadoreños hacia EEUU, donde ya existía una nutrida colonia de nacionales desde los años del conflicto guerrillero allá por los 80. El Gobierno estadounidense, entonces el de George W Bush, quiso proteger a los salvadoreños de las deportaciones otorgándoles ese estatus especial por razones humanitarias.
Se calcula que la medida afectará a unas 200.000 personas que a partir de ahora podrían ser deportadas ya que esa situación temporal se considera finalizada. Han pasado 17 años desde los terremotos que motivaron la inclusión de El Salvador en la lista, tiempo más que suficiente para que el país se haya reconstruido. Pero también tiempo suficiente para que muchos que llegaron en 2001, especialmente los más jóvenes, no tengan más país que EEUU. Fue una medida temporal que no tuvo nada de temporal a no ser que entendamos por temporalidad casi 20 años.
Tendríamos, por lo tanto, dos cuestiones encima de la mesa. La primera es saber si El Salvador se ha reconstruido y recuperado de aquella catástrofe. Reconstruir los destrozos provocados por los sismos si lo ha hecho aunque no tanto recuperarse. El Salvador sigue siendo un país muy pobre con un PIB per capita de 3.800 dólares, sólo mil más que en 2001 cuando era de 2.600 dólares. El país ha mejorado en los últimos 17 años pero está aún lejos del primer mundo.
Pero su problema principal no es ese, sino la inseguridad. El Salvador es uno de los lugares más peligrosos del mundo. En 2016 hubo 5.278 homicidios en el país, el más pequeño de la América continental y que cuenta con una población de sólo 6,5 millones de habitantes. Es decir, durante 2016 hubo 15 asesinatos al día. A eso habría que sumarle los robos, los secuestros y las extorsiones, delitos los tres tan comunes que forman parte de la cotidianidad salvadoreña.
El Estado es incapaz de combatir a las pandillas, especialmente a las dos principales: el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, dueñas y señoras de áreas completas del país en las que imponen su ley ante la impotencia de la policía y los jueces. En un sitio así casi nadie invierte y son pocos los que se quieren quedar a vivir. Pues bien, los inmigrantes salvadoreños acogidos al TPS tendrían que volver ahí, a un lugar peligroso que muchos desconocen y en el que su nivel de vida caería drásticamente.
Esto nos conduce directos a la segunda cuestión. ¿Tienen realmente que regresar a El Salvador todos los que estén inscritos en este programa? No necesariamente. En la nota informativa que difundió en perfecto español el Departamento de Seguridad Interior se puntualizaba que el TPS llegará a su fin en septiembre de 2019 y que los afectados podían quedarse si durante el tiempo que llevan en EEUU han adquirido otro estatus migratorio, es decir, si han regularizado su situación.
Ese parece ser el caso de muchos de ellos que viven y trabajan legal y honradamente en el país. El que no tenga los papeles puede ir tramitándolos a lo largo del próximo año y medio. Entrar en EEUU quizá es difícil, sobre todo si se viene del sur, pero una vez se está dentro con un empleo y conociendo el medio la cosa es mucho más sencilla. El propio ministro de exteriores salvadoreño, Hugo Martínez, hizo lo que no hicieron los periódicos, tranquilizar a sus compatriotas informándoles que simplemente tienen que reinscribirse al programa y solicitar los documentos de autorización de empleo para poder trabajar legalmente hasta que concluya el TPS el año próximo. ¿Qué pasará con los que no estén trabajando legalmente? Pues que podrían ser deportados, es decir, exactamente lo mismo que en cualquier otro país, incluido El Salvador, de donde te expulsan si eres un inmigrante indocumentado.
Al final no se sabe cuántos salvadoreños terminarán siendo deportados. Pero el drama, con todo, no es la deportación en sí, el drama es que El Salvador se ha demostrado incapaz de salir del círculo vicioso de subdesarrollo y violencia en el que entró hace más de medio siglo. Simplemente han pasado de la guerrilla a la pandilla. Eso es lo que tienen que abordar dentro de casa porque un país no puede vivir eternamente sometido a una guerra sorda contra sí mismo que condena a sus ciudadanos a la emigración.
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El Estatus de Protección Temporal que desde 2001 protege a unos 200.000 emigrantes salvadoreños en EE.UU. va a finalizar su temporalidad. Por lo visto, ya no se dan las condiciones que lo justificaron. Cuando un Estado está en guerra no puede garantizar la seguridad y tras una catástrofe natural, ninguna necesidad básica. Bien, cuando un Estado, por falta de recursos, y por corrupción, no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos, la justicia y las condiciones imprescindibles para la inversión, está en las peores condiciones posibles, pues sostiene una guerra no declarada y no hay fecha para iniciar una reconstrucción. ¿Precisan los salvadoreños protección?,sí. ¿La protección estadounidense soluciona sus problemas?,no. ¿Qué salvadoreño se quedará a malvivir o morir cambiando su patria pudiendo estar protegido en EE.UU?, no se sabe. Donaldo no es el bueno de esta historia, carece de piedad y de gentileza, pero desde luego no es el malo, no organizó el desastre , ni lo puede solventar.
Un cordial saludo.