Los terminales mediáticos del Gobierno, que siempre fueron unos cuantos y ahora son más porque andan las televisiones, las radios y los periódicos con la publicidad en mínimos, llevan días distribuyendo la especie de que España está llena de listos a toro pasado, de capitanes a posteriori que saben ahora lo que antes ignoraban. Es cierto. La población general, recluida en casa, en muchos casos quedándose sin empleo y enfrentada a una crisis económica de dimensiones desconocidas, sabe sobre este tema mucho más ahora que hace uno o dos meses.
Esto se debe a que lo estamos padeciendo en carne propia. No es mismo intuir que una potencia extranjera vaya a invadir el país a que lo invada de verdad. La información con la que cuenta el ciudadano de a pie es necesariamente limitada, también lo es su tiempo y su formación. Pocos son los que saben de astrofísica, epidemiología o estrategia militar. Para eso mismo tenemos al Estado, que en España es elefantiásico, da empleo a más de tres millones de personas y se come cada año la mitad de la riqueza nacional. Este detalle lo obvian los que andan pregonando como loros lo de los capitanes a posteriori.
Habría, por lo tanto, que preguntarse si había motivos fundados para que las autoridades, en lugar de transmitir una falsa calma y repetir que la enfermedad provocada por el coronavirus era como una simple gripe estacional, se hubiesen preparado sino para esto, si al menos para algo parecido. La cruda realidad es que el día que se decretó el confinamiento de la población (el 15 de marzo) en España no había ni respiradores, ni mascarillas y el protocolo previsto era puro papel mojado que se vio superado por los hechos en cuestión de horas.
Lógicamente, no todo lo que está pasando es atribuible al Gobierno. El virus en sí mismo surgió muy lejos de aquí. Habría que preguntar al régimen chino por qué tardaron tanto en informar de la gravedad del mismo. En enero la OMS alertó que los sistemas sanitarios no estaban preparados para una pandemia de transmisión aérea. Ni el español ni ningún otro en todo el planeta. Hubo también personajes conocidos e influyentes que avisaron de esto en aquellos días. Gente como Bill Gates, fundador de Microsoft y hoy reputado filántropo, o Nassim Taleb, un pensador y superventas en varios idiomas con más de medio millón de seguidores en la red social Twitter advirtieron de lo que venía con tiempo más que suficiente para que los Gobiernos tomasen precauciones. Pero no hicieron nada porque esto del COVID-19 lo veían como una enfermedad lejana que llegaría hasta aquí sólo de manera muy marginal y perfectamente controlable.
Esto, como digo, no es imputable en exclusiva al Gobierno español. Todos sin excepción pecaron de idéntica confianza suicida. Lo que si es imputable directamente al ejecutivo de Pedro Sánchez son desastres como el centro de coordinación dirigido por Fernando Simón, un tipo, no lo olvidemos a quien estamos pagando para que se dedique en exclusiva a seguir exhaustivamente la evolución de esta enfermedad. Debió, por ejemplo, haber tomado buena nota del informe que publicó el 21 de febrero el Imperial College. En él se afirmaba de un modo explícito que dos tercios de los casos exportados de China permanecían indetectables. Sólo esto debió provocar que se encendiesen todas las alarmas de la sala de mando que controlaba el propio Simón. Esto sucedió, como ya he dicho, el 21 de febrero, ese mismo día el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió de que existía una ventana de oportunidad para contener un virus que si se extendía a nivel mundial lo haría exponencialmente. El aviso de Adhanom llegó tarde para otras partes del mundo, pero no para Italia o España, cuya curva de contagios empezó dispararse entre finales de febrero y principios de marzo.
Tres semanas más tarde, el 13 de marzo, cuando el Gobierno de Sánchez aún debatía si declarar o no el confinamiento y había ya 4.334 casos confirmados, Adhanom advirtió en una rueda de prensa que la estrategia para contener el contagio debía ser total. No bastaba sólo con cuarentenas, no bastaba sólo con hacer test, no bastaba sólo con imponer el distanciamiento social, tenía que hacerse todo a la vez porque el virus es extremadamente contagioso. Esta información llegó al Gobierno antes que a la población porque las comunicaciones de la OMS se hacen previamente a las autoridades de los Estados miembros de la organización. El Gobierno español decidió por su cuenta y riesgo no hacer test porque lo consideraba inútil.
El 23 de febrero el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades calificó de esenciales las medidas tomadas por el Gobierno italiano para contener el brote ya que en aquel momento habían detectado que el contagio comunitario estaba en marcha. Ese día, con 132 positivos sobre 3.000 test y dos fallecidos, Giuseppe Conte aisló once localidades del norte, canceló el carnaval de Venecia y suspendió las clases en tres regiones. A pesar de que eso estaba sucediendo a menos de mil kilómetros de nuestra frontera el Gobierno español ni se inmutó, todo lo contrario, tres días más tarde, el ministerio de Sanidad publicó un tuit que decía lo siguiente: “Al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes ningún síntoma no es necesario tomar medidas”.
Este tuit es del 26 de febrero, cuando los contagios en progresión geométrica ya habían dado comienzo en Italia. Ese día tenían 470 casos, al siguiente 655 y dos días más tarde estaban por encima de mil. En España el día 26 había 13 casos, una semana después, el 4 de marzo, había 228, es decir, 18 veces más. ¿Cómo es posible que el Gobierno no supiese ver la progresión que tenía delante de sus narices? Pero no sólo no lo supo (o no lo quiso) ver, sino que evitó tomar medidas suaves pero elementales como prohibir los actos multitudinarios o cerrar los cines, los estadios, los teatros y las salas de fiestas.
Y no lo digo ya por las manifestaciones del 8-M, que por descontado, estoy hablando también de los partidos de Liga que debieron jugarse a puerta cerrada o actos como el que VOX convocó en la plaza de Vistalegre el mismo 8 de marzo. Ninguno de estos actos debió haberse celebrado como precaución básica, pero el Gobierno no sólo no los impidió, sino que sus miembros animaron a asistir a las manifestaciones del día 8, manifestaciones a las que muchos de ellos acudieron personalmente con las consecuencias para la salud, también personales, ya conocidas por todos. Aparte de esto hicieron otra cosa que entra en el terreno de lo criminal. Lo anterior, siendo muy generosos, podríamos considerarlo una imprudencia, esto fue algo deliberado. Durante dos días, el 7 y el 8 de marzo, el ministerio de Sanidad no facilitó datos ni de casos ni de fallecimientos. El día 6 había 365 casos y cinco fallecidos, se hizo entonces el silencio y el lunes 9 llegó el jarro de agua fría con 999 casos y 16 fallecidos.
¿Por qué esos días no se informó? A esta fundamental pregunta el Gobierno no ha respondido. Tampoco ha explicado como, a pesar de que ya se sabía que el contagio era comunitario y había entrado en fase exponencial, tardaron seis días más en tomar medidas. Las primeras, recordémoslo, las adoptó la Comunidad de Madrid esa misma semana, no el Gobierno central, que quedó paralizado como un zorro cruzando de noche una carretera. Esos días de retraso inexplicable están costando vidas humanas y una factura de miles de millones de euros. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero de esta pesadilla muchos deberían responder.
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