Lo último

Un Gobierno sobre el alambre

Nunca antes un candidato a la presidencia del Gobierno se había presentado a una investidura con semejante debilidad parlamentaria. Sólo cuenta con 120 diputados propios, 56 menos de la mayoría absoluta. Rajoy gobernó de 2016 a 2018 con 137 y la cosa terminó como el rosario de la aurora porque, en lo esencial, su situación era muy similar. A Sánchez, como a Rajoy hace tres años, no le basta un socio, necesita como mínimo cuatro a elegir entre la nutrida nómina de partidos que puebla las Cortes desde el 10-N, un total de 16, la mayor parte de ellos con un puñado de escaños en su haber.

En esta complicada aritmética lleva el PSOE metido desde hace casi dos meses. Lo primero que hizo, sólo un día después de las elecciones, fue amarrar los 35 diputados de Podemos, pero no le bastaba. Los «sanchiglesias» suman un total de 155 escaños, 21 menos de los necesarios para pasar la investidura sin contratiempos y gobernar con tranquilidad. Eso les ha abocado a incorporar a los 13 de ERC, los 6 del PNV y los 3 de Más País, el partidillo de Íñigo Errejón que tan magullado salió de las urnas.

A partir de ahí pueden seguir sumando siglas, pero ya no es vital. Pero con la investidura no acaba todo, de hecho sólo empieza. Para aprobar, por ejemplo, los presupuestos anuales tendrá que rehacer la coalición con su rosario de concesiones a partidos cuyos intereses pueden ser convergentes o divergentes, algo que dependerá del momento y de las ganas que tengan de hacerlo saltar todo por los aires.

El núcleo, de cualquier modo, es el PSOE y Podemos que, a la luz de las sonrisas cómplices que se dedican desde hace un par de meses, parece que están a romper un piñón. Es curioso, pero Pablo Iglesias, que pretendía «pasokizar» el PSOE, ha terminado «pesoizando» Podemos. Esa buena sintonía se debe a que Pedro Sánchez ha dicho que sí a prácticamente todo lo que le ha pedido Iglesias. Le ha pedido, por ejemplo, subir el SMI, cargarse la reforma laboral, derogar la LOMCE, regular los alquileres y subir los impuestos. Todo lo ha aceptado sin rechistar a pesar de que la coyuntura económica, con el desempleo creciendo desde el final del verano, sugiere que hay que hacer exactamente lo contrario.

Tanto un SMI más alto como la subida de impuestos o agravar las cargas laborales sobre las empresas acelerarán la destrucción de empleo y harán crecer, como contrapartida, el número de prestaciones. De manera que se encontrarán con menos trabajadores a quienes practicar retenciones en el salario, pero a los que hay que pagar mensualmente un sueldo.

Sánchez e Iglesias dicen traer bajo el brazo un ambicioso programa de gasto social, pero antes tendrán que encontrar el modo de financiarlo. Eso de provocar la quiebra de empresas o ralentizar su crecimiento mediante impuestos, tasas y regulaciones no parece la receta más sensata. El Estado español carece de una empresa petrolera con la que atender los dispendios del Gobierno, vive de sus contribuyentes, de que a sus contribuyentes les vaya bien. Tampoco tiene la capacidad de emitir moneda, es decir, que el Gobierno no puede hacerse trampas en el solitario como hacen en Argentina y Venezuela con la inflación.

Pero las cesiones a Podemos son peccata minuta al lado de lo que ha hecho con ERC. Y no para que sean sus socios de Gobierno, simplemente para que se abstengan en la sesión de investidura. Para ello ha retorcido la arquitectura jurídica del Estado obligando a la abogacía del Estado a que presente ante el Tribunal Supremo un escrito sobre la situación de Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión condenado a 13 años por sedición y malversación de fondos públicos. Le piden de un modo un tanto tortuoso que permita a Junqueras salir de la cárcel y recoger su acta de eurodiputado.

Pero eso es simplemente un desafuero. Un condenado en firme, que además está inhabilitado para el ejercicio de cargo público, no tiene acta alguna que recoger. Y no hay mucho más que decir. El Tribunal Supremo no es un órgano tutelado desde Bruselas y fue el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dejó al albur del Supremo la decisión última sobre Junqueras, que cometió los delitos en España y ha sido juzgado con la ley española.

Dejando a un lado el bochorno que nos han hecho pasar los abogados del Estado en los últimos días, las concesiones a ERC parece que no se quedan ahí. De las negociaciones entre PSOE y ERC ha salido un abracadabrante acuerdo según el cual se celebrará una negociación al más alto nivel entre el Gobierno central y la Generalidad. Lo que salga de ahí será refrendado en las urnas sólo en Cataluña.

El Gobierno puede consultar a la ciudadanía un sinfín de asuntos, pero no puede convocar un referéndum de autodeterminación -aunque se presente disfrazado de otra cosa- porque es inconstitucional. Tampoco podría, por ejemplo, someter la monarquía a referéndum o eliminar las comunidades autónomas. Para hacerlo tendría que reformar antes la Constitución y hacerlo además por el procedimiento agravado, que es notablemente más complejo que el ordinario. Necesitaría dos tercios de ambas cámaras, disolver, ir a elecciones, las nuevas Cortes deberían ratificar la reforma y el proceso culminaría con un referéndum de ámbito nacional. Sánchez, como decía más arriba, tiene sólo 120 míseros escaños, para dar comienzo a esa reforma necesitaría 234, pero lo peor es que tendría que convocar elecciones, cosa que quiere evitar a cualquier coste.

Todo esto lo conocen bien en el Gobierno, saben que no está en su mano contentar a los independentistas catalanes, entonces, ¿por qué a sabiendas de que no podrá cumplir, promete con esa alegría? Lo desconozco. La inanidad de este personaje creo que a estas alturas ha quedado sobradamente acreditada, pero es inconcebible que esté dispuesto a someter al Estado a semejante nivel de estrés institucional sólo para comprar unos meses más en la Moncloa.
Tal vez crea que una vez goce de poderes plenos podrá seguir prometiendo sine die. Con Podemos es posible que funcione. Una vez estén en la poltrona harán lo que tengan que hacer para seguir en ella. Lo mismo que le sucedió a Alexis Tsipras en Grecia, que pasó de ser el azote de la Troika a su más rendido servidor en cuestión de unos meses. Pero con los independentistas es poco probable que funcione. Llevan siete años subidos al monte y nada indica que vayan a bajar de ahí.

Apoya La Contra

La Contra es de sus oyentes

De ellos depende que este espacio de libertad, rigor e independencia siga existiendo.

€1,00

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: