Un político dice en un mitin lo contrario de lo que afirmaba hace dos o tres años. Misma cara, mismo tono, misma mano en el atril. No explica por qué y no pasa nada. Antes, cambiar de opinión costaba prestigio, explicaciones y a veces la carrera. Hoy nadie espera coherencia. El cinismo no es solo un vicio de carácter, es una tecnología de poder, como la imprenta o el algoritmo. Se aprende, se perfecciona y se transmite en gabinetes de comunicación. Por eso un escándalo que hace décadas tumbaba un gobierno ahora puede reforzarle. No es que se mienta más. Es que mentir ha dejado de tener coste y ha empezado a tener beneficio.
En el siglo XX la verdad funcionaba como una moneda común porque unos pocos medios nacionales podían certificar los hechos. Mentir a gran escala era caro, había que convencer a cadenas, periódicos y unas pocas agencias. Aquel sistema tenía silencios y complicidades, pero la mentira resultaba onerosa. Esos medios siguen ahí aunque con menos peso. Ahora hay miles de millones de personas con una imprenta en el bolsillo y un sistema que premia la atención, no la veracidad.
Que circule más de todo no equivale a que todo lo que circula sea cierto. Verificar es caro y complejo, mentir es barato y sencillo. Se ha invertido la economía de la honradez. Cuando a un político le pillan un renuncio puede admitirlo, pero eso supone entregar el cuchillo al adversario con el mango por delante. Puede también negarlo, acusar a quien le acusa e inundarlo de ruido. La segunda opción funciona no tanto porque convenza, como porque agota. Para sobrevivir al escándalo ya no hace falta demostrar inocencia, es suficiente con que el asunto resulte confuso. Quince versiones simultáneas del mismo hecho lo consiguen.
Pero un mentiroso profesional no dura si no hay quien le compre el producto. El votante, en muchos casos, no es una víctima, es un cliente satisfecho. Calcula un coste de oportunidad moral. No se pregunta tanto si le mienten como qué le ocurrirá si deja de votarle. La respuesta suele ser que entonces ganarán sus adversarios, que se perciben como una amenaza existencial contra uno mismo. Que el político propio mienta es un peaje, que su rival diga la verdad, un peligro.
Primero se niegan los hechos, luego se relativizan arguyendo que todos hacen lo mismo y, al final, se reconoce que seguramente sea un sinvergüenza, pero es de los suyos. La relación entre el votante y el político deja de ser un contrato y empieza a parecerse al maltrato aceptado por miedo a la intemperie. Ocurre a izquierda y a derecha. No es el fallo de una pieza concreta es una avería del mecanismo.
Tampoco es del todo nuevo. Maquiavelo ya escribió que el príncipe debía parecer virtuoso más que serlo porque se juzga más con los ojos que con las manos. El despotismo ilustrado lo condensó en el todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En el siglo XX la “dezinformatsiya” soviética industrializó la técnica produciendo tantas versiones distintas de un mismo acontecimiento para que nadie crea ya en nada. Un ciudadano que no cree de desmotiva y no se moviliza.
Hoy esa operación, que antes exigía la fuerza de un Estado, la puede ejecutar un simple activista con suficientes seguidores en las redes sociales. La pulsión es antigua. Lo nuevo es el coste marginal: mentir a escala ya no necesita un ministerio dedicado, basta con un teléfono.
Una sociedad que no espera que sus dirigentes digan la verdad se ahorra decepciones. Quien no espera nada no se frustra. Pero la democracia representativa no vive solo de votos, vive de confianza. El voto es el recibo de una delegación a cambio de rendición de cuentas. Sin eso queda un plebiscito periódico entre tribus. Hay un efecto peor. Cuando la verdad deja de ser algo ineludible, el sistema selecciona a la inversa. El más capaz no prospera, solo lo hacen los más desvergonzados.
