Este verano está siendo muy tranquilo en todas partes menos en Venezuela y Cataluña. Por razones diferentes como es obvio pero que, sin embargo, en algunos puntos confluyen, se tocan. Se tocan, por ejemplo, en el bolivarianismo confeso de los líderes de la CUP. Además, estos no lo niegan como muchos de Podemos. Son unos valientes. Les da absolutamente igual lo que piensen de ellos. Ahora bien, sirva esta coincidencia como pista para saber hacia donde irá Cataluña en manos de estos revolucionarios tan aguerridos.
Ayer la CUP convocó una manifestación delante de un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona para protestar por el registro que hizo la Benemérita en el Parlamento autonómico la semana pasada. En paralelo, y al parecer convocados desde las redes sociales, se organizó una contramanifestación para apoyar al cuerpo. Fueron manifestaciones de entrada escasa y no hubo que lamentar más disgustos que alguna ronquera posterior porque no pasaron de intercambiar consignas a gritos. Por lo demás, la manifestación de la CUP no tenía ni pies ni cabeza porque la Guardia Civil entró en el Parlamento para recabar información sobre un caso de corrupción, no para arrestar a ningún independentista.
Pero la CUP está precisamente para eso, para crear tensión y llevar el conflicto a la calle. A la vista está que no lo consiguió porque Barcelona seguía a lo suyo. Lo suyo ayer era algo especialmente placentero, el último día laborable antes de las vacaciones de agosto. Y precisamente porque era el último día hábil los promotores del referéndum se acercaron hasta el Parlamento para registrar la Ley que les permitirá convocar, organizar y celebrar ese referéndum. En la segunda quincena de agosto la mesa de la cámara se reunirá y previsiblemente admitirá a trámite la Ley y la pasará a pleno. Una vez allí se aprobará en un solo día. Este debería ser el 6 de septiembre, fecha designada para el primer pleno ordinario de la temporada. Podrán quitársela de en medio en un solo debate gracias a la reforma del reglamento que ayer fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Suspensión que, entiendo, ignorarán olímpicamente.
Como puede verse, a día de hoy en Cataluña conviven dos legalidades que ya han entrado en conflicto. Y más que lo harán si la Generalidad sigue por este camino que se condensa en dos leyes rupturistas que deberán estar listas y aprobadas antes del primero de octubre. La primera es la del referéndum que registraron ayer. Esta Ley regula la consulta. La segunda es la llamada Ley de Transitoriedad que aún no han registrado en la cámara y que será la declaración de independencia propiamente dicha. Es la Ley que pondrá las bases para transitar del ordenamiento jurídico actual al nuevo. Supongo que, llegado el momento, esa ley también la suspenderán.
Las próximas semanas serán de calma chicha antes de que pase lo que tiene que pasar. Lo que seguramente suceda es que el Estado se defenderá y en algún momento tendrá que emplear la fuerza. Por fuerza no me refiero a tanques por la Diagonal ni ninguna de esas fantasías que desde siempre alimentan la fértil imaginación de los independentistas, sino a unos simples agentes de la Guardia Civil (o de la Policía Nacional) de paisano entrando en el edificio de la Generalidad para practicar algunas detenciones. Todo muy aburrido, muy prosaico, más o menos como ha venido siendo hasta ahora.
Será entonces cuando los que hasta ahora han callado tengan que hablar. Me refiero a los poderes fácticos de Cataluña, es decir, a los Fainé de La Caixa o los Oliú del Sabadell. Tendrá que hablar también toda esa parte de la sociedad catalana que hasta la fecha ha vivido como si este tema no fuera con ellos. Lo cual está bien porque en los países libres la gente se dedica a sus cosas y no al politiqueo. Pero en septiembre no quedará lugar para los neutrales. Tendrán que hablar también dentro de las filas nacionalistas. Porque no todos los nacionalistas son independentistas. El nacionalismo, como todo movimiento de aluvión que excita las bajas pasiones, da cabida a gente del más variado pelaje: desde los radicales poseídos por la mística revolucionaria hasta gente sensata que fundamenta sus opiniones con datos y razones.
Pues bien, dentro de un mes todas estas conversaciones tendrán que emerger y librarse. Todas a un tiempo.
Podría suceder que la cosa vaya a mayores y el Gobierno tenga que suspender la autonomía. O que directamente no pase nada, que ambas partes busquen un apaño in extremis que les permita salvar los muebles y la cara. No sería de extrañar. Las defecciones en el lado soberanista han sido la tónica durante el mes de julio. Abrió la veda Jordi Baiget, el ex consejero de Empresa, a primeros de mes. Desde entonces ha sido un goteo continuo. No se ni cuantos altos cargos se han ido ya, pero bastantes. El más sonado fue Albert Batlle, director de los Mossos, que dimitió el día 17 por presiones del ala más radical del proceso.
Bien mirado tiene lógica. Ante la duda, ¿para qué sacrificarse inútilmente y exponerse a multas, juicios, inhabilitaciones e incluso la cárcel? Si al final la cosa no sale nadie se acordará de ellos y tendrán que comerse el marrón ellos solitos.
Pero por de pronto todo está en el aire y ahí seguirá durante unas semanas. Luego llegará la hora de la verdad a la que nadie podrá escapar.
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