A estas alturas de agosto ya podemos asegurar que Vox se ha adueñado del verano. Tal y como sucedía hace unos años en Podemos, donde iban marcando la agenda de actualidad y los temas de conversación, es ahora Vox quien ha conseguido que se hable de lo que ellos quieren. El tema en el que han encontrado un filón inagotable es el de la inmigración, más concretamente la proveniente de países musulmanes, que en España es decir lo mismo que Marruecos ya que la mayor parte de los inmigrantes musulmanes provienen de nuestro vecino del sur.
Esta semana, en el ayuntamiento de Jumilla, gobernado por el Partido Popular con apoyo de Vox, resolvió vetar las celebraciones islámicas en instalaciones públicas deportivas. La moción, impulsada por un concejal de Vox y enmendada por el PP, fue aprobada en pleno municipal y prohíbe explícitamente la fiesta del cordero y otras celebraciones de índole religiosa en polideportivos. Con ello quieren defender lo que entienden como las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas. Ha bastado eso para que se desatase un vendaval de acusaciones: islamofobia, discriminación, discursos de odio, etc. El Gobierno ha anunciado que investigará el asunto desde su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia. Incluso los obispos en un comunicado de la Conferencia Episcopal, han calificado la medida de «discriminación que no cabe en sociedades democráticas», apoyando en esto a la Comisión Islámica de España. Tiene razón de ser esto último. Si se prohíben cierto tipo de celebraciones religiosas otras, como, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, podrían prohibirse en el futuro.
La moción no prohíbe estas celebraciones; solo las veta en espacios públicos deportivos argumentando que son incompatibles con la identidad española. La alcaldesa asegura que se podrán hacer en otro lugar, pero la pregunta es dónde ya que en la mezquita no caben
Jumilla tiene una comunidad musulmana de cierto tamaño (casi el 8 por ciento de la población) procedente mayoritariamente de Marruecos y Argelia. Como en el resto de la Región de Murcia, estos inmigrantes llegaron para trabajar en el campo y la mayor parte se ha quedado. Hay un mezquita en la ciudad, pero su capacidad es limitada, por lo que para grandes eventos como la fiesta del Cordero o el final del Ramadán, han usado en el pasado instalaciones deportivas municipales. La moción no prohíbe estas celebraciones; solo las veta en espacios públicos deportivos argumentando que son incompatibles con la identidad española. La alcaldesa asegura que se podrán hacer en otro lugar, pero la pregunta es dónde ya que en la mezquita no caben, por lo que tendrá que ser en dependencias privadas.
En Vox celebran como un gran logro político que gracias a ellos se haya aprobado el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos en España. Como suele suceder con este partido, a sus líderes -que a menudo son indistinguibles de simples activistas- se les ha calentado la boca y han gritado a los cuatro vientos que España pertenece a los cristianos. Evidentemente no es así, España pertenece a sus habitantes profesen la religión que profesen. El país es de tradición católica y aproximadamente un 60% de los españoles se definen como católicos, pero también hay protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes y, por supuesto, no creyentes. Todos tienen derecho a ocupar el espacio público para sus celebraciones previo aviso a las autoridades. Luego una moción como la de Jumilla es difícilmente conciliable con la Constitución, que garantiza la libertad religiosa, y tampoco se puede explicar a los cuatro de cada diez españoles que no se consideran católicos.
Pero la cuestión no es esa, sino la tajada política que se pueda sacar de esto. Para Vox es obvio el beneficio. Sacan músculo ante su electorado, al que tratan de mantener movilizado de cara a unas elecciones que presumen próximas y en las que tienen que evitar a toda costa que se les vaya voto al PP. Para el Gobierno es una nueva oportunidad, un balón centrado al pie para presumir de progresismo y agitar el fantasma de la extrema derecha racista y xenófoba, un sambenito que cuelgan luego del cuello de todos los que critican al propio Gobierno. Como en otras ocasiones, basta que Sánchez se vea en apuros para que Vox acuda al rescate. Esta vez la polémica durará lo que dura el mes de agosto, pero su voluntad es esa misma. Lo veremos más veces a lo largo de la legislatura. El Gobierno lo fía todo al general tiempo y, en lo que lo inevitable llega, al capitán Abascal.