El caso Plus Ultra ha vuelto a primera plana tras el paréntesis de agosto. Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate, y Roberto Roselli, entonces consejero delegado, han ratificado ante el juez y ante la fiscal de Anticorrupción el pago pactado del 1% de la ayuda, unos 530.000 euros, a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, amigo y representante de José Luis Rodríguez Zapatero. En los mensajes intervenidos los propios investigados llamaban “mordida” a ese pago. Era una comisión a éxito y se abonó ante la duda de que el expediente descarrilase. Ninguno de los dos señala una voluntad concreta que tuvieran que comprar, pagaron porque creían que había que pagar.
La secuencia de los hechos importa aquí más que el porcentaje pactado. En abril de 2020 Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, al otro lado estaba Zapatero, que se ofreció a hacer gestiones para su empresa. En septiembre la aerolínea pidió la ayuda del fondo de la SEPI para empresas estratégicas, en enero de 2021 se firmó el contrato de consultoría que daba cobertura al 1% y el 9 de marzo el Consejo de Ministros autorizó 53 millones de euros de rescate. Una semana antes los directivos de Plus Ultra ya sabían que la operación estaba hecha. Fue el tercer expediente más rápido del fondo y uno de los menos vigilados, la SEPI no colocó a nadie en el consejo de una empresa con 350 empleados y una cuota de mercado del 0,03%.
Lo que ha convertido el asunto en algo mayor que un caso de comisiones es una frase de Martínez Sola. Asegura que quien mandaba de verdad era el venezolano Rodolfo Reyes con el 64% del capital y la última palabra en el consejo, también fue él quien tomó la decisión de acudir a Zapatero. Roselli lo ha confirmado. La expresión que ambos emplean, control efectivo, es la que utiliza la normativa europea para exigir que una aerolínea comunitaria esté en manos de nacionales de la Unión Europea. Si Reyes mandaba, Plus Ultra no era una compañía española y no reunía por lo tanto los requisitos para solicitar rescates. La empresa alega que las acciones estaban a nombre de su esposa, española, pero la titularidad nominal no basta, lo decisivo es quién controla la empresa de facto.
La documentación entregada a la SEPI presentaba las empresas de Reyes como accionistas distintos, y sobre esos datos trabajó Deloitte al concluir que no existían pactos entre socios. AESA avaló el rescate y hoy se remite a la información que le facilitaron los operadores. El juez Calama ha pedido a la policía judicial un informe sobre el accionariado real. El contraste con el resto de los rescates a aerolíneas es determinante, Air Europa aceptó que le impusiesen un consejero delegado junto a unas condiciones duras y devolvió sus 475 millones el año pasado. Plus Ultra ha pagado intereses, casi nada del principal y no atendió el vencimiento de marzo.
La causa estuvo archivada desde 2023 por un plazo mal calculado y resucitó cuando Francia y Suiza pidieron cooperación por una red de blanqueo con ramificaciones venezolanas. Zapatero declaró en junio como investigado y negó haber hablado con la SEPI o con el Gobierno. El caso Plus Ultra tiene aún muchas preguntas sin responder y salpica de forma directa no solo a Zapatero, también al actual Gobierno que fue quien, de forma colegiada, aprobó aquel rescate.
En La ContraRéplica:
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