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Boris Johnson y el juego de la gallina

Hace una semana se abrieron las compuertas en Londres y la riada se promete antológica. Johnson cortó por lo sano y solicitó a la reina que suspendiese las sesiones del parlamento hasta mediados de octubre. Una solicitud que fue atendida afirmativamente en unas pocas horas. Algo así era previsible desde el momento en el que el nuevo premier pisó el 10 de Downing street con un único punto en la agenda: sacar al Reino Unido de la Unión Europea el día 31 de octubre al precio que fuese.

No tenía más opciones de conseguirlo que evitar el parlamento, ya que ahí un Brexit sin acuerdo se lo iban a tirar sí o sí. Entre los partidarios de marcharse por las bravas y los de quedarse hay una rica variedad de posiciones intermedias. No todos los «brexiters» son tan radicales e intensos como Nigel Farage o los unionistas irlandeses. Eso Johnson lo sabe, conoce a la perfección que la cámara de los Comunes es un pantano lleno de caimanes. No por nada, él mismo era uno de esos caimanes hasta hace menos de dos meses.

Esto le obligaba a buscar y encontrar un modo de cumplir su promesa sin tener que vérselas en Westminster. Sólo había un modo: sacar a la cámara de la ecuación. Pero, ¿es eso posible? Si, lo es, aunque retorciendo ligeramente las costuras constitucionales del reino. Para poder suspender las sesiones del parlamento debe dirigirse a la reina y pedirle que suspenda la reapertura del curso parlamentario, que estaba programada para esta semana. La reina puede hacerlo en base a una vieja prerrogativa regia, uno de esos restos de poder real que aún le quedan a la monarquía británica.

La oposición puede impugnar el caso ante el Alto Tribunal de Justicia, pero no impugnaría lo que mande la reina, sino la petición del Gobierno. Es decir, que el Alto Tribunal puede decir Misa porque la decisión real es inamovible en tanto que prerrogativa regia. El Reino Unido no tiene una Constitución al uso. Cuando los británicos hablan de su Constitución lo hacen de un conjunto de leyes, tratados, convenciones parlamentarias, sentencias judiciales y prerrogativas reales. Luego el monarca en uso de esas prerrogativas no puede violar la Constitución.

Como vemos Boris Johnson sabía perfectamente lo que hacía cuando escogió esta vía para acometer la salida de la UE. Es algo maquiavélica, pero podría ser efectiva. Más aún cuando es normal que entre la toma de posesión y el discurso de bienvenida de la reina la actividad de la cámara quede en suspenso. Prórroga lo llaman y si ésta se alarga lo suficiente el gabinete tendría tiempo para dejarlo todo listo para la salida el último día de octubre en los términos que ha anunciado Johnson.

Habría que plantearse si esos términos le interesan realmente al Gobierno. No lo creo. Saben que las consecuencias inmediatas serían desastrosas y terminarían minando su propia imagen, entonces, ¿qué busca poniendo la máquina tan pasada de revoluciones? Esencialmente que le hagan caso en Bruselas y retiren la salvaguarda irlandesa del acuerdo para así llevar de vuelta el plan al parlamento y obtener su aprobación. Algo similar al juego de la gallina. Boris simplemente ha acelerado la marcha hacia el precipicio con la intención de que vean en Bruselas que está dispuesto a todo. A fin de cuentas un Brexit duro también afectaría a los socios comunitarios.

Pero levantar la salvaguarda sacaría a la República de Irlanda de la unión aduanera. Eso ocasionaría el veto de Dublín y un nuevo parón. En ese punto también se habría salido con la suya Boris. Trasladaría el desacuerdo de la cámara de los Comunes al Consejo Europeo, invertiría la situación y los pondría a la defensiva. Y no sólo a ellos, también a la propia oposición dentro del Reino Unido. Lo primero aún no lo ha conseguido, lo segundo sí.

Tanto los laboristas como los conservadores contrarios al Brexit han puesto el grito en el cielo, hablan de escándalo constitucional y de golpe de Estado. Los movimientos de izquierda se han activado en la calle y desde el miércoles se manifiestan ruidosamente por todas las ciudades británicas. Eso mismo es lo que buscaba el primer ministro, polarizar aún más las posiciones para eliminar los matices. Es decir, transferir la percepción de riesgo de lo que él representa a la masa vociferante que ha tomado la calle. No es mala jugada si le sale bien. La democracia británica, como cualquier otra, no es más que un régimen de opinión pública. Quien se adueña de ella prevalece.

Esto Johnson pudo verlo personalmente durante el referéndum del Brexit, que en origen era un simple trámite con el Gobierno de Cameron colocado en el lado de los que se querían quedar en la UE. En un par de meses de polarización extrema, toneladas de propaganda y la selección de los mensajes adecuados los partidarios del Brexit consiguieron quitarse la costra que les había pegado el UKIP de Farage y dieron la vuelta a la tortilla.

Estamos ante una operación parecida aunque algo más difícil porque esta vez se les ha visto venir. Hay, además, más actores en juego y el debate sobre el Brexit está mucho mejor informado que hace tres años. Pero a Johnson no le queda otra si quiere sobrevivir políticamente que dar esta batalla en los mismos términos. Se colgó hace un mes de una promesa y ahora o termina ahorcado de ella o la convierte en la primera piedra de lo que pretende que sea un edificio portentoso.

Realmente no tenemos ni idea de lo que terminará sucediendo, es decir, si el plan johnsoniano saldrá conforme a lo previsto por sus asesores en Whitehall. Todo lo ha forzado, la prórroga parlamentaria está tomada con pinzas porque, aunque es habitual que ésta se produzca durante un corto periodo de tiempo antes de cada legislatura, esta vez no tiene mucho sentido ya que Boris ha llegado a mitad de la legislatura que arrancó tras las elecciones de junio de 2017. Pero es que, aún manteniendo la tradición, esta formalidad dura un máximo de 15 días, no mes y medio. Por si fuera poco ahora la suspensión no es por cortesía, sino por interés manifiesto del Ejecutivo en maniatar al parlamento.

Es tan evidente la maniobra que la han justificado arguyendo que se limitan a dar curso al deseo popular expresado en el referéndum. Pero en aquel momento nadie se planteó una salida sin acuerdo por los costes que implicaba. Lo que ha hecho, en definitiva, es abrir la caja de los truenos y no sabemos encima de quien caerán. Boris cree que fulminarán a sus adversarios, es decir, al parlamento por negarse a proceder con una decisión democrática, y a la UE, cuya intransigencia les ha llevado a esto. Llevados estos ingredientes a la coctelera de las urnas podría dar sus frutos, pero es una simple hipótesis porque tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa la gente empieza a estar ya muy harta de este tema.

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