Hoy se cumple un año del histórico apagón que dejó a 60 millones de personas en España y Portugal sumidas en la oscuridad durante horas. Lo que sucedió aquel lunes de abril fue el mayor fallo eléctrico registrado en Europa en mucho tiempo. Se produjo en un país miembro fundador de la zona euro y referente autodeclarado de la transición energética. Ese país vio como su sistema eléctrico se caía por completo en cuestión de segundos. Doce meses, varios informes y dos comisiones parlamentarias después, el episodio sigue sin tener un culpable claro.
Desde el punto de vista técnico el sistema perdió el equilibrio por una cadena de fallos en cadena. Hubo una serie de episodios de sobretensión, oscilaciones y dificultades para mantener la tensión, que culminaron en el cero eléctrico. La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, situó el origen en una oscilación detectada en una planta fotovoltaica de Badajoz, supuestamente la Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola, extremo que la eléctrica ha negado. Pero había mucho más. Un fallo en una sola central no puede provocar algo así. Ese día la elevada penetración renovable conectada mediante electrónica de potencia redujo la inercia mecánica que aportaban las centrales con turbinas como las nucleares, las hidráulicas y los ciclos combinados.
Los informes oficiales del ministerio para la Transición Ecológica, el gestor europeo ENTSO-E y la CNMC han coincidido en calificar el evento como algo «multifactorial», un eufemismo que reparte culpas entre tantos actores que ninguno carga con ellas. Pero la CNMC ha constatado que España disponía de herramientas normativas suficientes para evitar el apagón. Las reglas existían, lo que falló fue su aplicación. El regulador ha incoado unos 55 expedientes sancionadores, el más grave contra la propia Red Eléctrica, y otros contra Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y las nucleares de Almaraz y Trillo.
La batalla se sigue librando en varios frentes de forma simultánea. La Comisión del Senado señaló al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC. La del Congreso acaba de empezar y aún no se conocen sus conclusiones. Entretanto, en un juzgado de Madrid, las eléctricas litigan por acceder a las 8.000 conversaciones aportadas por Red Eléctrica que demostrarían que existían avisos previos. Iberdrola ha demandado al operador por competencia desleal en un juzgado mercantil. Portugal, que sufrió el apagón sin tener responsabilidad alguna, estudia también demandar a España.
Las consecuencias económicas las tenemos ahí y las pagamos de forma sileciosa desde hace un año. Red Eléctrica opera con un margen de seguridad mayor, los servicios de ajuste se han encarecido y el precio en el mercado regulado es notablemente más alto que hace un año. La factura la está pagando el consumidor. En el frente político el balance es desolador. Ni una dimisión, ni un cese, ni una asunción explícita de culpa pese a las 8 víctimas mortales que provocó el apagón. Si alguna lección hemos de extraer de este episodio es que en España impera una cultura institucional que confunde la gestión pública con la gestión del relato, exactamente lo mismo que sucedió durante la pandemia o en las inundaciones de Valencia. Las fragilidades estructurales siguen ahí. Si los tribunales no ponen orden, el próximo apagón no será una sorpresa.
En La ContraRéplica:
- 30:51 Prioridad nacional
- 35:02 Nacionalidad
- 39:50 Regularización
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