La machaconería propagandística del Gobierno ha terminado convenciendo a muchos de que las cosas van mejor, de que la recuperación es vigorosa y muy pronto la crisis se conjugará en pretérito perfecto. Si bien es cierto que algunos indicadores han dejado de echar humo, no lo es menos que muchos de ellos siguen ardiendo en silencio. España no ha superado la crisis en la que se precipitó de cabeza durante el primer trimestre de 2008. Para constatarlo no hace falta informe alguno, tan solo es necesario fijarse en el dato de desempleo, ese santo grial estadístico que refleja la buena o mala salud de una economía. La realidad es la que es por más que desde Moncloa se empeñen en inventarse otra. España hoy tiene más parados que hace cuatro años. La legislatura, al menos desde el punto de vista del empleo, podría resumirse en la fabricación intensiva durante el primer año de un millón de parados para que, a continuación, esos mismos desempleados fuesen recolocándose lentamente. Aquí tiene el dato. Al llegar Rajoy al poder la tasa de desempleo era del 22,5%, hoy es del 23,7% y hace dos años rozó el 27%. Han sido cuatro años de máximos históricos. Los números hablan por sí mismos, no hacen falta muchas más explicaciones.
La pregunta que todos, especialmente los votantes del PP, se hacen ahora es por qué Rajoy ha sido totalmente incapaz de reducir el paro. No olvidemos que, en tanto que la principal preocupación de los españoles es y era el desempleo, el mandato expreso que recibió el actual Gobierno a finales de 2011 fue precisamente ese, enfrentar la sangría laboral con medidas de choque efectivas, que invirtiesen la tendencia primero y pusiesen luego los cimientos para que se crease empleo a lo largo de la legislatura. De haber sucedido así hoy estaríamos hablando de un mercado laboral prácticamente recuperado ya que cuatro años dan para mucho, sobre todo cuando las cosas se hacen bien. Rajoy, en cambio, lo ha hecho mal tirando a fatal, ha sido el gran desempleador. Abundó en lo peor del zapaterismo y ha puesto de su cosecha lo que faltaba para que las abultadas cifras de desempleo sigan siendo la vergüenza nacional por antonomasia.
La causa de que cueste tanto encontrar un empleo en España es de orden político. Por un lado el mercado laboral sigue siendo muy rígido, más que el de otros países europeos, de esos “de nuestro entorno” con los que tanto se llena la boca el politiquerío nacional. La reforma laboral de 2012 vino a aliviar la situación, pero, como ya se advirtió en su momento, fue timorata e insuficiente. No abordó las enfermedades de un sistema de relaciones laborales que heredamos del franquismo, que encarece enormemente el trabajo a través de onerosas “cargas sociales” que nadie se ha atrevido a tocar y que ha terminado alumbrando cuatro mercados laborales de facto: uno para los funcionarios, otro para los empleados indefinidos, un tercero para los autónomos y los temporales, y un cuarto y último para los que resuelven en el mercado informal. Los gobernantes no han sido nunca ajenos a esto, pero saben que los privilegios de la parte alta de la pirámide existen porque debajo hay quien los sostiene.
Para que el país mantenga a cerca de tres millones de empleados públicos hay que producir mucho. La nómina pública se come la práctica totalidad de la recaudación conjunta de IVA e IRPF. Esto es algo de lo que no se suele hablar. Dedicamos varios meses de trabajo al año solo para pagar nóminas de funcionarios. Cada año se opera en España una gigantesca transferencia de renta entre los trabajadores del sector privado –cuyos salarios medios son notablemente inferiores– a los del sector público. Todo a cambio de los mismos servicios que recibíamos hace quince años por aproximadamente la mitad de dinero. Esa misma cantidad invertida en otros rubros traería ahorro, inversión y empleo productivo, pero ay, el consenso político es que la administración es intocable, y como es intocable y cada vez trabaja menos gente en el sector privado, hay que subir los impuestos una y otra vez para que el esfuerzo lo mantengan entre menos.
A este fenómeno no es ajeno el hecho de el propio Rajoy sea un funcionario y que básicamente de funcionarios se haya rodeado. La Moncloa hoy es un almacén de opositores que no saben lo que es hacer una entrevista de trabajo y, mucho menos, sacar una pequeña empresa adelante. No tienen ni idea, en suma, de cómo se crea riqueza, de ahí que la expropien tan alegremente.
De manera que, aparte de una reforma laboral que liberalice realmente ese mercado –no muy distinto, dicho sea de paso, a cualquier otro mercado–, es necesario que el Estado se ajuste de una vez y libere los recursos que la economía española necesita para ponerse en marcha de nuevo. Hasta que no entendamos que cada empleo creado en el sector público tiene un coste directo en el empleo privado y productivo no saldremos de esta. A lo más, y con sueldos mínimos como los que hoy se pagan en la mayor parte de empresas, se mantendrá la tónica actual condensada en un desempleo anormalmente alto, salarios bajos, pánico a quedarse en el paro y conflictividad laboral asegurada. Podría decir que eso es lo que viene, pero no, eso es lo que tenemos ya.
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