Donald Trump anunció el viernes el que, según él, es el mayor acuerdo petrolero de la historia. Con este acuerdo Estados Unidos se asegurará el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas sin coste para el contribuyente. Parece algo irresistible, pero la contabilidad falla desde el primer vistazo. EEUU no será propietario de esos barriles, sino accionista de una sociedad con derecho a desarrollar 17 campos repartidos entre la Faja del Orinoco y el lago de Maracaibo. Además, entre un barril bajo tierra y otro listo para embarcar median años de inversión, tecnología y seguridad jurídica, algo que no abunda en Venezuela.
El socio elegido es North American Blue Energy Partners, una empresa registrada en Barbados y controlada por Alejandro Betancourt, un empresario enriquecido al calor de los contratos del chavismo e investigado por presunto blanqueo en España y en Suiza. La operación la remató la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono mediante unos warrants que dan al departamento de Defensa derechos sobre la producción futura por una prima simbólica. De los porcentajes de producción que irán a EEUU circulan varias versiones lo que significa que los detalles del acuerdo aún se encuentran lejos de estar cerrados.
El calendario explica las prisas. La guerra de Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y las elecciones de medio mandato son en un par de meses. El problema es que la realidad sobre el terreno en Venezuela es muy distinta. Desde la caída de Maduro en enero, ninguna gran petrolera estadounidense se ha metido en aquel país por los riesgos que entraña y porque hay que gastar demasiado dinero para revivir la infraestructura. El país tiene hoy sólo dos taladros de perforación activos frente a los 120 que había en 1998, y produce en torno a un millón de barriles diarios, un tercio de lo de entonces, más o menos lo que extrae Dakota del Norte. Custodia, eso sí, el 17% de las reservas mundiales pero solo aporta el 1% de la producción mundial.
Las petroleras son reacias a invertir allí porque las expropiaciones del pasado aún se recuerdan. Todavía hoy ConocoPhillips reclama 12.000 millones de dólares y ExxonMobil otros 1.000. Ante la falta de interés de las grandes petroleras la Casa Blanca está tentando a las más pequeñas dirigidas por gente próxima al presidente, pero incapaces de afrontar los gastos que requerirían desarrollar los proyectos de extracción de crudo pesado en la faja del Orinoco.
Hay, además, otro elemento no menor. La Constitución venezolana de 1999 prohíbe de forma explícita transferir unos yacimientos que pertenecen a la República. Delcy Rodríguez es una presidenta ilegítima, gobierna sin haber pasado por las urnas tras heredar el cargo de un presidente hoy preso que robó las elecciones de 2024. En Venezuela todavía quedan unos 380 presos políticos y los principales jerarcas del chavismo como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino siguen en el Gobierno. Los negociadores estadounidenses admiten que la estructura societaria privada se eligió para atar a los futuros gobiernos venezolanos, pero eso implica que la democracia no regresará a Venezuela en mucho tiempo, entre otras cosas porque hoy por hoy al Gobierno de Estados Unidos le interesa que se mantenga una dictadura con la que ha terminado asociándose.
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