El Senado argentino aprobó hace tres días el plan de emergencia económica de Alberto Fernández. El plan, extraordinariamente duro para las empresas privadas y, en general, para todos los contribuyentes, pasó por el Congreso un día antes y superó la prueba con sólo 24 diputados de ventaja. La nueva ley, promulgada sólo dos semanas desde la llegada al poder del tándem Fernández y Fernández, nace con la intención de atajar la tasa de pobreza, que se ha ido al 40% de la población, revertir la depresión económica (este año la economía decrecerá más de un 3%) y frenar la inflación, que supera holgadamente el 50%.
Tal y como era previsible el plan no toca el gasto público, se limita a poner los medios para que el Estado gaste incluso más mediante nuevos impuestos a las rentas medias y altas. De las bajas poco se puede sacar porque están en la mera subsistencia. También incluye congelación de las pensiones y, lo más llamativo de todo, el regreso de los cambios especiales con el dólar, más concretamente el llamado «dólar turista», que lleva un recargo del 30% en forma de tasa, lo que coloca el billete verde muy lejos del alcance del argentino de a pie.
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