Hace justo un año, entre el 3 y el 7 de mayo de 2010, el Reino de España entró en quiebra. Fue una semana negra, los inversores llegaron a rechazar bonos que se remuneraban con tipos de interés de hasta el 18%. Como resultado, las principales Bolsas europeas cayeron en picado, la española se dejó un 14%. Entretanto corrían los rumores de que el Gobierno español estaba estudiando pedir un rescate que se acercaba a los 300.000 millones de euros para poder refinanciar los vencimientos de deuda. El país se encontraba en situación de insolvencia. Ese mismo fin de semana, aprovechando el cierre de los mercados, durante una reunión a contrarreloj en Bruselas, se aprobó el rescate y la intervención. El lunes las Bolsas rebotaron y el Gobierno retomó el aliento.
La ayuda que la Unión Europea y el FMI prestaron a España in extremis durante aquel fin de semana no era gratuita. Al dinero imprescindible para que Zapatero pagase las deudas que, irresponsablemente, había contraído previamente, le acompañó un plan de ajuste que, de grado o por la fuerza, el Gobierno tendría que adoptar. Fue entonces cuando se anunciaron polémicas medidas como la rebaja en el sueldo de los funcionarios, el alargamiento de la edad de jubilación hasta los 67 años o la reforma de las cajas de ahorros. Zapatero no creía en aquellas medidas, pero tuvo que aplicarlas a regañadientes para evitar una catástrofe segura, que, de producirse, se hubiese cifrado en la bancarrota soberana y, muy posiblemente, en la destrucción de la moneda única. Por eso Europa intervino.
Ha pasado un año y el Gobierno, preso de sus complejos ideológicos, ha ido aplicando las reformas tímidamente, con la cadencia justa para evitar el colapso. Por lo demás el Estado sigue arrastrando una descomunal deuda que no hace más que crecer por el empeño de gastar más, mucho más, de lo que ingresa. A lo largo de los últimos doce meses España ha ido sorteando con más pena que gloria la suspensión de pagos, ha emitido miles de millones de euros en títulos de deuda con la intención de ir tirando hasta el final de la legislatura. Lo que no ha hecho es la reforma principal, que consiste en recortar el gasto hasta cuadrarlo con unos ingresos que no hacen más que decrecer por culpa de la inactividad de la economía nacional, cuyo monoproducto es, desde hace tres años, la generación de desempleados.
El estado de la economía a estas alturas de la crisis es el propio de un enfermo terminal. El país no crece y no hay expectativas de que vaya a hacerlo en mucho tiempo. Las malas inversiones realizadas durante la bonanza están lejos de purgarse. No hay brotes verdes por ningún lado, las recaudaciones fiscales descienden y los estabilizadores automáticos se están comiendo el presupuesto en forma de improductivos subsidios que ahogan cualquier atisbo de recuperación. La fiscalidad se ha endurecido y la creación de riqueza por parte de los empresarios se persigue con saña. Un círculo vicioso del que va a ser muy complicado salir.
Y en estas hemos llegado a la primera de las convocatorias electorales que tendrá que atravesar el PSOE durante una crisis que, si bien no creo, si contribuyó a agravar hasta límites inauditos. Muy en la línea de los socialistas de todos los tiempos, están utilizando la mentira como arma política. Se lavan las manos de sus propios crímenes económicos y los cargan en el haber del rival, que, desde las Generales de 2008, ha venido ejerciendo de Pepito Grillo de los desmanes del Gobierno. El PSOE, tahúr consumado en periodo electoral, ha puesto toda su maquinaria a funcionar a pleno rendimiento para crear una versión alternativa de la realidad. Nada que no supiésemos, pero los españoles harían bien en extremar las precauciones y esta vez no dejarse engañar.
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