Ayer los taxistas de Madrid, Barcelona y el resto de ciudades españolas se manifestaron para que el Gobierno impida lo que ellos denominan competencia desleal por parte de los vehículos de turismo con conductor o VTC. La manifestación vino acompañada de una huelga que en Madrid duró hasta las seis de la tarde y en Barcelona fue de 24 horas. El descontento de los taxistas no es nuevo. Arrastran ya varios años de movilizaciones, huelgas y manifestaciones para luchar contra una serie de aplicaciones para móviles que han abierto y ampliado el mercado del transporte urbano de viajeros. Una versión puesta al día de la célebre petición de los fabricantes de velas que Frédéric Bastiat escribió en tono satírico hace más de siglo y medio. Nada ha cambiado desde entonces. Hoy los fabricantes de velas son los taxistas.
Lo más llamativo de ayer en Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades del país y, por lo tanto, en las que más gente se mueve, es que no pasó nada. Nada. Absolutamente nada más allá de la ruidosa manifestación que en la capital tuvo lugar en el paseo del Prado. Las dos urbes se siguieron moviendo sin problemas. Yo mismo circulé por el centro sin encontrar grandes problemas de tráfico. De hecho, por la mañana hasta se me antojaba que iba todo algo más fluido. En Madrid hay 15.000 taxis y si de golpe todos abandonan la calle se tiene que notar. Algo tan elemental creo que lo hemos visto todo: los madrileños, los barceloneses, los sevillanos, los bilbaínos y un largo etcétera. Si para el taxi no para la ciudad.
El taxi, a fin de cuentas, no es más que otro medio de transporte urbano. En Madrid para ir de un sitio a otro podemos hacerlo andando, en bicicleta, en moto, en autobús, en Metro, en tren de Cercanías, en coche, en coche compartido y, si vamos a la Casa de Campo, podemos incluso tomar el teleférico. También lo podemos hacer en taxi, que es cómodo pero caro. De ahí que el taxi solo lo coja habitualmente la gente que puede permitírselo. Nadie que no sea un potentado hace todos sus desplazamientos en taxi porque de lo contrario se dejaría el sueldo en ellos.
Pues bien, hace unos años aparecieron unas apps milagrosas (Uber y Cabify son las más conocidas) que permitían poner en contacto telemático a propietarios de automóviles privados (la oferta) con gente que quiere ir de un lado a otro (la demanda). La app se encargaba además de gestionar el pago, que era menos gravoso para el bolsillo del viajero que si hubiese decidido hacer el mismo trayecto en taxi.
Esto sucedió allá por 2013-2014. Los gremios del taxi de toda España saltaron como resortes. Es intrusismo decían. Llega aquí cualquiera y se pone a transportar gente, gente que de otra manera se movería en taxi. En aquel momento ya dije que aquel presupuesto de partida me parecía muy arriesgado porque las nuevas apps colaborativas estaban también creando mercado, ampliando la tarta por el lado de la demanda. Muchos que en su vida habían pedido un taxi empleaban ahora Uber por su comodidad y el precio más ajustado.
Los taxistas se quejaban también de que «los intrusos» no pagaban impuestos. El Gobierno se afanó en reformar la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) al tiempo que ponía mala cara y un rosario de multas a los conductores que aceptaban viajeros por su cuenta app mediante. Pero como sucede siempre, mientras el Gobierno iba por un lado el mercado fue por otro. En España el uso y Uber y Cabify siguió aumentando, aunque esta vez para servir como intermediario entre clientes finales y empresas de vehículos sin conductor, los famosos VTC.
Los VTC si que pagan impuestos, más incluso que los taxistas ya que no se benefician del sistema de módulos. Solo pueden prestar servicios de transporte con contratación previa y, además, están sometidos a un sistema de licencias. Es decir, operan dentro de un marco legal bien definido que Rajoy se encargó personalmente de endurecer en 2015 antes de las elecciones restringiendo la oferta de licencias VTC, lo que ha ocasionado que éstas se encarezcan notablemente.
¿De qué se quejan ahora los taxistas? De que hay demasiadas licencias VTC. ¿Es eso cierto? No, no lo es en absoluto. En España hay 5.654 licencias VTC operando frente a las 70.223 de taxi, esto es, un automóvil VTC por cada 12 taxis. La ley dice que debe haber un VTC por cada 30 taxis. Pero el reglamento anterior a la reforma de 2015 daba a las Comunidades Autónomas libertad para conceder tantas licencias VTC como deseasen. Es decir, que la mayor parte de licencias se concedieron entre 2009 y 2015. Desde entonces apenas se otorgan nuevas.
Los taxistas quieren que se retiren licencias VTC de la circulación hasta que se alcance el ratio 1 taxi/30 VTC a pesar de que es una limitación arbitraria que no responde a más demanda que la de los taxistas. La propia ley faculta por lo demás a las CCAA a ajustar ese ratio a su gusto. Es decir, que si mañana la Comunidad de Madrid decidiese dar 10.000 licencias VTC más podría hacerlo sin vulnerar la ley aunque, eso sí, se buscaría un problema mayúsculo con los taxistas.
El reglamento rajoyano de 2015, un producto electoralista concebido para no malquistarse con el gremio del taxi es un disparate ya que limita deliberadamente la competencia y fomenta el monopolio en el sector del transporte urbano de viajeros. Quizá por eso mismo, porque clama al cielo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lo ha recurrido ante los tribunales.
Los taxistas, entretanto, siguen sin entender que apps como Uber y Cabify no son modas pasajeras para uso y disfrute de millenials adictos al móvil. Han venido para quedarse y hoy los emplean a diario millones de personas en todo el mundo para sus desplazamientos urbanos. En lugar de aprovechar esta diversificación de servicios y precios, este soplo de aire fresco en su negocio para reciclarse y salir ganando, piden al Gobierno más intervención, más multas y que la Ley cierre ese mercado solo para ellos. Imaginémonos que algo así sucediese en el gremio de las panaderías (el pan es más importante que el transporte urbano de viajeros). No aceptaríamos un cártel de panaderos, ¿verdad? Pues no se por qué tenemos que aceptarlo de taxistas.
Aquí entraríamos en un terreno más espinoso. Porque si se liberaliza por completo el sector ellos perderían lo más valioso que tienen, que no es precisamente el automóvil, es la dichosa licencia por la que en ciudades como Madrid llega a pagarse 140.000 euros. Visto así el caso es todavía más sangrante porque están pidiendo limitar la competencia y monopolizar de facto un mercado entero para salvaguardar su patrimonio.
No entiendo bien como los políticos de todos los partidos se han puesto de su parte. Lo que nos viene a demostrar como decía más arriba que los partidos van por un lado y la gente de a pie por otro. La calle habla un idioma muy distinto al de la política. Pero ellos son los que hacen las leyes por lo que no auguro nada bueno. Los grupos organizados siempre y en toda circunstancia se imponen a los grupos desorganizados.
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Hay que rescatar a los taxistas. Su inversión en la compra de la licencia debe ser tenida en cuenta. Y todos debemos ser forzados a compensar su pérdida, y por las mismas razones por las que se rescataron a los bancos. Todos los contribuyentes deben financiar el programa de salida. Lo suyo es liberalizar mucho el sector, permitiendo a los taxistas hacer negocios que hasta ahora están prohibidos (por ejemplo, que un taxista tenga una cartera de clientes o que firme un contrato de colaboración con otras empresas); y liberalizarlo tanto que las licencias tengan un precio razonable, digamos 100 euros.
La pérdida de patrimonio de los que han pagado decenas de miles de euros por su licencia debe ser compensada proporcionalmente a lo que tengan amortizado. Todos debemos apoquinar. Así es España. Nos guste o no ninguno queremos perder nuestros privilegios, y cuando la tecnología los nulifica todos los demás privilegiados deben pagar por la pérdida de privilegios de los afectados.
Así es el sistema caciquil, sectario, antieconómico, inmoral, injusto y radicalmente corrupto que a todos nos gusta y al que no vamos a renunciar. A pagar. A pagar como tontos, porque es lo que somos. Envidiosos, amargados, saboteadores, taimados, injustos, quejicones y malos razonadores. Cultivamos defectos y acabamos teniendo lo que nos merecemos. Es justo que suframos ignominias de este tipo.
Ahora bien, si nos entra un ataque de dignidad y hombría podríamos ponernos a cultivar virtudes y cosechar justicia. Además de cargarnos las licencias de taxis podríamos cargarnos el sistema de los notarios, los registradores de la propiedad, los colegios profesionales en general, los sindicatos, las universidades, las patentes, los derechos de autor, el monopolio sobre los tribunales de justicia, los aranceles, el salario mínimo, el IRPF, el IVA, el impuesto de Sociedades, y todas las demás estructuras legales que usamos para jodernos unos a otros. Una sociedad sin abusos ni ultrajes. A lo mejor sale bien.
¿ Y quien rescata a la gente que no puede pagar una hipoteca?.Una sociedad sin abusos es una sociedad justa y esa sociedad justa es la que tiene que pagar menos impuestos,esta sometida a pocas regulaciones,contratos que se respeten y ley que lo respalde.
No estoy de acuerdo con las licencias. Su único fin es que los Ayutamientos se financien con esa tasa, una tasa más. Si se deja a la gente usar su vehículo para transportar a otras personas, mediante una tarifa negociada entre particulares, el mismo mercado se equilibraría entre oferta y demanda; no habría millones de personas haciéndolo. Por otra parte, respecto a tu último párrafo, no me cargaría los notarios porque dan fé pública de los contratos entre particulares o entre particulares y empresas o entre empresas. Tampoco lo haría con los registradores de la propiedad, porque es la mejor manera de tener un registro oficial y legal de las propiedades o bienes inmuebles de personas y entidades; propiedad privada. Ahora bien, todo lo demás sí me lo cargaba: me cargaría la obligación de colegiarse para poder ejercer tu profesión, de abogado o arquitecto por ejemplo; los sindicatos deben existir, pero financiados con las cuotas de los afiliados, no con los impuestos de los españoles, como pasa también con los partidos políticos; las universidades públicas deberían desaparecer. Sobre patentes y derechos de autor, habría mucho que hablar… El salario mínimo lo único que hace es producir más paro. El IRPF debe existir, pero no descontado de forma coactiva por el Estado mensualmente de las nóminas de los trabajadores. El IVA no tiene más que sentido recaudatorio y el impuesto de sociedades se debería aplicar, igual que el anterior, de tipo fijo para grabar los beneficios o renta, no el capital. Finalmente, la justicia y su administración, como las fuerzas policiales y los Ejércitos, deben ser prerrogativas exclusivas del Estado.
Violentando a la competencia, a las ciudades y a las fuerzas de orden público, lo que también se conoce por derecho de manifestación y huelga, los taxistas se perdonan los argumentos legales y los emocionales de pena, pasando a tratar de imponer su criterio a los políticos, para que estos legislen, y hagan cumplir lo legislado, según sus particulares intereses, bajo amenaza de subir la escalada del conflicto. Los políticos, por evitarse líos, si pueden, transigirán. Los intereses de los usuarios expresados en el uso de la competencia y los argumentos legales de esta que los jueces no van ni a considerar, serán las víctimas de los licenciados.
Un cordial saludo.