Donald Trump anunció este lunes que demandará a la BBC por manipular un discurso suyo en un documental emitido hace más de un año con motivo de las elecciones presidenciales de 2024. En la demanda les pide una indemnización de mil millones de dólares. El documental unía dos fragmentos inconexos del discurso de Trump el 6 de enero de 2021 frente a la Casa Blanca poco antes de los disturbios del Capitolio. La edición daba la falsa impresión de que Trump incitaba abiertamente a la violencia.
Tras el anuncio estalló una crisis que se saldó con una disculpa pública del presidente de la empresa, Samir Sha, la dimisión del director General de la BBC, Tim Davie, y la directora de BBC News, Deborah Turness. El detonante fue la filtración al Daily Telegraph de un informe elaborado por Michael Prescott, un asesor de ética contratado por la empresa hace unos meses, en el que alertaba sobre sesgos en la cobertura de ciertas noticias relacionadas con Donald Trump y la guerra de Gaza. Eso bastó para que Trump se hiciese eco de la noticia acusando a la BBC de deshonestidad deliberada.
Este no es un incidente aislado. La BBC ha protagonizado muchas polémicas por falta de imparcialidad. El Ofcom, el regulador británico de comunicaciones, se ha quejado varias veces por esta razón. Una por no revelar que el narrador de un documental sobre Gaza era hijo de un líder de Hamás. En otra ocasión, Gary Lineker, un exfutbolista muy famoso, tuvo que ser despedido por unos tuits antisemitas. Las críticas hacia la BBC son, por lo demás, continuas en el parlamento. Acusan a la cadena de tener un sesgo claramente izquierdista y de tomar partido en ciertos asuntos de actualidad.
La BBC fue fundada hace más de un siglo y se financia con un canon anual de 175 libras (unos 198 euros) que debe pagar todo aquel que tenga un televisor. Esto para muchos es un impuesto injusto e innecesario en un momento en el que lo que sobra es televisión. Para otros la BBC es un motivo de orgullo nacional, que gracias a su buen hacer se ha convertido en un referente mundial. La propia sociedad británica está muy dividida al respecto. Unos piden que se cierre y otros que disponga de más recursos.
El caso reabre la polémica sobre los medios de comunicación de titularidad estatal en plena era digital. Estos medios pudieron tener sentido hace décadas, pero hoy ya son prescindibles, cuestan mucho dinero y hacen la competencia desleal a los operadores privados. Mientras otras cadenas de televisión y emisoras de radio tienen que financiarse con publicidad o mediante suscripciones, la BBC y el resto de televisiones estatales juegan con ventaja ya que se financian con dinero público o cánones obligatorios. No aportan nada en un panorama televisivo saturado en el que los jóvenes ni siquiera ven la televisión.
Financiar medios de comunicación públicos de este modo es absurdo cuando sobran opciones. Pero son un juguete muy atractivo para los gobiernos, que disponen así de una herramienta poderosa y bien financiada para apuntalar sus propios discursos. Los directivos de estas empresas obedecen a unos incentivos fácilmente predecibles que siempre pasan por complacer al gobierno. La polémica persistirá porque, a fin de cuentas, en el caso de que la BBC sea condenada, la indemnización saldrá del bolsillo de los contribuyentes.
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