El parlamento marroquí aprobó ayer la extensión de su frontera marítima en el océano Atlántico extendiendo 150 millas náuticas al suroeste de Canarias. Pasa de este modo a formar parte de su zona económica exclusiva en la que se reserva la explotación de su riqueza pesquera y mineral. El asunto lleva más de diez años negociándose, pero el Gobierno español y el marroquí no han llegado a acuerdo alguno, así que Rabat ha pasado a la política de los hechos consumados apropiándose de aquellas aguas bajo las que no hay petróleo, pero si cuantiosas reservas de telurio, un metal escaso y muy empleado en la industria de la electrónica.
Esas reservas no son hoy por hoy explotables por lo que esto hay que leerlo en clave de pulso al Gobierno de Pedro Sánchez, el segundo en menos de año y medio tras el cierre de la aduana en Ceuta y Melilla. La monarquía alauita atisba debilidad en Madrid y hace lo que siempre ha hecho: provocar un pequeño conflicto para ver que pasa.
La nueva ministra de Exteriores, Arancha González Laya, había programado una visita a Marruecos que arranca mañana por lo que se encontrará con el órdago encima de la mesa. Puede aceptarlo y tragarse el sapo o denunciarlo ya que la decisión marroquí no se ajusta al derecho internacional. Pero si lo denuncia tendrán nuevos problemas. Marruecos administra el flujo de inmigrantes ilegales en el estrecho y el mar de Alborán, uno de los puntos débiles de Sánchez y donde más daño puede hacerle.
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Las aguas de la discordia
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