A finales de marzo la Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció que enviaría una delegación a Moscú en abril para someter a examen la vacuna rusa contra la covid, conocida como Sputnik V, desarrollada contrarreloj durante el año pasado por el Instituto Gamaleya. Tanto las autoridades rusas como las de la Unión Europea esperaban que para esta misma semana los exámenes concluyesen y la EMA diese su aprobación, lo que permitiría acelerar la vacunación. La aprobación no ha llegado aún, aunque se espera que lo haga en breve, en unos pocos días, a lo sumo una semana.
La EMA realiza dos controles en Moscú. Por un lado comprueba que los fabricantes de la vacuna observen la normativa europea relativa a la fabricación de fármacos. Por otro verifican que se han respetado los derechos de los participantes en los ensayos clínicos y constatan que los datos obtenidos durante estas pruebas son fiables. A este respecto, según una información que difundió la agencia Reuters en diciembre, funcionarios rusos y militares que participaron en los ensayos clínicos de Sputnik no eran realmente voluntarios.
Que la EMA autorice o no esta vacuna no significa que los Estados de la Unión puedan autorizarla por su cuenta. La urgencia es máxima porque no alcanzan las dosis de Pfizer y AstraZeneca y las de Johnson & Johnson están bajo sospecha por algunos efectos secundarios que se han detectado. En Alemania urge especialmente porque hay mucha gente que vacunar, la situación económica se ha complicado mucho en los últimos meses y en septiembre habrá elecciones federales. En otros países como España sucede algo parecido. La Comunidad de Madrid sondeó hace unas semanas la compra de dosis a Rusia al margen del Gobierno lo que ocasionó un pequeño escándalo político.
Pero las relaciones entre Moscú y Bruselas no atraviesan por su mejor momento. Los roces son continuos y la vacuna se ha convertido en un asunto de Estado con el que Putin pretende apuntarse un tanto a costa de una Unión Europea en horas bajas.
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