Este lunes Pedro Sánchez anunció que propondría para la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado, ministra de Justicia hasta hace sólo unas horas. Una persona de la máxima confianza para un cargo que debe ser independiente e imparcial porque desde ahí se impulsan infinidad de procedimientos judiciales. El nombramiento, que corresponde al Rey pero a propuesta del presidente del presidente del Gobierno, ha sido inmediato, en el Consejo de ministros de este martes y que, por deseo expreso del propio Sánchez, pasará a celebrarse los martes y no los viernes como venía siendo habitual.
La noticia del nombramiento de una ministra de Justicia como Fiscal General ha causado estupor ya que compromete la independencia y la imparcialidad de esta institución que, con alguien tan descaradamente partidista como Delgado, podría terminar convirtiéndose en la fiscalía general del Gobierno y no del Estado. Muchos aseguran que esa precisamente es la intención de Sánchez, adueñarse por completo de la fiscalía para ponerla a su servicio. Lo cierto es que, por el programa que trae bajo el brazo y las promesas que ha hecho a sus socios, va a necesitar doblegar a la Justicia y ponerla de su lado.
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