La llegada de Pedro Castillo a la presidencia de Perú compromete seriamente la viabilidad de la democracia peruana que, tras los acontecimientos de los últimos cinco años, se encuentra ya muy lastimada. No es sólo culpa de Pedro Castillo que ni siquiera ha empezado a gobernar. Desde 2016 la política peruana ha sido lo más parecido a un estanque lleno de pirañas. Las operaciones encubiertas o a la luz del día destinadas a laminar a los adversarios políticos han sido la norma, no la excepción. En este viaje a ninguna parte no ha quedado al margen la justicia, que se ha convertido de un tiempo a esta parte en un campo de batalla político casi tan importante como el Congreso.
Todo esto ha contribuido a la percepción general entre los peruanos de que la democracia no funciona, ya sea porque no produce resultados prácticos de estabilidad y bienestar, ya porque todos los políticos son corruptos y únicamente buscan su beneficio personal, por eso se acuchillan como si fuesen familias de mafiosos de Nueva York. En las elecciones presidenciales de este año eligieron a candidatos populistas y antisistema a ambos lados del espectro político. Los dos finalistas apenas obtuvieron (sumando a ambos) el 33% de los votos en la primera vuelta. Muchos peruanos decidieron votar en blanco o quedarse en casa. En la primera vuelta el 15% de los votos fueron en blanco, es decir, que el voto en blanco superó a los que obtuvo Keiko Fujimori y se quedó cerca de los de Pedro Castillo. Un poco más y en primera vuelta el partido ganador hubiera sido el del voto en blanco. Este dato sobre las elecciones de Perú creo que no se ha comentado lo suficiente, pero es definitivo para apreciar la gravedad del problema.
Tras mes y medio de escrutinio y múltiples impugnaciones, hace unos días el Jurado Nacional Electoral declaró vencedor a Pedro Castillo y acaba de tomar posesión del cargo. Pedro Castillo es el candidato de Perú Libre, un partido de extrema izquierda que se ha propuesto desactivar importantes instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional o la Oficina del Defensor del Pueblo, un tipo a quien no le gusta que le lleven la contraria desde la prensa y que promete acabar con la burguesía limeña. Fujimori, que no requiere mucha presentación porque es hija de su padre, era una candidata acosada por numerosos escándalos de corrupción que pasó varios meses en la cárcel el año pasado. Aunque ambos son populistas y socialmente conservadores, tienen puntos de vista muy diferentes sobre la economía y el papel del Estado.
Una parte importante del electorado temía los resultados porque no les gustaba ninguno de los dos candidatos principales. Muchos, tras la victoria de Castillo andan ahora preocupados por la posibilidad de que pueda concentrar mucho poder y seguir una senda autoritaria parecida a la de los chavistas en Venezuela. No se les puede culpar. Castillo habló de más durante la campaña, hizo declaraciones un tanto inquietantes, incluidas algunas que dan motivos sobrados para preocuparse. Llegó a decir, por ejemplo, que estaría dispuesto a cerrar el Congreso en el caso de que se oponga a las reformas económicas y políticas que trae en la agenda. Tampoco le caen bien los jueces independientes ni la prensa que le critica. Pero la historia reciente de Perú apunta más hacia la ingobernabilidad que hacia el autoritarismo. El Congreso peruano permanece fragmentado y el partido de Castillo carece de mayoría.
A Castillo no le quedará otra opción que reordenar prioridades y atenerse a la realidad, al menos mientras el Congreso y el poder judicial sigan en funcionamiento. Es posible, de cualquier modo, que en los próximos años las instituciones democráticas terminen muy erosionadas porque a Castillo no le gustan. El nuevo presidente duda de que tengan legitimidad, las considera parte de la superestructura burguesa de dominio. Si, ya se que eso parece algo delirante, pero de casta le viene al galgo y Castillo procede de donde procede, de la extrema izquierda peruana de querencias revolucionarias. También es prácticamente seguro que la élite limeña reaccione contra Castillo y trate de buscarle la ruina por todos los medios. Lo que no sabemos aún es qué medio emplearán para hacerlo.
En cinco años Perú ha tenido que ver la renuncia de dos presidentes, un cierre del Congreso, unas elecciones anticipadas, un juicio político presidencial y el encarcelamiento preventivo de los principales líderes políticos del país.
No sería este un problema nuevo. Desde 2016 con la elección de Pedro Pablo Kuczynski, Perú ha empalmado las crisis políticas. El choque continuo entre los poderes ejecutivo y legislativo ha hecho que pasen cuatro presidentes por la casa de Pizarro en un período de apenas cinco años. En parte esto se debe a la actitud irresponsable de la clase política, que prioriza su propia agenda personal y utiliza todos los mecanismos constitucionales y judiciales a su alcance para perseguir a sus enemigos políticos y liquidarles, machacando de paso la confianza en las instituciones. En cinco años Perú ha tenido que ver la renuncia de dos presidentes, un cierre del Congreso, unas elecciones anticipadas, un juicio político presidencial (lo que allí denominan proceso de vacancia) y el encarcelamiento preventivo de los principales líderes políticos del país.
Decisiones tan extremas han llevado a las frágiles instituciones de Perú a un punto de ruptura. Perú no solo tiene la mayor tasa de mortalidad por covid-19 del mundo, sino que también ha sufrido una debacle económica muy pronunciada. La economía se contrajo el año pasado más de un 11%. Así, mientras los peruanos andaban preocupados por gestionar la crisis y protegerse de la pandemia, la clase política se centraba en atacarse entre sí. La decisión del Congreso de destituir al expresidente Martín Vizcarra a finales de 2020 acusándolo de corrupción fue la gota que colmó el vaso provocando protestas masivas en todo el país.
Si viajamos cinco años en el tiempo hasta 2016, Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori por un pequeño margen de dos décimas de punto. En represalia, la mayoría fujimorista en el Congreso boicoteó las iniciativas del Gobierno y se dedicó a la caza y captura de sus ministros. Al final, indujeron la destitución de Kuczynski basándose en sus supuestos vínculos con el escándalo de corrupción Lava Jato. Como resultado, el presidente dimitió en 2018 cuando se hicieron públicos unos videos que mostraban la negociación de compra de votos para evitar el primer intento de juicio político. Le sucedió su entonces vicepresidente, Martín Vizcarra. El escándalo dio la excusa perfecta para que la oposición siguiera atacando al Gobierno. Meses después, la propia Keiko Fujimori fue detenida por orden judicial y permaneció en prisión varios meses por estar vinculada con el escándalo de Lava Jato
Hace un año y medio, cuando irrumpió la pandemia de golpe y empezó a devastar la economía y la salud de los peruanos, Lima era ya un volcán político en erupción y el hartazgo popular era generalizado
Lava Jato ha arrasado la política peruana. La mayor parte de los políticos han apoyado el uso indiscriminado de la prisión preventiva contra sus adversarios para lograr ventajas políticas y ganancias electorales. En este contexto, Vizcarra se aseguró el apoyo popular al promover una agenda reformista y anticorrupción a pesar de que la oposición fujimorista no hacía más que ponerle zancadillas. Tras eso se valió de una treta legal para cerrar el Congreso y convocar elecciones legislativas anticipadas. Aquello no ayudó a resolver la crisis política ni a mejorar la percepción pública de su Gobierno. Aunque la medida era al principio bastante popular, el resultado fue una mayor tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo una vez que se conformó el nuevo Congreso. Hace un año y medio, cuando irrumpió la pandemia de golpe y empezó a devastar la economía y la salud de los peruanos, Lima era ya un volcán político en erupción y el hartazgo popular era generalizado.
El año pasado la pandemia hizo aflorar con crudeza los problemas políticos y económicos del país. De golpe tres millones de peruanos volvieron a caer en la pobreza y eso ha terminado teniendo un impacto directo en las elecciones de este año. En la segunda vuelta el sur y el centro de la región andina del país, con altos niveles de pobreza, apoyaron masivamente la propuesta de cambio radical de Castillo. No fue algo sorprendente. En Perú hay una gran fractura socioeconómica en función de las distintas regiones del país. Los votantes de las regiones rurales del interior sienten que nadie les escucha en Lima. Estos son los peruanos que han hecho a Castillo presidente.
Pero no va a ser todo tan fácil como conseguir votos en las regiones pobres. Castillo tendrá que vérselas con la estrategia obstruccionista de Keiko Fujimori como ya se las vio Kuczynski hace un lustro. Así que es probable que el Congreso de Perú vuelva a intentar destituir al presidente. La interpretación caprichosa de la «incapacidad moral» como causa para eliminar a Vizcarra en 2020 sienta el peligroso precedente de que se puede utilizar cualquier causa por vaga y difusa que sea para aventar a un presidente. Aunque el partido de Keiko Fujimori ya no tiene mayoría parlamentaria, la distribución del Congreso favorece claramente a las coaliciones de derecha, algunas de las cuales ya se han unido para hacer las impugnaciones de fraude electoral de estos dos últimos meses. Bajo un escrutinio parlamentario constante, sin coaliciones políticas y sociales leales a él y con una base electoral pequeña, Castillo probablemente enfrentará una campaña constante para minar su presidencia. Esto podría llevar a un Gobierno inestable dedicado casi en exclusiva a sobrevivir. Si en ese punto Castillo decide tirar por la calle de en medio y romper el sistema desde arriba las consecuencias son imprevisibles, pero en absoluto buenas. En fin, dejemos que las cosas sucedan, pero lo cierto es que no tienen muy buena pinta.
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