Hace poco más de un mes, el 4 de abril, Joe Biden calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, de “criminal de guerra” en respuesta a las imágenes que mostraban los cadáveres de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, una pequeña ciudad a las afueras de Kiev. Las unidades militares rusas que se habían retirado de las regiones colindantes con la capital y las ciudades de Chernígov y Járkov dejaron a su paso un panorama desolador perfectamente compatible con los crímenes de guerra. Biden prometió que tales crímenes serían juzgados en el futuro, pero no precisó como se llevará eso a cabo. De suceder harán falta muchos años y tienen que darse antes una serie de circunstancias políticas como que el régimen de Putin se desintegre y, tras ello, el nuevo Gobierno ruso decida entregarle al Tribunal Penal Internacional. Esto se antoja complicado porque el apoyo que tiene hoy en día Putin en Rusia es muy amplio. La invasión de Ucrania es, en definitiva, muy popular y la mayor parte de los rusos la apoyan.
Esto, claro está, podría cambiar en el futuro, pero para que el Tribunal Penal Internacional incoe un proceso contra los responsables de las atrocidades que se están perpetrando en Ucrania hace falta mucho más. Es necesario documentar de forma muy cuidadosa esas atrocidades, algo que puede llevar años porque la extensión e intensidad del conflicto es muy grande. El Gobierno ucraniano se encuentra en estos momentos recopilando información y tratando de documentarla lo mejor posible con ayuda de especialistas de la Unión Europea y Naciones Unidas, pero es un trabajo arduo que se puede demorar mucho tiempo.
Pero, aunque todo quede perfectamente acreditado con testimonios, fotografías y material de vídeo, el problema más peliagudo es cómo capturar al responsable último de estos crímenes y sentarle frente a los jueces del Tribunal Penal Internacional. Esto último tiene también una derivada política. Se corre el riesgo politizar el tribunal de La Haya y que parezca que se está pidiendo el enjuiciamiento de Putin para provocar un cambio de régimen en Rusia. Esto pone al Tribunal de La Haya ante una posición difícil La función de este Tribunal no es meterse en política ni opinar sobre la naturaleza de tal o cual Gobierno, sino dilucidar si se están cometiendo delitos de lesa humanidad en la guerra de Ucrania y castigar a quienes los han perpetrado.
Hay motivos para el optimismo, pero también para el pesimismo. Desde los juicios de Núremberg sólo se ha juzgado a un jefe de Estado por crímenes de guerra, el ex presidente de Liberia Charles Taylor, condenado por el Tribunal Especial para Sierra Leona, a 50 años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad. El presidente serbio Slobodan Milosevic no llegó a ser condenado porque murió de un infarto durante el juicio. Estos son los dos precedentes más inmediatos, pero se trata de dos países pequeños y sólo se pudo juzgar a los criminales después de que hubiesen salido del poder y con la ayuda de los Gobiernos locales. Que esto último se produzca en Rusia es algo complicado.
En La ContraRéplica:
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