La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viajo ayer a Argel para buscar soluciones in extremis ante el inminente cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME) que pasa por Marruecos y el estrecho de Gibraltar y que el Gobierno de Argelia cerrará el próximo domingo 31 de octubre. Ese día concluye el contrato entre Argelia, Marruecos, España y Portugal para que el gas natural extraído en los yacimientos del Sahara argelino llegue a la península ibérica.
El origen del problema es político. Argelia y Marruecos, cuyas relaciones diplomáticas ya eran mínimas, rompieron definitivamente el pasado 24 de agosto. Las fronteras entre ambos países están cerradas y los aviones marroquíes no pueden sobrevolar el espacio aéreo argelino. Esto motivó que a finales de septiembre el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se desplazase a Argelia para alcanzar un acuerdo que garantice el suministro. Argelia produce gas de sobra para atender el mercado ibérico, pero si se cierra el GME el suministro se tensará ya que sólo hay otro gasoducto de menor tamaño que va directamente de la costa argelina a la española y el recurso a los buques metaneros, que están muy demandados últimamente.
Para Marruecos el cierre del gasoducto Magreb-Europa supondrá un coste cercano a los 200 millones de euros que cobra en concepto de tasas de tránsito. Junto a ello se queda con 800 millones de metros cúbicos de gas a precio preferente. En España el problema va a ser mantener el suministro en pleno invierno, que es cuando más gas se consume, y en medio de una crisis energética global. Si se planifica adecuadamente podrá conseguirse, pero pagando más por el gas.
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