El ITP es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales que deben pagar los compradores cuando adquieren cierto tipo de bienes. Está cedido a las comunidades autónomas, de modo que cada región fija su porcentaje. En Madrid es del 6% sobre el precio de compra, pero quien adquiere una vivienda habitual por menos de 250.000 euros se beneficia de una bonificación del 10% en la cuota, lo que deja el tipo efectivo en el 5,4%.
Hace tres años compré la casa donde resido y trabajo. Cualquier contraescucha lo sabe porque aquí grabo mis ContraCrónicas, ContraHistorias y Contras en Directo. Me empadroné el 31 de mayo de 2023 y aquí recibo desde entonces la correspondencia y pago los suministros. Tanto el ayuntamiento de Madrid como la Agencia Tributaria saben que vivo aquí, así que, siguiendo el consejo de un asesor, solicité la bonificación. La única condición era residir tres años para acreditar vivienda habitual, plazo que ya he superado y no tengo intención de marcharme.
A finales de abril la Consejería de Hacienda me reclamó ese 10% más un recargo, esgrimiendo que no vivo en mi propia casa. Presenté la alegación con el certificado de empadronamiento, pero no ha servido de nada, ayer me llegó la notificación en la que me informan que no aceptan mi alegación. Según ellos mi domicilio fiscal sigue en mi casa anterior, algo que es falso, ya que lo cambié al mudarme, como puede comprobarse en la Agencia Tributaria.
Pese a las pruebas más que concluyentes, la Consejería ha desestimado las alegaciones y ha emitido la liquidación al tipo general más el recargo. Me ofrecen recurrir mediante un recurso de reposición y o reclamarlo en el Tribunal Económico Administrativo que depende del ministerio de Hacienda. He decidido pagar y olvidarme porque recurrir mediante un abogado me costaría más que lo que reclaman, que es inferior a mil euros. Se trata de un sablazo ilegal, propiamente un robo perpetrado por la administración. Para colmo, el pago telemático falla y remite a una página inexistente, la única alternativa es acudir en persona al BBVA con el dinero en efectivo y la carta de pago impresa. Traté de encontrar ayuda por vía telefónica, pero después de hora y media pasando de operador en operador y esperando la llamada se cortó. La Comunidad de Madrid emplea a más de 200.000 personas, pero son incapaces de hacer que una simple pasarela de pago funcione. Del servicio telefónico mejor no hablar. Para todo lo demás hace falta cita previa.
De este desastre y este asalto al contribuyente hay responsables, claro. La primera es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, que presume de bajar impuestos y defender al autónomo mientras, en la práctica, le cobra de más. Tras ella la consejera Rocío Albert, una pretendida economista liberal que lleva buena parte de su vida viviendo del erario público encadenando cargos políticos. Y por último el director general de tributos, Miguel Povedano, un digno discípulo de su jefa que lleva enchufado al presupuesto desde mucho antes de que le saliesen las primeras canas.
Albert se lleva cada año 124.851 euros brutos, Povedano 113.995 euros, salarios elevadísimos en España, tanto que por encima de 110.000 euros anuales solo está el 1,5% de los contribuyentes. El politiqueo es un negocio personal magnífico, pero pésimo para quienes lo padecen. En las elecciones autonómicas del año próximo se vote a quien se vote el atraco continuará o incluso empeorará, porque en realidad todos son muy parecidos, quieren vivir a nuestra costa y no descansan hasta conseguirlo. Una vez hecho eso se regodean haciéndonos la vida imposible.
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