El martes pasado el consejo de ministros aprobó la llamada Ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, un nombre largo y farragoso que se ha quedado en un simple «Ley Montero» o «Ley del si es si» por uno de sus puntos más polémicos. El proyecto de ley, salida del ministerio de Igualdad y apadrinada por Irene Montero, su titular, ha dado origen a una agria disputa no sólo entre el Gobierno y la oposición, sino dentro del Gobierno mismo.
La ley, a la que los ministros de Podemos han calificado como avanzada, es radical y extremadamente ambiciosa, tanto que en algunos puntos entra en conflicto con otras leyes y con la propia Constitución. El texto, en el que desaparece el abuso sexual como delito, pone el consentimiento de la mujer en el centro del debate y contempla modificaciones en el Código Penal como, por ejemplo, la tipificación del piropo callejero como delito con pena de arresto domiciliario, multa o trabajos comunitarios.
Pero lo más llamativo de esta ley es el enfrentamiento que ha ocasionado en el seno del Gobierno, donde no todos son partidarios de deslizarse por una vertiente tan radical que a la postre les podría costar muchos votos.
En La ContraRéplica:
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