El de 2020 está siendo el verano de los horrores para Podemos. Hace sólo ocho meses tocaron el cielo con la llegada al Gobierno y hoy se les amontonan los problemas: los políticos, los electorales y los legales. Con los primeros contaban. El paso por el Ejecutivo siempre deja magulladuras aunque también es cierto que no tantas como las que han sufrido estos meses. No esperaban encontrarse con algo como una pandemia cuya gestión ha sido desastrosa y que ha puesto al país en jaque. Pero de eso se puede salir ya dejando pasar el tiempo, ya auxiliados por un golpe de suerte, que, bueno es recordarlo, tiene las mismas posibilidades de ser mala -como hasta ahora- que de ser buena.
Pero la crisis sanitaria provocada por la covid-19 es ya el menor de los problemas para Podemos. Desde el mes de mayo se les han abierto dos nuevos frentes. Uno electoral y el otro judicial. El electoral se sustanció el pasado 12 de julio en las autonómicas de Galicia y el País Vasco. En la primera perdieron todos sus diputados regionales, en el segundo los redujeron a la mitad. Con ello han perdido poder contante y sonante pero no ha sido el único disgusto autonómico. Las trifulcas internas arruinan el partido por toda España desde La Rioja hasta Andalucía, donde la confluencia local, liderada por Teresa Rodríguez, acaba de saltar por los aires con gran revuelo mediático.
Pero aún siendo mala la permanente discordia interna no es la peor de las desdichas que afligen hoy a Podemos. Ese honor lo tienen los sucesivos problemas legales que arrancaron en mayo con el llamado caso Dina y continuaron después con la eclosión del caso Calvente, mucho más serio que el anterior y que ha terminado con parte de la cúpula y el propio partido imputados por un juzgado de Madrid. Esta causa la puso en marcha alguien de dentro, José Manuel Calvente, que hasta diciembre del año pasado era el coordinador jurídico del partido. Esto vendría a abonar la hipótesis de que Podemos se está deshaciendo desde dentro, autodestruyéndose poco a poco.
Los principales problemas que ha tenido este partido desde su irrupción hace seis años son autoinducidos. Desde el fiasco de las generales de 2016 Podemos no ha conocido reposo. Han ido dilapidando de forma lenta pero inexorable todo el capital político que adquirieron durante sus dos primeros años de vida, cuando se presentaban como un partido nuevo, impoluto, transversal, nacido desde abajo y que venía a regenerar la política española. Los dos casos que amargan ahora la existencia de Pablo Iglesias tienen su origen en disputas internas. El caso Dina nació como un más que probable despecho amoroso que luego se trató de ocultar creando una falsa trama con las “cloacas del Estado” como protagonistas. El caso Calvente nace con un despido improcedente que se tapó con un acoso sexual fabricado.
Este último escándalo es el más grave que ha enfrentado la formación desde sus orígenes porque impacta de lleno en la ejecutiva e involucra al partido en sí. Lo hace, además, con un argumento demoledor: la corrupción, concretamente la financiación irregular. Podemos hizo buena parte de su fortuna política denunciando la corrupción del PP. El caso Bárcenas y la caja B de Génova fueron dos de los principales reclamos políticos, mediáticos y electorales del Podemos de hace un lustro, aquella época ya tan lejana en la que Iglesias y otros líderes del partido -muchos de ellos ya purgados- arremetían en los platós de televisión contra Rajoy por las cuestionables prácticas contables de su tesorero. El caso Gürtel, de hecho, fue quien terminó llevándose por delante al PP. Sobre él se justificó la moción de censura de mayo de 2018 que colocó a Pedro Sánchez en la Moncloa.
Hoy el tesorero que está imputado es el de Podemos, Daniel de Frutos, a quien Calvente acusa de oscurecer las cuentas de Podemos. Junto a él está imputada parte de la ejecutiva incluyendo al número dos de Iglesias, Juan Manuel del Olmo, y la gerente del partido, Rocío Esther Val, una pablista de estricta observancia con muy poca exposición pública. La madriguera podría ser incluso más profunda porque están bajo sospecha algunos pesos pesados como Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero, ideólogo del partido y uno de los iconos mediáticos de Podemos desde su fundación.
No estamos, por lo tanto, ante un asunto menor ni ante “justicia prospectiva” tal y como decía hace unos días Pablo Iglesias desde su cuenta de Twitter, sino ante algo muy serio que, por formar Podemos parte del Gobierno, tiene implicaciones mucho mayores. Si tras la imputación el juez decide abrir juicio oral sentando a los investigados en el banquillo las dimisiones habrán de venir en cadena. Podríamos pensar que esto a Pablo Iglesias ni le va ni le viene ya que él no está imputado, pero si lo está el partido en el que él ejerce de secretario general. Esta exigencia se la fijó él mismo durante un debate electoral el año pasado.
A Pedro Sánchez esto le generaría un problema y una oportunidad. El problema es obvio, tendría que desmontar el Gobierno de coalición y quedarse a solas con 120 escaños en el Congreso. Eso le imposibilitaría gobernar y tendría, además a los restos de Podemos armando ruido en la calle. Pero sería también una oportunidad ya que le permitiría soltar lastre y buscar una nueva coalición a la derecha. Son escenarios hipotéticos pero plausibles. También podría suceder que esta crisis de Podemos desemboque en una crisis terminal de Gobierno y Sánchez se la juegue convocando elecciones antes de final de año.
Lo que parece fuera de toda duda es que esto no es un contratiempo intrascendente como tantos que ido sorteando Podemos en los últimos años. Es algo mucho más gordo y que posee una carga simbólica evidente por la naturaleza del caso. La oposición dará cuenta hasta la última migaja de este regalo inesperado que deja a Podemos definitivamente tocado en la víspera de un otoño en el que todo va a conspirar contra ellos.
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