Este miércoles un AVE de Renfe embistió a un tren de Iryo detenido en Urda (Toledo), sobre la misma línea Madrid-Sevilla donde descarriló el de Adamuz hace nueve meses. La seguridad ferroviaria descansa en capas superpuestas para que nunca fallen todas a la vez, pero aquí cayeron las tres. Primero se vino abajo el sistema de señalización en cientos de kilómetros, una tecnología antigua que debía haberse sustituido hace años y cuya renovación se adjudicó pero jamás se ejecutó. Luego el centro de control de Adif autorizó al AVE a circular a velocidad normal cuando sabía que el Iryo seguía parado y sin poder reiniciar su equipo. Por último, durante más de diez minutos nadie avisó a nadie y el AVE avanzó sin frenar hacia una vía ocupada.
Tras el accidente de Adamuz, el Gobierno de Pedro Sánchez esquivó toda responsabilidad a base de propaganda y sentimentalismo, y todavía hoy no existe explicación oficial. Ocurre lo mismo con el apagón, la DANA o el asalto a Ceuta, siempre es culpa de otro, nunca del Gobierno. El Ministerio de Transportes pasó de José Luis Ábalos y su presunta trama de mordidas a Óscar Puente, cuyo principal trabajo consiste en insultar a los ciudadanos en las redes sociales. Los puestos técnicos se repartían por fidelidad entre militantes. Con recaudación récord y miles de millones de fondos europeos, las infraestructuras se deterioran y España se tercermundiza a costa de vidas humanas. Las tragedias no deben politizarse, pero eso no significa que no haya que preguntar qué pasó, quién responde y cómo evitar que se repita. Lo verdaderamente insoportable es que esas preguntas ya se hicieron hace nueve meses.
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