Tal y como se esperaba hace unos meses, los indicadores económicos en España no hacen más que empeorar. El desempleo ha repuntado con fuerza, los cierres de empresas se han disparado, la deuda y el déficit están por las nubes, y la caída del PIB a lo largo de este año es la mayor del mundo desarrollado. A modo de aviso la OCDE advirtió anteayer que España crecerá el año próximo la mitad de lo que prevé el Gobierno, es decir, que no se terminará de recuperar hasta 2023 como pronto.
La razón de este súbito empeoramiento de las previsiones hay que ir a buscarla al pésimo tercer cuatrimestre que está atravesando la economía española, que venía tocada y que ha recibido un nuevo varapalo con la segunda ola y su cortejo de restricciones a la movilidad, toques de queda y cierres forzosos de muchos negocios. Sectores como el turismo o la exportación que suelen actuar como válvula de escape en periodos de crisis, están averiados, lo que complica aún más las cosas. El Gobierno, entretanto, ha decidido afrontar esto con más gasto público y subidas de impuestos, una receta típicamente socialdemócrata que no funcionó en el pasado y que, por lo tanto, nada indica que vaya a hacerlo en el presente y en el futuro.
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