De entre la veintena de órdenes ejecutivas que el presidente Biden ha firmado la última semana para derogar el trumpismo por la vía rápida, una de ellas, la firmada este lunes y bautizada como “Buy American”, viene a consolidarlo. Esta orden da prioridad a las empresas estadounidenses para contratar con el Gobierno federal, lo cual no es nada nuevo, ya existe una ley desde 1933, la “Buy American Act”, que exige eso mismo, pero a la vez deja abierta la puerta e infinidad de excepciones que las empresas aprovechan colocando al Gobierno productos con el sello “Fabricado en EEUU”, aunque realmente estén fabricados fuera.
La orden ejecutiva de Biden tiene como objetivo promover la producción nacional incrementando las inversiones en la industria estadounidense y protegiendo de paso el empleo. El asunto suena como muy trumpista y, efectivamente, lo es. Trump ya intentó algo similar hace cuatro años, en 2017, poco después de llegar a la Casa Blanca, pero no sirvió de nada porque los contratistas del Estado se las apañaron para burlarlas. Lo que trae ahora Biden es una edición corregida y aumentada de aquellos decretos proteccionistas de la era Trump. Esta vez es probable que tampoco funcione
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