Este domingo dos encapuchados a bordo de una motocicleta irrumpieron en la barriada de El Rocío, en Isla Cristina (Huelva), y descargaron varias ráfagas de arma larga contra un grupo de personas. Murieron tres de ellas, una mujer de 39 años embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un joven de 16 que pasaba por allí. Otras dos personas resultaron heridas. Los agresores quemaron después la motocicleta en un pinar cercano para borrar sus rastros. La Guardia Civil apunta a un ajuste de cuentas entre los clanes Moriña y Salazar, una vendetta familiar tras la que se encuentra el problema del tráfico de drogas en la zona del estrecho y todo el sur peninsular.
El suceso, de hecho, no se entiende sin el narcotráfico que lleva décadas transformando esta parte de España. El estrecho de Gibraltar que tiene solo 14 kilómetros de anchura en su punto más angosto, ha sido desde siempre la puerta de entrada del hachís marroquí. Las narcolanchas, propulsadas por motores muy potentes de entre 1.000 y 1.500 caballos, pueden cruzar el estrecho en apenas 15 minutos y dejar la carga en territorio europeo. Alrededor de este negocio se ha ido conformando una infraestructura de almacenes para la mercancía, puntos de repostaje en alta mar y vigilantes. Mano de obra no les ha faltado ya que los narcotraficantes pagan bien a quienes trabajan para ellos. En muchas localidades este tráfico se ha convertido en una saneada fuente de ingresos para mucha gente, por lo que la ley del silencio dificulta cualquier investigación.
La presión policial sostenida sobre el Campo de Gibraltar ha provocado un desplazamiento hacia el oeste. La costa de Huelva y más concretamente la desembocadura del Guadiana se han convertido en auténticas autopistas para el narco. El salto del hachís a la cocaína, procedente de Colombia y destinada al mercado europeo, ha multiplicado los márgenes y la violencia. Las bandas van armadas ahora con fusiles de asalto y armamento de guerra.
La respuesta más ambiciosa arrancó en 2018 con el Plan Especial del Campo de Gibraltar y la creación del OCON-Sur, unidad de élite de la Guardia Civil que en cuatro años practicó más de 10.000 detenciones e incautó más de 1.400 toneladas de droga. En el verano de 2022 el ministerio del Interior la disolvió de forma inexplicable. Las incautaciones cayeron y el narcotráfico se expandió desde la costa almeriense hasta Sevilla capital.
La violencia se ha disparado. En febrero de 2024 murieron dos guardias civiles en el puerto de Barbate embestidos por una narcolancha, en mayo de 2025 fallecieron otros dos frente a Huelva y en octubre murió un agente portugués en el Guadiana. En abril se intervino en Gibraleón el mayor alijo de cocaína de la historia junto a un arsenal excepcional.
Tres factores explican este auge. El económico porque un fardo de cocaína cuesta 15.000 euros al por mayor y se vende por 50.000 o 60.000. El organizativo, una estructura atomizada que se reorganiza rápidamente. Y el social, con barriadas en las que un piloto de lancha gana 40.000 o 50.000 euros por viaje. Frente a eso poco opone el Estado, las patrulleras escasean, la geografía juega en su contra y falta coordinación entre España, Portugal y Marruecos. Isla Cristina resume un problema que ha dejado de ser local y exige abordarse como un asunto de Estado.
En La ContraRéplica:
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