El mes pasado fue inaugurado en Madrid el campus de la Universidad Francisco Marroquín, una casa de estudios guatemalteca completamente desconocida en España más allá de un reducido círculo de profesores y activistas liberales. El acto pasó desapercibido en la prensa local. Apenas una entrevista en una emisora de radio de carácter conservador y una reseña en el diario digital que cuelga de la misma.
No fue algo extraño. En Madrid hay muchas universidades: 17 entre públicas y privadas. La más antigua es la de Alcalá de Henares, fundada a finales del siglo XV en tiempos de los Reyes Católicos. La más moderna es la Eclesiástica San Dámaso, dependiente del arzobispado, obtuvo la licencia universitaria hace sólo siete años pero funcionaba ya como centro de estudios y seminario conciliar.
Todas estas universidades procuran títulos oficiales reconocidos en España y en la Unión Europea a través de los convenios suscritos en el Espacio Europeo de Educación Superior. Todas las titulaciones oficiales en España llevan el sello del rey Felipe VI, que es quien de manera simbólica concede el título. Esta es una manera directa de saber si un título es oficial o es propio del centro, que algunas universidades también expiden, especialmente para los estudios de posgrado.
La UFM no tiene carácter oficial, es tan solo una universidad extranjera operando en España, algo perfectamente legal y que sólo requiere una autorización administrativa que no es difícil de obtener. Los títulos que expida, por lo tanto, no son oficiales ni estarán concedidos por el rey Felipe. Tampoco serán reconocidos a la par que los españoles en la propia España o en cualquiera de los 27 países integrantes de la Unión Europea.
Acceder a la condición de universidad en España es relativamente complejo y bastante costoso. Es necesario cumplir una regulación muy estricta. Quien quiera abrir una universidad debe pasar antes por estos trámites que pueden alargarse mucho en el tiempo. La administración justifica todas estas diligencias previas en la calidad educativa; quiere, en suma, colocar el listón bien alto para que sólo los que van muy en serio y tengan la solvencia adecuada puedan expedir títulos.
No sucede lo mismo en Guatemala, país en el que está muy desregulada la educación superior. Por allá es mucho más sencillo abrir una universidad, ponerla a funcionar y crear titulaciones propias. Tienen en Guatemala, además, la ventaja de que las universidades están exentas del pago de impuestos, lo que convierte a esta actividad en algo que puede llegar a ser muy lucrativo. De este esquema de funcionamiento no podrá beneficiarse la UFM en Madrid. En España las universidades pagan impuestos igual que cualquier otra empresa. Los impuestos, además, no son precisamente bajos.
Los requisitos académicos en Guatemala tampoco son muy estrictos. Vayamos con un ejemplo muy ilustrativo. Gabriel Calzada, rector de la UFM, era en España un simple profesor interino de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que, además, llevaba muy pocos años. Antes de eso no había enseñado en universidad alguna.
No tenía, y sigue sin tener, un curriculum académico especialmente brillante. Apenas cuenta con publicaciones en su campo -la economía- más allá de algunos informes menores y artículos en prensa. Su índice H (indicador que mide la cantidad de citas que han recibido sus artículos científicos) es 4. Su índice i10 (indicador que mide las publicaciones que se han citado al menos 10 veces) es 2. Los de Javier Ramos, rector de la URJC, son 19 y 31. Por poner sólo un caso de edad similar.
El vicerrector de la UFM, Javier Fernández-Lasquetty, no es siquiera doctor. No hizo carrera académica. Fue político del Partido Popular durante 30 años. Empezó en 1984 en las juventudes del partido y terminó en 2014 como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con Ignacio González, hoy sindicado en graves casos de corrupción.
Es muy probable que en una universidad española Calzada y Fernández-Lasquetty no hubiesen llegado a ocupar esos cargos. Tampoco es del todo razonable que los ocupen en Guatemala. ¿Es concebible que un político guatemalteco de segunda fila, uno que ha pasado media vida rodeado de corruptos, llegue a vicerrector en la universidad más cara de España? ¿O a un profesor auxiliar de la San Carlos sin méritos académicos alcance la rectoría en la prestigiosa Universidad de Navarra? No, no lo es.
No es casual que en Guatemala muchos se pregunten cómo la universidad más prestigiosa y la más cara del país esté gobernada por dos extranjeros cuyo currículo académico es manifiestamente mejorable. Tienen cinco años preguntándoselo.
Porque la UFM es muy cara para los baremos guatemaltecos, pero, a la vista de las clasificaciones, no destaca por su excelencia. En el QS Latin America University Rankings está en el fondo de la tabla. Tampoco destaca dentro de la propia Guatemala. En el mismo índice figura por debajo de la Universidad San Carlos (pública) y de la Universidad del Valle (privada). En el World University Ranking ni siquiera aparece, lo que constituye prueba inequívoca de su irrelevancia. Tampoco lo hace en el UniRank.
¿Es esto malo? No, igual que con los equipos de fútbol, hay miles de universidades en el mundo y sólo unas pocas están llamadas a la parte alta de las clasificaciones. En Madrid, además, se puede estudiar en varias universidades extranjeras con titulaciones no oficiales, pero esta carencia la compensan con el prestigio de la institución. Caso de la New York University, la Saint Louis University, la Suffolk University o el ESE de la University of Buckingham. Todas cuentan con campus propio en la ciudad.
La UFM acaba de entrar como vemos en un mercado muy competitivo y exigente en el que no lo va a tener fácil, una auténtica aventura que le exigirá grandes dosis de paciencia y un importante desembolso económico sostenido en el tiempo que los fiduciarios de aquella institución tienen que descontar desde ya. Dentro de la UFM muchos tal vez se cuestionen si sus nuevos amigos españoles son los más convenientes. Tanto los expatriados en la propia Guatemala como los de la propia España.
El campus de la UFM en Madrid tiene su sede en un pequeño edificio dentro de las instalaciones de una escuela de negocios llamada EUDE, una casa de estudios cuya oferta educativa son básicamente masters. Algunos oficiales otros propios. Los oficiales los certifica la Universidad Rey Juan Carlos. El nombre EUDE ha salido varias veces en prensa a cuenta de dos casos de corrupción muy célebres en España: el caso Púnica y el caso Lezo. El antiguo administrador único y consejero de EUDE, un tal Óscar Sánchez Moyano, está siendo investigado por ello.
¿Qué relación hay entre EUDE y la UFM? Es un misterio. Pongamos antes algunos datos sobre la mesa. Como apuntaba más arriba, el actual vicerrector de la UFM es antiguo miembro del gabinete de Ignacio González, éste último imputado hoy en el caso Lezo. Pero no es la única coincidencia.
Por la UFM se han dejado caer destacadas personalidades del PP de aquella época, hoy asediado en los tribunales. Lucía Figar, consejera también de Ignacio González, estuvo por allá en 2014. Dos años después fue acusada por la Guardia Civil de fraude, tráfico de influencias y malversación. Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid y madrina política de Ignacio González, estuvo en 2016, meses antes de retirarse de la política. Fue la invitada estrella del así llamado Foro Latinoamericano de la Libertad.
Seguramente de trate de simple casualidad y la de la UFM y EUDE no sea más que una coincidencia puramente postal. No harían mal, de cualquier modo, en aclararlo. Todo emprendimiento debe empezar con buen pie y prestando atención a los detalles que, como es bien sabido, es por donde siempre anda el diablo.
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