Dos sucesos inconexos entre ellos, pero unidos por sus protagonistas han sacudido a Francia a lo largo de la última semana. El día 23 un destacamento de policía desalojó violentamente a un grupo de refugiados afganos que habían acampado en la plaza de la República de París. Tres días más tarde apareció en la red un vídeo en el que se veía a tres policías golpeando a un productor discográfico de raza negra que, días antes, había sido detenido durante 48 horas por no llevar mascarilla. Ambos episodios han dado lugar a una cadena de manifestaciones que ha recorrido todo el país.
Los manifestantes denuncian la brutalidad policial algo que, según aseguran, es moneda corriente en Francia. El Gobierno de Emmanuel Macron ha respondido con un proyecto de Ley que restringe la publicación de imágenes de las fuerzas de seguridad del Estado. La iniciativa del Gobierno ha provocado disturbios callejeros y que muchos se pregunten si realmente el problema existe y si la llamada ley de “seguridad global” impulsada por Macron es una solución o, por el contrario, un intento del presidente para que este tipo de abusos queden impunes. El debate ha ido a surgir en un momento en el que el descontento recorre Francia de extremo a extremo. La pandemia está golpeando al país con dureza y la economía se encuentra en caída libre. El último problema con el que querría encontrarse Macron es con uno de orden público.
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