No, no se va a acabar Internet

Lo de la neutralidad de la red lleva unos años en boca de todo el mundo, pero pocos saben a ciencia cierta en qué consiste. Y como no lo saben pero la palabra que escogieron para denominar a este asunto es bonita todos están a favor de ella. A fin de cuentas, ¿quién no es neutral? De hecho nadie lo es, todos tomamos parte continuamente en prácticamente cualquier tema pero nos solemos identificar con la neutralidad. Algo similar le sucede a la imparcialidad, aunque esto se da más con los periodistas. La neutralidad y la imparcialidad existen, pero son difíciles de encontrar incluso en los jueces que deberían ser el paradigma de ambas virtudes. Luego cuando las encontramos nos parecen aburridas.

Pero esto de la neutralidad de la red nada tiene que ver con eso. Es un calco del inglés (net neutrality) que acuñó hace quince años Tim Wu, un profesor de la Universidad de Columbia. A grandes rasgos vendría a ser un principio en virtud del cual un proveedor de Internet debe dar acceso a todos los servicios de Internet y no sólo a partes. Tim Wu se trajo el término directamente de las redes telefónicas. Si tu eras abonado de, por ejemplo, Telefónica de España, podías llamar a un abonado de Deutsche Telekom en Alemania o a uno de Entel en Argentina. La red, aunque tuviese propietarios, estaba interconectada y era neutral.

Hasta aquí todo correcto. Es bueno que la red sea neutral, es decir, que me franqueen el paso a toda la red a cambio de una cantidad mensual. Claro, que también podrían no hacerlo, podrían cobrarme un extra por acceder a ciertas webs muy intensivas en consumo de datos como YouTube o cerrarme el acceso a otras simplemente porque a los directivos de la compañía esas páginas no les gustan. Hace 50 años Telefónica también podría haber puesto un suplemento por llamar a Argentina. De hecho lo puso. Una llamada telefónica entre España y Argentina en 1967 era prohibitiva. En cierto modo la neutralidad era real pero sujeta a que satisficieses las diferentes tarifas de las llamadas.

China es un ejemplo donde Internet no es neutral. Allí no se puede acceder a Google, ni a Wikipedia, ni a Facebook, ni a Twitter, ni a Instagram, ni a Vimeo, ni a SoundCloud, ni a Reuters, ni al Wall Street Journal, ni a The Economist ni a decenas de sitios más. Desde el pasado mes de septiembre tampoco se puede acceder a WhatsApp. No es el único país. Turquía, la India o Arabia Saudí también tienen una lista de webs prohibidas. En otros como en Cuba no se bloquea el acceso a sitios web, se bloquea a la gente. Para navegar por Internet en el «paraíso» de los hermanos Castro hace falta tener una licencia que concede el Gobierno.

En todos los casos anteriores la red dejó de ser neutral, pero no a causa de las operadoras, sino de sus respectivos Gobiernos. Seguramente a muchos operadores chinos les interesaría ofrecer a sus clientes la posibilidad de visitar Wikipedia o YouTube, pero si lo hacen tendrán que vérselas con la policía.

El miedo aquí no es ese. No proviene tanto del Gobierno como de los prestatarios del servicio de acceso a la red. Se teme que sean ellos los que vulneren la neutralidad y vayan parcelando la red en función de sus intereses, que no son tanto políticos como económicos. Es decir, que cuando un usuario contrate el servicio le presenten una carta, como en los restaurantes: acceso total tanto al mes, acceso sólo a aplicaciones de mensajería tanto, a redes sociales tanto, a servidores de vídeo en streaming tanto… y así sucesivamente.

Un drama, ¿verdad? Pues eso ya existe, especialmente en el entorno móvil. En Hispanoamérica es algo muy común. Hay tarifas incluso que sólo permiten acceder a Facebook desde el teléfono. A cambio son más asequibles que las que permiten el acceso a todo Internet. Esta es la razón por la que los que denuncian el fin de la neutralidad de la red hablan de una Internet para ricos y otra para pobres con las operadoras discriminando en función de lo que paguemos. Pero es que eso también existe. Cuando contratamos un servicio de acceso escogemos una velocidad y, a veces, una cantidad determinada de gigabytes al término de los cuales la conexión se interrumpe o se ralentiza. Si la queremos rápida e inagotable habremos de pagar más.

Nos puede fastidiar, y de hecho nos fastidia, quedarnos «sin datos» pero nos parece justo como nos lo parece el hecho de que, en un avión, los pasajeros de primera clase disfruten de más espacio, mejor comida y embarquen antes en la terminal del aeropuerto. Simplemente han pagado más y es natural que así sea. Nadie, a excepción de los envidiosos compulsivos, se ofenderá por ello.

Entonces, ¿qué pasará ahora que Trump ha anulado la orden administrativa (que no Ley) que imponía la neutralidad de la red? No pasará nada. Se ha vuelto a la situación anterior a 2015, cuando Obama emitió esa orden. Hasta entonces creo recordar que no hubo ningún problema en el acceso. Todo lo más que pudo pasar es que si a los proveedores se les prohibe discriminar por tipo de contenido lo harán por cantidad de bytes. Es decir, lo mismo pero de otra manera.

Las operadoras van a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que no es otra cosa que sacar el mayor partido posible a cada gigabyte negociado por sus redes. No podemos culparles, es su negocio, se deben a sus accionistas, que podríamos serlo cualquier de nosotros porque, por lo general, son sociedades que cotizan en Bolsa. Mientras siga existiendo competencia y el Gobierno no se meta donde no le llaman nada tendremos que temer. La competencia es importante porque siempre habrá algún operador que quiera ganar cuota de mercado a costa de sus competidores. Eso sólo se puede conseguir dando más por menos. Respecto al Gobierno es más importante aún porque hoy por hoy los Gobiernos son la única amenaza real que se abate sobre la red de redes. Ellos son los únicos que pueden apagar Internet.

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