El martes pasado fue el día de Andalucía. En principio nada reseñable. Era festivo y se celebraron los actos habituales. Pero sucedió algo que trascendió inmediatamente a toda España, especialmente a través de las redes sociales, porque los grandes medios no se interesaron demasiado por ello. Un grupo de valientes pancarta en mano recorría Sevilla (el barrio de Nervión más concretamente) pidiendo la supresión de un impuesto, el de Sucesiones, que en Andalucía es una salvajada. El ejemplo no ha tardado en cundir y ayer eran los asturianos los que se manifestaban en Oviedo por lo mismo. En ambos casos se trataba de pequeñas manifestaciones de cientos, de unos pocos miles de participantes en el mejor de los casos, pero eran muy simbólicas. Digo simbólicas porque es la primera vez que veo a alguien manifestarse contra el expolio sistemático y desvergonzado que las administraciones públicas perpetran contra nosotros.
Históricamente cuando al Rey o a los Señores se les iba la mano con los impuestos la cosa terminaba en revueltas. A veces se nos olvida que la insurrección comunera en la Castilla de 1520 y los sucesos de Cataluña de 1640 tienen en su origen un motín fiscal. En ambos casos el Rey necesitaba más dinero y las ciudades se negaron a entregárselo. En 1520 Carlos I quería que las ciudades castellanas con voto en Cortes le financiasen la corona del Imperio alemán, que había que comprársela a los príncipes electores mediante jugosos sobornos. En 1640 fueron los catalanes, -con muy buen tino, por cierto- los que se negaron a pagar las guerras de Felipe IV en Flandes. Pero no hay que irse tan lejos en el tiempo. En la Barcelona de finales del siglo XIX, en 1899 exactamente, hubo un pequeño motín anti impuestos. Se le conoce como «cierre de cajas» o «tancament de caixes». Sucedió a raíz de la subida de impuestos decretada por el gabinete Silvela tras la Guerra de Cuba. Los comerciantes de Barcelona empezaron a dar de baja sus empresas para no tener que pagar los nuevos impuestos que les había endilgado el Gobierno. El alcalde de la ciudad, en aquella época el Doctor Robert, les apoyó aunque luego el hombre tuvo que dimitir.
Trayendo esta última historia al presente no hubiese estado mal que el procés actual hubiera empezado con un cierre de cajas. Porque aquí mucho referéndum del 9-N, mucha estelada en los balcones, mucho parloteo en la tele pero a Hacienda ni tocarla. El Estado sigue recaudando en Cataluña hasta el último céntimo.
Sirva este inciso histórico para que constatemos por la vía de los hechos que esto de plantarse ante el Fisco no es algo nuevo. Nuestros antepasados lo hicieron. A veces les salió mal y otras bien pero no se privaron de protestar. En el último siglo han sido menos comunes es cierto, pero el último siglo fue muy movido por otras razones y, en el último tercio del mismo nos metimos en de cabeza en el Estado Providencia que padecemos ahora. El resultado es que las exacciones tributarias son desproporcionadas pero están hiperlegitimadas por una clase política que vive de ellas hace política con ellas.
Por eso nos encontramos con que, de 13 partidos con representación en las Cortes, los 13 son favorables a los impuestos altos. En esto apenas hay diferencias entre la izquierda y la derecha. Todos nos quieren asfixiar por igual y en cuanto llegan a la poltrona es lo primero que hacen. Todos consideran que los impuestos son buenos, necesarios y que, además, nunca son suficientes. Con tanto martilleo mucha gente ha terminado convenciéndose de ello. Por lo social, ya se sabe, por las carreteras y los hospitales. Rara vez te justifican los impuestos explicándote que la mitad del gasto público se va en nóminas de distinto tipo, probablemente porque lo desconocen y se quedan con el engañabobos de las carreteras y los hospitales. Los hay que no están convencidos, que saben del atraco, pero antes de reconocerlo en público harán mil matizaciones y diez mil contorsiones. No vaya a ser que los tomen por insolidarios, que es como se llama a los herejes en nuestros tiempos.
Por eso llaman la atención manifestaciones como las de Sevilla y Oviedo. Encontrarte frente a una pancarta que diga STOP IMPUESTOS es tan poco habitual que uno se rasca los ojos y lo primero que piensa es que se trata de una imagen adulterada con Photoshop. Diréis que vale, que muy bonito todo, pero solo reclaman el STOP para el de Sucesiones. Lo se, pero por algo se empieza. Lo raro sería que hubiesen comenzando pidiendo la abolición del IRPF.
El de Sucesiones es un impuesto especialmente confiscatorio porque grava capitales y bienes que ya han tributado una o varias veces. En Andalucía, por ejemplo, si vas a heredar 500.000 euros te toca pagar 100.000. El resultado es que muchos andaluces, los que pueden, se domicilian en Madrid a efectos fiscales para liquidar el impuesto allí. Otros directamente renuncian a la herencia y se la queda toda el Estado.
Es un impuesto que penaliza el ahorro y no precisamente el gran ahorro, sino el de la clase media porque los ricos pueden permitirse instrumentos que no están al alcance de la gente común. Es un impuesto asocial cuya razón de ser ni siquiera es recaudatoria ya que la cantidad recaudada por Sucesiones es pequeña, tanto en términos relativos como absolutos. Es, en definitiva, un impuesto ideológico, concebido para desposeer a los difuntos de una buena parte de lo que han acumulado en vida.
El impuesto de Sucesiones nace como una herramienta igualadora. Es decir, de la voluntad política manifiesta de que todos debemos empezar desde cero. Y como tal es algo muy injusto. Que una persona que ha trabajado y ahorrado toda su vida, que se ha privado de cosas para dejar algo a sus hijos, se encuentre luego con que esos mismos hijos no pueden hacer frente a los impuestos que se devengan de esa herencia es una injusticia como un piano. Es un robo, un robo legal pero no por ello menos robo. Y así hay que decirlo. Solo hace falta que la idea vaya calando. No estamos pidiendo la Luna, estamos pidiendo justicia. Luego ya, si eso, habrá que ir poniéndose con el IRPF.
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