El jueves pasado el Congreso de los Diputados su voto a favor de prorrogar el estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo. El presidente del Gobierno no tendrá que rendir cuentas de esta prórroga hasta dentro de dos meses y no se producirá votación alguna sobre la misma. Otra de las novedades será que las encargadas de aplicar el Real Decreto de estado de alarma son las comunidades autónomas y no el Gobierno central. Lo que conlleva que las medidas no serán las mismas en toda España. En función de la incidencia de la pandemia, los Gobiernos autonómicos podrán modular las restricciones impuestas a la ciudadanía.
Los primeros efectos del decreto no tardaron en dejarse sentir en forma de disturbios en varias ciudades. Empezó a Barcelona el viernes pasado y anteayer la protesta nocturna llegó a Madrid. Pero no son las únicas, ciudades como Valencia, Zaragoza, Burgos, Santander, Vitoria o Logroño han registrado altercados callejeros en los últimos días. Tras ellos se encuentra una amalgama de grupos antisistema cuya intención es poner a la policía en jaque. El Gobierno trata de aprovecharlo políticamente culpando a la derecha de esta ola de disturbios, pero podría ser el inicio de algo mucho mayor que se extienda a otras capas de la población porque la situación económica empeora por semanas.
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