Varias causas judiciales cercan a la formación liderada por Pablo Iglesias, un total de ocho que van desde el caso Neurona hasta el de la niñera de Irene Montero, pasando por el de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Bousselham que tanto dio que hablar hace unos meses y que sigue en curso. Algunas de las causas que durante los últimos meses les han atormentado tienen ya sentencias firmes. La última, muy reciente, de noviembre del año pasado, obligaba a Pablo Echenique, portavoz parlamentario del partido en la cámara baja, y a Juanma del Olmo a pagar 80.000 euros por llamar violador a un hombre que fue asesinado en 1985 con la colaboración de la candidata de la formación en Ávila, Pilar Baeza.
Sin salirse del Congreso, a finales de enero el diputado canario Alberto Rodríguez, secretario de organización de Podemos, fue imputado por el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad durante una manifestación en 2014. Un asuntillo menor este de Alberto Rodríguez al lado del que enfrenta Juan Carlos Monedero, ideólogo y cofundador del partido, que fue imputado en febrero por Juan José Escalonilla, titular del juzgado número 42 de Madrid por un presunto cobro de 26.200 euros poco antes de que Podemos contratase a la consultora mexicana Neurona para asesorías electorales. El dirigente de la formación deberá declarar el próximo lunes 15 de marzo. Tal y como vemos, un intrincado laberinto penal del que intentan defenderse cargando la culpa a las «cloacas» del Estado o atacando directamente al Poder Judicial.
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