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Cuando el pasado te viene a ver

Lo de los ERE de Andalucía ha sido como la obra de El Escorial. Desde que se dieron las primeras pistas en un diario de tirada nacional hasta la sentencia han pasado casi nueve años. Ya desde los primeros días el asunto apuntaba muy arriba, a la cúpula misma del PSOE andaluz que, en aquel entonces -y desde 1980- disfrutaba de un poder omnímodo en esa autonomía. Todo indicaba que se trataba de una estructura piramidal con el presidente de la Junta en su vértice superior.

Tan pronto como empezaron las detenciones se pudo comprobar que así era. El primero en caer en la red de la juez Alaya fue Francisco Javier Guerrero, antiguo director general de trabajo de Chaves. Su chófer, un tal Juan Francisco Trujillo, hizo una declaración en el juzgado en la que, sin ocultar los detalles más grotescos, esbozó un retrato muy ajustado de lo que había sido aquello. La llamativa historia de las fiestas y la cocaína permitió que una trama llena de complejidades, conseguidores y partidas contables descendiese al pueblo llano.

Este Guerrero fue un personaje capital para la investigación de la trama ya que estuvo en el epicentro del fraude. La partida presupuestaria 31L, la dedicada a ayudar a empresas que tuviesen que afrontar expedientes de regulación de empleo, pasaba en buena medida por sus manos, pero él era un simple director general. Nada podría haber hecho sin el conocimiento -y el consentimiento- de los consejeros de empleo y del propio presidente de la Junta. Ojo, no hablamos de una partida de 18.000 euros, sino de casi 700 millones.

Había, por lo tanto, una jerarquía y Guerrero no era más que un alfil en todo el entramado. Esto lo vio Alaya desde el primer momento y es por ello que la sometieron a todo tipo de ataques desde el PSOE, los sindicatos y la propia Junta. Hasta abucheos tuvo que soportar en la puerta del juzgado por parte de unos militantes de CCOO, que no encontraron mejor modo de vengar la detención de su jefe que escrachar a un juez.

La sentencia confirma esto mismo, la estructura jerárquica que operaba como una red perfectamente organizada, dedicada a la malversación de fondos públicos con intereses políticos porque cada euro defraudado por la banda iba dirigido a agrandar y hacer más densa una suerte de tela de araña en la que atrapaban voluntades y votos. La sentencia arrumba definitivamente la tesis de los cuatro sinvergüenzas que actuaban por su cuenta y riesgo desde la administración autonómica, sin que nadie ni por encima ni por debajo tuviese constancia de ello.

Pero a estas alturas y después de casi nueve años poco más se puede decir del caso ERE que no se haya dicho ya. Como con el caso de Gürtel, estamos hablando más de pasado que de presente. Guerrero, por ejemplo, lleva seis años en prisión y tanto Griñán como Chaves hace tiempo que fueron condenados a las tinieblas exteriores. Griñán, eso sí, tendrá que regresar de allí para ingresar en prisión. Chaves no habrá de pasar por ese mal trago, pero después de toda una vida en política que le llevó de la foto de la tortilla al consejo de ministros pasando por la presidencia de la Junta, se licencia con deshonor y negado por los suyos.

Pero aunque los hechos juzgados pertenezcan al pasado sí tendrá consecuencias políticas en el presente y en el futuro. El palo para el PSOE es notable. No sólo se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España, sino que salpica directamente a dos ex presidentes de la Junta y del propio PSOE. Chaves presidió el partido entre el año 2000 y el 2012, Griñán entre 2012 y 2014. Todo demasiado a la vista como para mirar hacia otro lado.

Si el PSOE estuviese en la oposición podría esconderse y argüir que ya están regenerados o en proceso de regeneración. Pero, como el PP cuando hace año y medio se conoció la sentencia de Gürtel, se da la circunstancia de que están en el Gobierno y no pueden esconderse aunque, con la dureza facial acostumbrada, están haciendo lo imposible para pasar desapercibidos como si esto no fuese con ellos.

Tampoco puede esconderse su futuro socio de Gobierno, que se llena la boca de lucha contra los corruptos. Cierto es que en la sentencia no figura Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros, pero Rajoy tampoco figuraba en la de Gürtel y se tuvo que comer el sapo. No hay, eso sí, una relación tan directa entre Guerrero y Sánchez como la hubo entre Bárcenas y Rajoy, lo que le libra de dar explicaciones de tipo personal.

La consigna en Ferraz y Moncloa es hacer como si no hubiese sucedido nada. No ya como si esto fuera algo del pasado, sino como si nunca hubiera existido. Ahora todo es cuestión de esperar a que amaine el temporal, que lo hará antes de lo que pensamos porque estas cosas se olvidan muy rápidamente. Sánchez cuenta, además, con la ventaja de tener a una buena parte de los medios de comunicación de su parte, por lo que todo pasa por ponerse de perfil. No será fácil porque esta sentencia deja al descubierto un flanco por el que podrán atacarle durante toda la legislatura. El pasado le viene a ver y no trae precisamente buenas noticias.

Los efectos en Andalucía podrían ser incluso más devastadores. Hace un año perdieron el Gobierno de la comunidad, que era la joya de la corona del partido y, con ella su principal depósito de voto cautivo. En las elecciones del día 10 de los 61 diputados que Andalucía envía al Congreso la mitad eran del PP, Ciudadanos y VOX, lo que indica que el Gobierno de Juan Manuel Moreno no se ha desgastado durante su primer año. Tan sólo tienen que seguir haciendo lo que ya hacían, emplear el caso ERE como ariete, pero ahora con una sentencia en la mano de la que cuelgan varias cabezas. En Madrid un tipo como Griñán nos puede parecer lejano, casi folclórico, no así en Andalucía, de la que fue el amo durante años.

Al PSOE andaluz le pillará todo esto en plena crisis interna porque es muy probable que quien termine pagando el pato sea Susana Díaz, secretaria general del partido en Andalucía descabalgada hace un año de la presidencia de la Junta. La ofensiva para acabar con ella ya ha empezado. Sánchez no olvida las ofensas y fue ella quien se atrevió a disputarle el liderazgo hace tres años. Será la última víctima de los ERE, la única que lo pague de manera extrajudicial. Tras ello caerá sobre este asunto un espeso manto de silencio.

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