El consejo de ministros del martes aprobó dos nuevos impuestos que llevaban en el cajón desde hace más de un año. Son concretamente dos tasas dirigidas a gravar las transacciones financieras y la publicidad online. Ambas tienen nombre, una se la conoce como Tasa Google y a la otra como Tasa Tobin. El Gobierno quiso implantarlas el año pasado, pero se interpusieron dos convocatorias electorales y el asunto quedó aplazado hasta la constitución del nuevo Gobierno.
En principio se las prometían muy felices con las expectativas de recaudación, aseguraban que ambos impuestos iban a proporcionar a Hacienda unos 1.200 millones de euros. Ante semejante fantasía el Gobierno ha rehecho las previsiones y lo ha dejado en 968 millones, pero lo más probable es que sean muchos menos porque son dos tasas que, por un lado, pueden ser evadidas con relativa facilidad y, por otro, enfriarán la actividad en el sector financiero y en el digital. Y sin actividad no hay impuesto que valga.
Por de pronto la liquidación de la tasa Google se ha quedado en suspenso hasta el mes de diciembre porque el Gobierno quiere esperar a que la Unión Europea adopte una posición común… si es que la adopta.
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