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El error Juan Carlos

El exilio es la maldición centenaria de la rama española de la casa Borbón. Desde Carlos IV, proclamado Rey en 1788, todos los reyes de España han tenido que exiliarse en algún momento. El propio Carlos IV murió en Nápoles once años después de ser desposeído de la corona por Napoleón, que se la entregó a su hermano José, un extraño que no tardó en tener que exiliarse a toda prisa junto a las tropas francesas que abandonaban el país. Fernando VII, hijo de Carlos IV, nació y murió en Madrid, pero entre medias hubo de exiliarse en Francia durante seis años. Su sucesora, Isabel II, murió en París 36 años después de partir hacia el exilio. Su hijo, Alfonso XII, salió de España junto a su madre aún siendo un niño y se educó en Viena e Inglaterra. Ahí recibió los derechos dinásticos y engrosó de este modo la lista de Borbones españoles exiliados. La dinastía fue restaurada unos años más tarde, pero Alfonso XII tuvo poco tiempo para disfrutarlo, murió con sólo 27 años dejando a la reina María Cristina de Habsburgo de regente porque el heredero, Alfonso XIII, aún no había nacido. Alfonso XIII disfrutó de un reinado largo, pero en 1931, tras unas elecciones municipales, decidió marcharse para establecerse en Roma, donde moriría una década más tarde.

Ese mismo, el fantasma de Alfonso XIII, abuelo paterno de Juan Carlos I, es el que aleteaba sobre el comunicado que la Casa del Rey hizo público a principios de mes. No es, eso sí, un exilio como el de sus antepasados. Nada le obligaba a marcharse. Ni ha sido proclamada la república como en 1931 ni se ha producido un cambio de dinastía como en 1808 o 1870. Su situación era delicada tras el escándalo de Corinna Larsen y los dineros en Suiza de procedencia aún no aclarada, pero al Rey, como a cualquier otra persona, le asiste la presunción de inocencia, más si cabe cuando aún no ha sido siquiera imputado.

La Casa del Rey asegura que no se trata de una huida, que simplemente abandona el palacio de la Zarzuela y que, ya convertido en un particular, instala su residencia fuera del país. Queda, por descontado, a disposición de la Fiscalía por si le requiere para algo. En principio nada especial de no estar hablando de alguien que ha sido jefe de Estado durante casi cuarenta años y sobre el que planean sospechas fundadas de haberse enriquecido de manera ilícita. Alguien así puede pero no debe irse del país por las buenas, al menos hasta que no se hayan dilucidado las responsabilidades -si es que las hubo- en el caso Corinna.

No sabemos si eso va a suceder porque hoy por hoy Juan Carlos I no está señalado por tribunal alguno y la Fiscalía no ha hecho movimientos para el elevar el caso al Tribunal Supremo, el único, dada su condición, facultado para enjuiciarle. La espantada es, como vemos, extemporánea y supone una autoinculpación por la vía de los hechos. A Juan Carlos I se le acusa desde la prensa de dos cosas. La primera de haber tenido y mantenido como amante a Corinna Larsen. La segunda de haber recibido un dinero dudosa procedencia que ingresó en un banco suizo mediante un testaferro y se sirvió después de él para sus gastos. Lo primero no es punible. La infidelidad conyugal en España, afortunadamente, no es ilegal. De lo contrario estarían las prisiones llenas de infelices que han tenido una aventurilla o varias, que, como el propio Juan Carlos, los hay que reinciden. Lo segundo si que lo es y, de sustanciarse las acusaciones vertidas por Corinna Larsen, Juan Carlos tendría que responder por ellas o, al menos por parte de ellas.

Hasta el 19 de junio de 2014, fecha de su abdicación, el Rey emérito era inviolable y, por lo tanto, legalmente no se le pueden pedir cuentas. Habría que modificar la Constitución para hacerlo y eso ya sabemos que no es tarea fácil. De los delitos que pudiese haber cometido después, básicamente cohecho y fraude a la Hacienda pública por no declarar su patrimonio en Suiza, es posible que uno de ellos, el de fraude fiscal, haya prescrito ya. Pero si no lo ha hecho siempre puede ponerse al día con Hacienda regularizando su situación mediante la declaración tributaria especial que se aprobó en 2012.

Con o sin imputación el hecho es que el emérito debió quedarse en España hasta que este asunto quedase completamente cerrado. No en Zarzuela obviamente porque ya ni recibe asignación pública ni tiene que desempeñar labores institucionales, pero sí dentro del país. Eso hubiera sido lo sensato, pero parece que Juan Carlos I no está llevando muy bien la humillación sostenida a la que le está sometiendo la prensa y la opinión pública, así que ha decidido poner un océano de por medio como si eso fuese a disminuir la presión y el cuestionamiento que está sufriendo la Corona. Evidentemente no es así. La campaña contra la monarquía acaudillada desde la vicepresidencia del Gobierno no sólo no se ha detenido, sino que se ha intensificado porque han encontrado en este tema un buen barreño en el que lavar su propia ropa.

Juan Carlos I se ha convertido, como su abuelo Alfonso XIII hace 90 años, en el principal cooperador del descrédito de una institución cuyos aciertos han sido muchos más que sus fallos a lo largo de los últimos cincuenta años, un periodo de la historia de España especialmente próspero y pacífico. No todo es atribuible a la monarquía o al Rey emérito, pero si una parte. A veces se nos olvida que Juan Carlos recibió en 1975 los poderes propios de un monarca absoluto. Ningún Rey desde Fernando VII había tenido tanto poder en sus manos. Pero decidió deshacerse de él libre y voluntariamente. A diferencia de Isabel II, Amadeo I o Alfonso XII a él no le dieron las reformas hechas, tuvo que ponerlas en marcha asumiendo enteramente su coste.

El resultado de todo aquello es lo que conocemos como Transición, un proceso breve pero intenso, plagado de errores, altibajos y, sobre todo, una buena dosis de amnesia colectiva, pero sobre el que se cimentó un régimen democrático que ha sido duradero y estable. Demos a Dios lo que es de Dios y al Rey lo que es del Rey. La figura de Juan Carlos I, un hombre de 82 años que permaneció en el trono durante 39, ha de juzgarse en su integridad y con perspectiva. Caso aparte es la institución en sí misma que está muy por encima de quien la encarna. Como cualquier otra institución hay que valorarla por el desempeño a largo plazo, no por el empeño de algunos de sus inquilinos por ensuciarla.

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