El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, expulsó ayer del país al comisionado anticorrupción de la ONU, el colombiano Iván Velásquez después de que éste pidiese retirarle la inmunidad para encausarle por corrupción. Poco después la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el mandato presidencial ocasionando un problema político de primer orden, porque Morales no se apea de su decisión y sigue empeñado en sacar a Velásquez del país pasando incluso por encima de la ley. Un golpe a cámara lenta que aún no se sabe cómo va a terminar.
El poder, la capacidad de decisión en última instancia reside en la policía y el ejército, por eso el gobierno que les da órdenes tiene poder y por eso, quienes controlan el gobierno mediante pagos, también.
El legislativo y el judicial precisan del ejecutivo, y sus armas, para imponer las normas, y la opinión pública apoya en silencio o con algarabía a su gobierno, su policía, su ejército, su parlamento o sus jueces, según las informaciones que recibe. Ahora andan todos en Guatemala tratando de cargarse de autoridad para poder ejercer la potestad.
Los compradores de gobiernos tienen la autoridad del dinero negro, el presidente comprado y sin convicciones tiene la autoridad de un mandado, la justicia en su versión local tiene la autoridad de la corrupción y en su versión impoluta foránea tiene la autoridad de los extranjeros, el parlamento tiene la autoridad de los tratos políticos y los medios de comunicación, la autoridad de sus propietarios. Solo hay una certeza en el futuro guatemalteco y es que cuando todo se concrete la nueva forma política de gobierno, todos seguirán pagando impuestos.
Un cordial saludo.
La CICIG no es órgano «anticorrupción» ni Velásquez es «comisionado del órgano anticorrupción». La función de la CICIG no es la lucha contra la corrupción. Antes de repetir las memeces y manipular a tus lectores, revisa el estatuto de la CICIG y sus funciones