La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. El texto, que nace acompañado de polémica, declara nulos los juicios del franquismo, prevé convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil (lo que implicará el desalojo de la abadía benedictina establecida allí desde los años 50), permitirá ilegalizar las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo y encargará al Estado la recuperación de restos humanos en las fosas comunes.
La Ley incorpora un régimen sancionador con multas que van de los 200 a los 150.000 euros y crea una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo que se denominará Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos para encargarse de investigar los hechos acaecidos durante la guerra civil y la dictadura que la siguió. Ante esta fiscalía los ciudadanos podrán interponer denuncias. La Ley no viene a complementar la de Memoria Histórica de 2007 que promovió José Luis Rodríguez Zapatero, sino a sustituirla. El texto final tiene que pasar aún por los órganos consultivos y aterrizar finalmente en el Congreso, donde se tramitará y se someterá a votación.
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